Las medidas de alejamiento y la orden de protección

El art. 544 bis admite dos fines para la prohibición de residir: proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva. Aunque la víctima ya no necesite protección, el juez puede imponerla si es estrictamente necesario para que el inculpado no vuelva a delinquir, y siempre de forma motivada. Decir que solo protege a la víctima deja fuera el segundo fin. El artículo no exige que la pida nadie, y es una medida cautelar, que se acuerda mientras se investiga, no una pena que espere a la sentencia.

El art. 544 ter.7 obliga a la autoridad judicial a suspender, de oficio o a instancia de parte, el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado con los menores que dependan de él cuando hay indicios fundados de que han presenciado, sufrido o convivido con la violencia. La suspensión no espera a que nadie la pida. Lo que exige instancia de parte es lo contrario: no acordarla, por resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial. Y no se deja al juez civil ni se condiciona a un informe previo.

El art. 544 ter.5 dice que la orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección, que reúne las medidas cautelares civiles y penales y las de asistencia y protección social, y que puede hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública. No se limita al juzgado que la dictó ni a los órganos judiciales, y no depende de una administración concreta: vale frente a todas.

El art. 544 quinquies.3 es tajante: al concluir el procedimiento, el juez o tribunal ratifica o alza las medidas valorando exclusivamente el interés de la persona afectada, el menor o la persona con discapacidad a quien protegen. No depende de que la sentencia condene o absuelva, y el interés de los progenitores no entra en la balanza. La entidad pública recibe la comunicación de la resolución, pero no la decide; después, el fiscal y los afectados pueden pedir su modificación por el procedimiento del art. 770 de la LEC.

La urgencia manda sobre la competencia: el art. 544 ter dispone que, si hay dudas sobre la competencia territorial, el juez ante el que se pidió la orden inicia y resuelve el procedimiento, y después remite las actuaciones al que resulte competente. Remitirla sin resolver o suspender el trámite dejaría a la víctima sin protección mientras se aclara la duda, y no hay que acudir a ningún tribunal superior para que designe juez.

El art. 544 bis manda tener en cuenta la situación económica del inculpado, su salud, su situación familiar y su actividad laboral, y de todas destaca una: se atenderá especialmente a que pueda seguir trabajando, tanto mientras dure la medida como después. La situación familiar se pondera, pero no con ese énfasis. La vivienda y las ayudas públicas no aparecen en el artículo: la prohibición de residir puede, precisamente, apartarle de su casa.

El art. 544 ter pide dos cosas: indicios fundados del delito y que de ellos resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que haga necesaria alguna de las medidas de protección. No exige denuncia ni querella de la víctima, porque la orden puede acordarse de oficio o a instancia del fiscal. Tampoco pide antecedentes ni que el presunto agresor esté detenido: se le convoca a la audiencia, asistido en su caso de abogado.

El art. 544 ter.7 reserva la petición de las medidas civiles a la víctima o su representante legal, y al Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada (hoy, personas con discapacidad con medidas de apoyo). El juez no las acuerda de oficio en todo caso: solo debe pronunciarse de oficio sobre ellas cuando conviven con la víctima y dependen de ella menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Los servicios sociales facilitan a la víctima la solicitud de la orden (art. 544 ter.3), pero no piden ellos las medidas, y el presunto agresor no puede pedir la orden.

El art. 544 bis abre las prohibiciones de residir, de acudir y de aproximarse o comunicarse a los delitos mencionados en el art. 57 del Código Penal, el mismo catálogo por el que pueden imponerse como pena. La remisión al art. 173.2 del Código Penal es la de la orden de protección del art. 544 ter, que mira a la relación entre víctima y agresor, no al delito. Los dos años de prisión son el umbral general de la prisión provisional (art. 503), y el quebrantamiento de una medida anterior no es requisito: es lo que lleva a convocar la comparecencia del art. 505 para endurecerla.

El último párrafo del art. 544 bis permite, en los delitos contra la libertad sexual del art. 3 de la LO 10/2022, acordar por resolución motivada dispositivos telemáticos que controlen que el inculpado cumple la prohibición. Las presentaciones periódicas ante el juzgado son la obligación típica de la libertad provisional (art. 530), no el medio de control que prevé este artículo, y ni la escolta policial de la víctima ni los informes de los servicios sociales aparecen en él.

Las medidas civiles de la orden de protección duran treinta días. Si en ese plazo la víctima o su representante legal inician un proceso de familia, siguen en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, y en ese tiempo el juez civil competente ha de ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Por eso no caducan a los treinta días de la orden, y tampoco duran hasta la sentencia civil ni hasta el final de la causa penal.

Las setenta y dos horas corren desde que se presenta la solicitud, se presente donde se presente: ante el juez, el fiscal, la policía, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales, que han de remitirla de inmediato al juez. Contarlas desde que la solicitud llega al juzgado alargaría el plazo con el tiempo de la remisión. La orden no exige que el presunto agresor esté detenido, y la fecha de los hechos no marca nada: la orden puede pedirse después.

El art. 544 quáter, que limita las medidas cautelares de la persona jurídica a las que prevé expresamente el Código Penal, exige petición de parte y una vista a la que se cita a todas las partes personadas. No basta oír por escrito, ni se remite a la comparecencia del art. 505, que es la de la prisión y la libertad provisional de las personas físicas. Lo que decide la medida es un auto, y cabe contra él apelación, de tramitación preferente.