El recurso de apelación contra sentencias y determinados autos

Si el apelante principal no se persona o renuncia al recurso, los autos se devuelven a la Audiencia Provincial, que declara firme la sentencia y procede a su ejecución (art. 846 bis d). Con el principal cae también la apelación supeditada, que dependía de él (art. 846 bis b). Nadie se subroga en el recurso, no hay un nuevo emplazamiento y el tribunal de apelación ya no tiene nada que resolver. El «Secretario judicial» que hace la devolución según la letra es el letrado de la Administración de Justicia.

El art. 846 ter abre la apelación a las sentencias de la Audiencia en primera instancia y a dos autos: los que finalizan el proceso por falta de jurisdicción o por sobreseimiento libre. El sobreseimiento provisional, por su naturaleza de provisional, no pone fin al proceso, y por eso no está en la lista. Los autos sobre la prueba y el señalamiento del juicio son de trámite y no terminan nada.

El art. 846 ter remite a los arts. 790, 791 y 792, que regulan la apelación contra las sentencias del procedimiento abreviado, y adapta sus referencias: donde dicen «Juzgados de lo Penal» se lee el órgano que dictó la resolución, y donde dicen «Audiencias», el que conoce del recurso. Las reglas propias de la apelación del Jurado (arts. 846 bis b a 846 bis f) solo valen para las sentencias del Magistrado-Presidente, las de la apelación de autos del instructor son otras (arts. 216 y siguientes) y la casación es un recurso distinto, posterior.

Cuando la apelación prospera por un vicio del procedimiento (letra a) o por haberse disuelto el Jurado sin proceder (letra d), el tribunal de apelación no juzga el fondo: devuelve la causa a la Audiencia para que se celebre un nuevo juicio (art. 846 bis f). Dictar la resolución que corresponda es lo que hace «en los demás supuestos», como la infracción de ley en la calificación o en la pena; ese es el distractor que confunde las dos ramas. La ley no prevé absolver por la infracción procesal ni retrotraer a la audiencia preliminar.

El Ministerio Fiscal, el condenado y las demás partes pueden apelar dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia (art. 846 bis b). Cinco días es el plazo general de la apelación en la LECrim (art. 212) y el que tienen las demás partes, ya dentro de este recurso, para impugnarlo o adherirse con una apelación supeditada (art. 846 bis d); tres días es el de la reforma y la súplica (art. 211). La sentencia del Jurado tiene un plazo propio, más largo.

Quien queda exento de responsabilidad criminal no sufre pena, pero la sentencia puede perjudicarle igual: por eso la ley le deja apelar si se le impone una medida de seguridad o se declara su responsabilidad civil conforme al Código Penal (art. 846 bis b). No depende de lo que haga la acusación (impugnar su recurso es otro trámite, el del art. 846 bis d), ni de la mayoría con la que votó el Jurado, ni de ninguna autorización del Magistrado-Presidente.