Las cuestiones de competencia

El tribunal puede condenar en costas a las partes que hayan sostenido o impugnado la inhibitoria con notoria temeridad, y repartirlas en la proporción que fije; si no hace especial condenación, «se entenderán de oficio las causadas en la competencia» (art. 44). No rige el vencimiento —que pague quien pierde— ni pagan quien la promovió o las demás partes por mitad: sin condena expresa, no se cargan a nadie.

El conflicto no para la investigación: mientras el superior no decide, «cada uno» de los jueces instructores sigue practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y las que considere de reconocida urgencia (art. 22, párrafo segundo). No hay suspensión ni preferencia del que conoció primero, y lo que se remite al superior es testimonio, no las actuaciones.

El segundo día se cuenta «desde aquél en que reciba la orden del superior para que deje de conocer» (art. 22, párrafo tercero). No hay que esperar a la firmeza —el superior decide de plano y sin ulterior recurso—, ni a que el otro juez reclame nada, ni a las notificaciones a las partes. La remisión, de las diligencias y de los objetos recogidos, la hace el letrado de la Administración de Justicia.

El fiscal y las partes promueven la competencia por inhibitoria o por declinatoria, y las distingue el tribunal ante el que se proponen: la inhibitoria, ante el que se repute competente; la declinatoria, ante el que se repute incompetente (art. 26). El requerimiento de inhibición es lo que libra el tribunal competente cuando acoge la inhibitoria, no un medio de la parte; y la recusación aparta a un juez por su falta de imparcialidad, no por su falta de competencia.

El Tribunal Supremo no forma ni promueve competencias, y nadie puede promoverlas contra él (art. 21). Cuando otro órgano conoce de lo que le está reservado, le ordena, de oficio, a excitación del fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y le remita los antecedentes en el término de segundo día, y resuelve a la vista de ellos. No hay requerimiento de inhibición, ni cuestión que le eleve un superior, ni la decide otra Sala: el Supremo manda y resuelve, y contra su decisión no hay recurso.

Contra el auto en que el tribunal requerido de inhibición se inhibe «no se dará otro recurso que el de casación» (art. 37). La súplica tienta porque es el recurso ordinario contra los autos de un tribunal, pero aquí la ley la excluye al decir que no cabe otro. La apelación es la vía contra los autos de inhibición de los jueces de instrucción, no de los tribunales, y la queja se reserva para los autos del juez que no son apelables.

El acusador particular tiene que plantear la competencia pronto: «antes de formular su primera petición después de personado en la causa» (art. 19, regla 5.ª). Ni el auto de procesamiento ni la conclusión del sumario le marcan el límite, y el tramo de la citación a la comparecencia es el de la regla 1.ª, que no es la suya. Solo el Ministerio Fiscal puede promoverla en cualquier estado de la causa (regla 4.ª).