La recusación de jueces y magistrados y la abstención del fiscal

El art. 57 de la LECrim pide que el escrito exprese, en todo caso, «concreta y claramente la causa de la recusación»; la LOPJ, que rige en todos los órdenes, exige lo mismo y añade los motivos y un principio de prueba (art. 223.2). Cuándo se conoció la causa importa para admitir la recusación (art. 56), pero la ley no pide que conste en el escrito. Quién sustituye al recusado lo dice la ley, no el recusante, y la recusación no necesita la conformidad del fiscal.

La causa de recusación obliga al juez antes de que nadie la alegue: se inhibirá del conocimiento del asunto «sin esperar a que se les recuse» (art. 55 de la LECrim), la misma regla que la LOPJ fija para la abstención (art. 217). Seguir conociendo hasta que una parte le recuse deja en manos de las partes un deber que es suyo. Abrir un plazo a las partes para que decidan, o encargar la recusación al fiscal, son trámites que la ley no prevé: el juez no espera ni delega, se aparta.

La recusación ha de proponerse «tan luego como se tenga conocimiento de la causa en que se funde»; si no, no se admite a trámite (art. 56 de la LECrim, y la misma regla en el art. 223.1 de la LOPJ). La amistad íntima es causa legal, pero la defensa la conocía desde el principio y calló, así que llega tarde. No hay un margen abierto hasta el juicio oral, y la recusación tampoco se cierra al empezar la instrucción: cabe en cualquier fase, si se propone en cuanto se conoce la causa. Ni las costas salvan una recusación tardía: las costas son la consecuencia de la que se deniega (art. 70).

El art. 54 de la LECrim ya no enumera causas: remite «en cuanto a sus causas» a la Ley Orgánica del Poder Judicial (hoy su art. 219) y «en cuanto al procedimiento» a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las opciones que dejan las causas en la propia LECrim describen un catálogo que esta ley ya no tiene, y la que pone las causas en la LEC invierte el reparto: la LEC no fija causas de recusación de jueces, y lo que el art. 54 le pide es el procedimiento.

El art. 53 de la LECrim dice quiénes pueden «únicamente» recusar: el Ministerio Fiscal, el acusador particular, las personas en la situación de los arts. 118 y 520 —a quien se atribuye el hecho y el detenido— y «los responsables civilmente por delito», como la aseguradora que paga por su asegurado. Testigos y peritos intervienen en la causa sin ser parte, y por eso no recusan (el perito, al revés, puede ser recusado). El denunciante que se limita a denunciar tampoco es parte: si quiere recusar, ha de mostrarse parte como acusador. Donde el artículo dice «delito o falta», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delito, leves incluidos.

Magistrados y jueces, cualesquiera que sean su grado y jerarquía, «sólo podrán ser recusados por causa legítima» (art. 52 de la LECrim), y cuáles son esas causas lo dice hoy la LOPJ, a la que remite el art. 54. La recusación sin alegar causa existe, pero es la de los candidatos a jurado en el sorteo de selección (LOTJ, art. 40.3), no la de un juez. Ni la desconfianza que la parte declare ni un motivo que la ley no recoja bastan, por serio que parezca: la causa ha de ser una de las legales.