El procedimiento abreviado: el juicio oral, la sentencia y su impugnación

El art. 790.1 da diez días desde la notificación para apelar la sentencia del abreviado. Cinco días es el plazo de la apelación de la sentencia en el juicio sobre delitos leves (art. 976) y el general de la apelación en la LECrim (art. 212); veinte, el de la apelación civil (LEC, art. 458). Tres días es el de la reforma (art. 211).

El art. 785.11 exige que la conformidad de la persona jurídica la preste su representante especialmente designado y con poder especial: no basta el cargo de administrador ni el poder general del procurador, y la defensa técnica no puede conformarse por ella. Esa conformidad puede prestarse con independencia de lo que hagan los demás acusados y no les vincula en el juicio que se les siga.

El art. 788.6 distingue dos casos. Si todas las acusaciones califican los hechos con pena que excede de la competencia del juez de lo penal, este se declara incompetente, da por terminado el juicio y las actuaciones van a la Audiencia competente. Si no son todas, el juez decide si sigue, pero nunca puede imponer pena superior a su competencia: esa es la opción que tienta, y es la del otro caso. Hoy, el juez de lo penal es el de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 788.1 impide suspender el juicio porque falte acreditar la sanidad o tasar los daños, salvo que sea imprescindible para calificar los hechos. La cuantía de la responsabilidad civil se difiere a la ejecución, y la sentencia fija sus bases. No se manda a la víctima a la vía civil ni se parte el juicio: la acción civil sigue en el proceso penal, solo que su cifra se concreta después.

El art. 789.1 manda dictar la sentencia del abreviado dentro de los cinco días siguientes a terminar el juicio oral; el juez de lo penal puede incluso dictarla oralmente en el acto (art. 789.2). Tres días es el plazo de la sentencia en los juicios rápidos (art. 802.3), más corto, y quince, el del señalamiento de la vista en la apelación (art. 791.2).

El art. 788.1 quiere la prueba concentrada, en sesiones consecutivas, y por eso la suspensión o el aplazamiento son excepcionales: solo en los supuestos del art. 746 y hasta treinta días, conservando su validez lo hecho salvo que se sustituya al juez. Diez días es otro plazo del mismo artículo: el aplazamiento que puede pedir la defensa cuando la acusación cambia la calificación en sus conclusiones definitivas.

El art. 793.2 permite al condenado en ausencia recurrir la sentencia en anulación, en el mismo plazo y con los mismos requisitos que la apelación, y cuenta ese plazo desde que se acredita que tuvo conocimiento de ella. Contarlo desde la firmeza o desde la notificación a su abogado vaciaría el recurso, que existe precisamente porque el condenado no estuvo en el juicio.

El art. 786.3 obliga al letrado de la Administración de Justicia a informar a la víctima que lo pida, aunque no sea parte ni deba intervenir, por escrito y sin retrasos innecesarios, de la fecha, hora y lugar del juicio y del contenido de la acusación dirigida contra el infractor. La ley no incluye la lista de testigos y peritos, el escrito de defensa ni la composición del tribunal.

El art. 785.9 adelanta la firmeza al mismo acto: si nadie va a recurrir, el juez la declara oralmente y resuelve, oídas las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena, y también sobre los aplazamientos de las responsabilidades pecuniarias. Esperar a que venza el plazo de recurso es lo que ocurre cuando las partes no renuncian; aquí la renuncia expresa lo hace innecesario.

El art. 787.1 permite juzgar en ausencia al acusado que no comparece sin justificación si hay elementos suficientes y la pena privativa de libertad más grave pedida no excede de dos años. Cinco años es otro requisito del mismo artículo: el de la suma total de las penas privativas de libertad solicitadas. Seis años es el límite cuando la pena es de distinta naturaleza.

El art. 785.3 manda resolver en el acto y de forma oral; solo si las cuestiones son complejas se resuelve por escrito, y entonces con auto dictado en diez días. El auto escrito es la excepción, no la regla. Dejarlo todo para la sentencia contradice la finalidad de la audiencia, que es depurar el proceso antes del juicio.

El art. 789.3 prohíbe imponer pena más grave que la solicitada por las acusaciones, en plural: si la acusación particular pide más que el fiscal, la sentencia puede llegar a lo que pide aquella. Nada impide imponer menos de lo que piden, ni la ley ata la sentencia a una mitad de la pena: el límite es el de la petición más grave, por el principio acusatorio.

El art. 789.5 manda remitir al órgano que instruyó por violencia sobre la mujer la sentencia, y además la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia solo cuando revoque, en todo o en parte, la de instancia. La que confirma no se remite porque no cambia lo que ya conoce. La letra dice «Juzgado de Violencia sobre la Mujer»: hoy es la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (LO 1/2025), y quien remite es el letrado de la Administración de Justicia.

Según el art. 785.3, contra lo que se resuelve en la audiencia preliminar no cabe recurso, pero la parte puede protestar y volver sobre la cuestión al recurrir la sentencia; en la apelación, el art. 790.3 deja pedir la prueba indebidamente denegada si se protestó en su momento. La reforma en tres días es la regla general contra los autos del juez (art. 211), que aquí desplaza la norma especial; la apelación solo cabe si la resolución pone fin al procedimiento.

El art. 785.5 exige que el juez oiga siempre al acusado sobre si su conformidad es libre y si conoce sus consecuencias: es la garantía de que no se conforma por presión ni por error. La renuncia a recurrir no se le pide al conformarse: si después de conocer el fallo las partes deciden no recurrir, el juez declara la firmeza en el acto (art. 785.9). El pago previo de la responsabilidad civil y la presencia de la víctima no son requisitos de la conformidad.

Según el art. 785.6, si la calificación es incorrecta o la pena no procede, el tribunal no corrige por su cuenta: requiere a la parte del escrito de acusación más grave para que se ratifique o no. Solo si lo modifica de forma correcta y el acusado vuelve a conformarse hay sentencia de conformidad; si no, se celebra el juicio. Ordenar el juicio directamente salta ese requerimiento, que es lo primero que manda la ley.

El art. 787.2 abre el juicio oral del abreviado con la lectura de los escritos de acusación y de defensa: así queda fijado desde el principio qué se acusa y qué se opone. Después, al inicio de las sesiones, las partes pueden pedir que se incorporen documentos o proponer la prueba que desconocían en la audiencia preliminar (art. 787.3). La declaración del acusado y la práctica de la prueba vienen luego.

El art. 785.2 exige la asistencia del acusado y de su abogado, pero añade que la inasistencia injustificada de la persona acusada debidamente citada no suspende la audiencia preliminar: se celebra para lo que pueda resolverse en su ausencia, y así se le advierte en la citación. Suspender y volver a citar es lo que tienta, porque parte de la regla de la asistencia, pero la ley la exceptúa precisamente para el acusado que no acude sin causa.

El art. 792.2 prohíbe que la sentencia de apelación condene al que fue absuelto en primera instancia, o agrave su condena, por error en la apreciación de las pruebas. Lo que sí puede hacer es anular la sentencia y devolver las actuaciones al órgano que la dictó, precisando si la nulidad alcanza al juicio y si hace falta otro juez. Condenar en apelación es lo que tienta, y es justo lo que el artículo cierra.

El art. 788.5 permite al juez, a petición de la defensa, aplazar la sesión hasta diez días cuando la acusación cambia la tipificación o aprecia un mayor grado de participación o de ejecución o agravantes, para que la defensa prepare sus alegaciones y aporte pruebas de descargo. Treinta días es otro límite del mismo artículo: el de la suspensión por los supuestos del art. 746.