Los aforados, la injuria y la calumnia y los delitos por medio de la imprenta

El art. 814 no deja que la ausencia del querellado paralice nada: ni la celebración ni la resolución del juicio se suspenden, con una sola condición, que conste que se le citó en forma. Por eso no se le vuelve a citar, no se espera a oírle para resolver y no se ordena su busca.

El art. 813 excluye a los testigos de referencia en la injuria o calumnia de palabra: lo que se discute es qué se dijo, y vale quien lo oyó, no quien lo sabe por otro. Los parientes del querellado no quedan excluidos: el art. 416 los dispensa de declarar, que es otra cosa. Ni la edad ni la condición de funcionario impiden ser testigo.

El art. 755 manda remitir con el suplicatorio, y con carácter reservado, el testimonio de los cargos que resultan contra el diputado o senador, con los dictámenes del fiscal y las peticiones particulares que pidieron la autorización. Va un testimonio, no la causa original ni la declaración del aforado, y lo que lo acompaña son esos dictámenes y peticiones, no una exposición del juez. Aquí «suplicatorio» es la forma de pedir la autorización a la Cámara, no la de dirigirse a un tribunal superior en grado (art. 184).

El art. 820 cierra la puerta: dictada sentencia firme contra los subsidiariamente responsables, no puede abrirse nuevo procedimiento contra el responsable principal aunque llegue a ser conocido, y la ley no prevé revisar esa sentencia ni suspender su ejecución. Antes de la sentencia la regla es la contraria: si aparece quien deba responder antes que el procesado, se sobresee respecto a este y se procede contra aquel (art. 821).

El art. 816 manda, de inmediato, secuestrar los ejemplares del impreso o de la estampa dondequiera que se hallen (y el molde de la estampa) y averiguar quién es el autor real del escrito. La ley no prevé la clausura del establecimiento ni la detención del director: al director y a los redactores se les toma declaración para averiguar el autor (art. 817).

In fraganti, el art. 751 permite detener al senador o diputado sin la autorización previa de su Cámara, pero obliga a comunicárselo en las veinticuatro horas siguientes a la detención (o al procesamiento). La Constitución solo exceptúa así la detención: para inculparle o procesarle exige siempre la autorización previa de la Cámara (art. 71.2 CE). Setenta y dos horas es el máximo de la detención preventiva (art. 17.2 CE), no el plazo de esta comunicación.

El art. 823 bis extiende las normas del procedimiento por delitos de imprenta a los cometidos por medios sonoros o fotográficos difundidos por escrito, radio, televisión, cine u otros similares, y deja al juez acordar al iniciarlo el secuestro de la publicación o la prohibición de difundirla. Contra esa resolución cabe directamente el recurso de apelación, que ha de resolverse en cinco días: no hace falta interponer antes el de reforma, que el art. 217 admite contra todos los autos del juez de instrucción, y por eso es falso que la reforma sea el único recurso. La súplica es el recurso contra las resoluciones de un tribunal, no de un juez, y la queja se da contra los autos no apelables (art. 218).

Para la injuria o calumnia por escrito, el art. 807 cierra el sumario con dos comprobaciones: que la persona legalmente responsable reconozca el escrito y que se compruebe si existió o no la publicidad a que se refiere el Código Penal; con eso se procesa al querellado y se termina el sumario. El juicio verbal con querellante, querellado y testigos es el cauce de la injuria o calumnia de palabra (art. 808), y el secuestro de los ejemplares, el del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta (art. 816).