La aceptación por decreto y el decomiso

La asistencia de letrado es preceptiva para aceptar la propuesta (art. 803 bis h), así que sin él la comparecencia no puede celebrarse, ni siquiera con una renuncia expresa. Pero comparecer sin letrado no es lo mismo que no comparecer: la propuesta queda sin efecto si el encausado no comparece o la rechaza, mientras que si acude sin abogado el juez suspende, como manda el art. 746, y señala una nueva fecha.

El art. 803 bis c enumera el contenido del decreto: identificación del investigado, descripción del hecho, indicación del delito con una mención sucinta de la prueba existente, los motivos para sustituir la prisión, las penas propuestas y las peticiones de restitución e indemnización. No propone prueba ni pide testigos, porque no hay juicio: la comparecencia sirve para aceptar o rechazar. La proposición de prueba y la solicitud de medidas cautelares son, en cambio, partes de la demanda de decomiso autónomo (art. 803 ter l).

El art. 803 bis a distingue la pena con que el delito está castigado, que puede incluir una prisión de hasta un año suspendible, de la pena que el fiscal entiende aplicable en concreto, que ha de ser multa o trabajos en beneficio de la comunidad (y, en su caso, la privación del derecho a conducir). Por eso el decreto nunca propone prisión, aunque sea corta o vaya a suspenderse, y la aceptación del investigado no suple este requisito.

El decreto se acepta entero o no vale: el art. 803 bis h deja sin efecto la propuesta si el encausado la rechaza total o parcialmente, tanto en las penas como en la restitución o la indemnización. No hay conversión parcial en sentencia de la parte aceptada, ni el juez puede fijar la cantidad por su cuenta.

El art. 803 bis j trata igual los tres modos en que el decreto deviene ineficaz —que el juzgado de instrucción (hoy, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia; DA 1.ª de la LO 1/2025) no lo autorice, que el encausado no comparezca o que no lo acepte—: el fiscal no queda vinculado por su contenido y la causa sigue por el cauce que corresponda. Así, la pena que propuso no le ata para lo que pida después, y el fracaso del decreto no obliga a archivar ni a sobreseer.

El art. 803 ter a nombra el recurso: contra la resolución que declara improcedente la intervención del tercero cabe recurso de apelación. Así el tercero, que puede perder un bien que dice suyo, consigue que otro tribunal revise que se le deje fuera. La súplica es el recurso contra los autos de los tribunales colegiados, la queja se da contra los autos no apelables y la casación se reserva para sentencias y autos tasados.

El art. 803 ter h reserva la acción de decomiso autónomo exclusivamente al Ministerio Fiscal: ni las acusaciones personadas en la causa penal ni el perjudicado pueden ejercitarla. La Policía Judicial puede ayudar al fiscal a localizar los bienes una vez acordado el decomiso (art. 803 ter q), pero no ejercita la acción.

Admitida la demanda de decomiso autónomo, el órgano decide sobre las medidas cautelares y notifica la demanda a los demandados con veinte días para personarse y contestar (art. 803 ter l). Es un plazo más largo que el del tercero declarado rebelde que contesta una vez rescindida la sentencia (art. 803 ter d), que no hay que confundir con este.

El art. 803 bis g asegura al encausado sin letrado un abogado de oficio, pero pone un término para pedirlo: cinco días hábiles antes de la fecha señalada. Es el margen para designarlo y que asesore antes de comparecer, y por eso la notificación del decreto ya le advierte de que debe buscar abogado de confianza o pedirlo de oficio antes de ese término (art. 803 bis f).

El fiscal puede limitarse en su acusación a pedir el decomiso y dejar su determinación para el procedimiento autónomo (art. 803 ter e). Pero en ese caso el procedimiento solo puede iniciarse cuando el proceso que resuelve la responsabilidad penal del encausado haya concluido con sentencia firme. No basta la sentencia recurrida, ni la apertura del juicio oral, ni el propio escrito de acusación que hace la reserva.

La intervención del tercero existe para que pueda defender su bien. Si dice que no se opone al decomiso, el art. 803 ter a manda no acordarla o terminar la que ya se hubiera acordado. Lo de limitar su participación a lo que afecte a sus bienes y la asistencia letrada preceptiva son reglas de la intervención cuando sí se acuerda (art. 803 ter b), no razones para mantenerla contra lo que el tercero ha manifestado.