Las medidas de investigación tecnológica

El art. 588 ter i manda entregar a las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones, pero si hay datos de la vida íntima de las personas, solo de las partes que no se refieran a ellos, y la exclusión se hace constar de modo expreso. Después, cualquier parte puede pedir que se incluyan las comunicaciones excluidas que considere relevantes, y decide el juez instructor tras oírlas o examinarlas. Entregarlo todo, retrasarlo al juicio o dar solo la transcripción no es lo que dice la ley.

El art. 588 bis a define el principio de especialidad como la exigencia de que la medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto, y de ahí saca su consecuencia: no caben medidas que busquen prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva. Una escucha «por si acaso» es justo eso. La idoneidad sirve para delimitar el ámbito y la duración de la medida por su utilidad, y la excepcionalidad y la proporcionalidad miden si hay otras vías menos gravosas y si el sacrificio compensa: todas presuponen un delito concreto que investigar.

El art. 588 quinquies b permite a la Policía Judicial, cuando teme razonablemente que la investigación se frustre si no coloca el dispositivo de inmediato, ponerlo por su cuenta y dar cuenta al juez a la mayor brevedad y como máximo en veinticuatro horas. El juez puede ratificar la medida o acordar su cese inmediato en el mismo plazo, y en este último caso la información obtenida carece de efectos en el proceso: ni como prueba, ni como indicio, ni a la espera de la sentencia.

El art. 588 ter c permite intervenir las comunicaciones de terminales de una tercera persona en dos supuestos alternativos —los separa un «o»—: que conste que el investigado se sirve de ellos para transmitir o recibir información, o que el titular colabore con él en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad. Aquí basta el primero, así que la ignorancia del cuñado no lo impide. Tampoco hace falta su consentimiento ni convertirlo en investigado.

El art. 588 quinquies a atribuye esta medida a la Policía Judicial y la condiciona a que sea necesaria para facilitar la identificación del investigado, para localizar los instrumentos o efectos del delito o para obtener datos relevantes para esclarecer los hechos. No exige advertir al investigado, que es lo contrario de una vigilancia, ni menciona un decreto del fiscal, y tampoco fija ningún umbral de pena ni una clase de delito.

El art. 588 septies a cierra la lista de delitos que permiten el registro remoto: los cometidos en el seno de organizaciones criminales, los de terrorismo, los cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente (hoy, personas con discapacidad con medidas de apoyo), los delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional, y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de otra tecnología de la información o la telecomunicación. La estafa sin medios informáticos, el delito fiscal y las lesiones en riña no están en la lista, por graves que sean.

El art. 588 ter g fija una duración inicial de tres meses, contados desde la fecha de la autorización judicial, prorrogable por periodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de dieciocho meses. Doce meses es el plazo de la instrucción del art. 324, no el de esta medida; nueve o veinticuatro meses no salen en este artículo.

El art. 588 ter a admite la interceptación por dos vías: los delitos a que se refiere el art. 579.1 —los dolosos que alcanzan el límite de pena que allí se fija, los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y los de terrorismo— y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación. Los delitos contra menores abren el registro remoto (art. 588 septies a), pero para la interceptación no son una vía propia: solo entran si encajan en una de esas dos. Un delito imprudente o uno leve tampoco, por grave que sea su resultado o reiterada la conducta.

El art. 588 quater b solo permite esta medida para tres clases de delitos: los dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión, los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y los de terrorismo. Para estos dos últimos no cuenta la pena; para los demás, el umbral es de tres años en el límite máximo, no en el mínimo. Dos años se queda corto, y cinco o nueve años no son umbrales de este artículo: nueve años es el techo de pena del procedimiento abreviado (art. 757).

El art. 588 quater b no permite una escucha ambiental indefinida: la grabación ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas, cuya previsibilidad resulte de indicios de la investigación. Por eso la resolución tiene que mencionar esos encuentros y el lugar (art. 588 quater c). No vale grabar todo lo que diga en casa, la ley no excluye los lugares cerrados (art. 588 quater a) y los interlocutores no tienen por qué estar investigados.

El art. 588 sexies a pide que, si es previsible encontrar ordenadores o dispositivos en un registro, la resolución que lo acuerda justifique también el acceso a su contenido. Y añade que la simple incautación durante el registro no legitima ese acceso, sin perjuicio de que el juez competente lo autorice después. Por eso no basta incautar, ni la presencia del letrado lo suple; pero tampoco se pierde la posibilidad de acceder: el juez puede autorizarlo ulteriormente.

El art. 588 octies permite al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, sin esperar al juez, ordenar a cualquier persona física o jurídica que conserve y proteja datos concretos de un sistema informático hasta que se autorice su cesión. Los datos se conservan como máximo noventa días, prorrogables una sola vez hasta que se autorice la cesión o se cumplan ciento ochenta días: esos ciento ochenta son el tope con la prórroga, no el periodo inicial.

El art. 588 bis k ordena borrar los registros originales cuando el procedimiento termina por resolución firme y conservar una copia bajo custodia. Esas copias se destruyen cuando han pasado cinco años desde que se ejecutó la pena, o antes si el delito o la pena prescriben, si se decreta el sobreseimiento libre o si hay sentencia absolutoria firme para el investigado, salvo que el tribunal considere precisa su conservación. Tres, diez o quince años no son plazos de este artículo.

El art. 588 bis c obliga al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) a autorizar o denegar la medida por auto motivado, oído el Ministerio Fiscal, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se presenta la solicitud. Si necesita que se amplíe o aclare la petición, puede pedirlo, y ese requerimiento interrumpe el plazo. Seis, ocho o doce horas acortarían un plazo que la ley fija en un día.

La proporcionalidad es una ponderación: la medida solo se reputa proporcionada si el sacrificio de los derechos e intereses afectados no es superior al beneficio que su adopción reporta al interés público y a terceros, valorando la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios y la relevancia del resultado perseguido. Que no haya otra medida menos gravosa e igual de útil es otra cosa: es lo que piden los principios de excepcionalidad y necesidad. Ni la audiencia previa del investigado —la medida se tramita en secreto— ni un umbral fijo de pena forman parte de esta definición.

Según el art. 588 bis f, concedida la prórroga, su cómputo empieza en la fecha de expiración del plazo de la medida acordada, no en la del auto que la concede. Así la prórroga no se solapa con lo que quedaba del plazo inicial ni se pierden días: la medida sigue sin interrupción desde el 30 de junio. Ni la fecha del auto, ni la de su notificación, ni la de la solicitud mueven ese punto de partida.

El art. 588 sexies c permite a las autoridades y agentes ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema o las medidas que protegen los datos que facilite la información necesaria, si no le supone una carga desproporcionada y bajo apercibimiento de desobediencia. Pero la orden no alcanza al investigado o encausado —nadie está obligado a colaborar en su propia incriminación—, ni a los parientes dispensados de declarar ni a quienes no pueden declarar por secreto profesional (art. 416.2). El administrador, el técnico o el empleado sí están obligados.

El art. 588 septies c da al registro remoto una duración máxima de un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses. Es mucho más corta que la de la interceptación de las comunicaciones o la de los dispositivos de seguimiento y localización, que pueden llegar a dieciocho meses (arts. 588 ter g y 588 quinquies c).