La extradición y los reos ausentes

El art. 843 reserva al ofendido la acción para la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, para que la ejercite por la vía civil contra los responsables, y para que esa acción no quede vacía manda que no se alcen los embargos hechos ni se cancelen las fianzas prestadas: se mantienen las dos garantías, y sin que el ofendido tenga que pedirlo. Alzar unos o cancelar otras dejaría sin con qué cobrar a quien la ley quiere proteger justo cuando el proceso penal se para.

El art. 825 pone un requisito necesario con dos salidas: o un auto motivado de prisión o una sentencia firme. No basta con estar procesado si no se ha decretado la prisión. La requisitoria y la rebeldía (arts. 834 a 839) son la vía para buscar al ausente dentro del proceso, pero ninguna de las dos es el presupuesto que la ley exige para pedir la extradición.

El art. 840 no detiene el sumario: la investigación sigue hasta que el juez o tribunal lo declare terminado, y solo entonces se suspende el curso de la causa y se archivan los autos con las piezas de convicción que puedan conservarse. Suspender y archivar en el acto es lo que manda el art. 841, pero para cuando está pendiente el juicio oral. No se sobresee ni se llega a sentencia: cuando el rebelde se presente o sea habido, la causa se abre de nuevo para continuarla según su estado (art. 846).

El art. 837 añade a la requisitoria el término para presentarse, con el apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que haya lugar con arreglo a la ley. Es lo que ocurre después: pasado el plazo sin comparecer, se le declara rebelde (art. 839). La requisitoria no le advierte de que será perseguido por desobediencia: lo que anuncia es una consecuencia procesal, la rebeldía. La pérdida de la fianza tiene su propio régimen en la libertad provisional, y la requisitoria no anuncia ningún juicio en ausencia.

El art. 826 enumera tres casos y dice que solo en ellos puede pedirse. El primero es el del español que delinquió en España y se refugió en el extranjero, como el que robó en Sevilla y huyó a Marruecos. El español que atentó fuera contra la seguridad exterior del Estado solo entra si se refugió en un país distinto de aquel en que delinquió, y no si sigue en Francia. El extranjero, si se refugió en un país que no sea el suyo, no si volvió al propio. Y el español que delinquió en el extranjero contra un particular no está en ninguno de los tres casos.