La acusación, la defensa, la sentencia y la suspensión del juicio

El orden de los informes empieza por la acusación pública: el art. 734 da la palabra al fiscal, si es parte, y después al defensor del acusador particular, si lo hay. Luego habla el defensor del actor civil (art. 735) y, en seguida, los defensores de los procesados y de los responsables civiles (art. 736). La defensa informa después de las acusaciones para poder contestarlas.

Abierto el juicio oral, la causa se cierra con sentencia de condena o de absolución: el art. 742 prohíbe al tribunal emplear en ese momento la fórmula del sobreseimiento con los acusados a quienes cree que no debe condenar. El sobreseimiento, libre o provisional, es la salida de la fase anterior, cuando se decide si se abre el juicio (arts. 637 y 641). Devolver la causa al instructor tampoco cabe ya. Donde el artículo dice «faltas incidentales», las faltas ya no existen desde la LO 1/2015: hoy se lee delitos leves.

El art. 747 deja actuar de oficio en los casos 1.º, 2.º, 4.º y 5.º del art. 746: la cuestión incidental que no puede decidirse en el acto, la diligencia fuera del lugar de las sesiones y la enfermedad repentina de un miembro del tribunal, de un defensor o del procesado. En los demás —entre ellos el 3.º, la incomparecencia de los testigos ofrecidos por las partes— la suspensión se decreta a instancia de parte: es la parte la que sabe si renuncia a su testigo.

Es la llamada «tesis» del art. 733: el presidente puede usar una fórmula que empieza «Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo» y pide a las partes que le ilustren sobre si el hecho constituye otro delito. No es una orden: el tribunal no puede condenar por su cuenta por un delito que nadie acusa, ni imponer al fiscal sus conclusiones. Tampoco devuelve la causa al instructor, porque el sumario ya está cerrado.

La incomparecencia de testigos necesarios es causa de suspensión (art. 746.3.º), pero el mismo número permite al tribunal continuar el juicio, practicar las demás pruebas y suspenderlo después hasta que comparezcan los ausentes. No los da por perdidos: si el tribunal los considera necesarios, prescindir de ellos o tener a la parte por desistida contradiría esa misma valoración.

La regla es que el juicio, una vez abierto, sigue en sesiones consecutivas hasta terminar (art. 744). Por eso el art. 745 permite al presidente no empezarlo: suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, sin culpa suya, no tienen preparadas las pruebas. Tener la prueba por renunciada castigaría a quien no tiene la culpa; devolver la causa al instructor o cerrar el juicio sin prueba no son salidas que la ley prevea.

El actor civil solo ejercita la acción civil, y por eso el art. 735 limita su informe a los puntos de la responsabilidad civil: toda ella, la cuantía y quién responde, sea el procesado o un tercero. La calificación legal de los hechos queda para los informes de las acusaciones (art. 734).

Tras los informes, el art. 738 solo permite la rectificación de hechos y conceptos: no hay un nuevo turno de réplica. La prueba ya está practicada, y las conclusiones se pudieron modificar al terminar la prueba (art. 732), no después de informar.

El art. 732 abre la modificación cuando ya se ha practicado la prueba: es entonces cuando las conclusiones provisionales pasan a definitivas, por escrito y entregadas al presidente. Antes de la prueba no hay nada nuevo que las justifique, y después de los informes ya no es el momento. Y declarado concluso el juicio, las partes ya no intervienen.

Es la última palabra del procesado (art. 739): el presidente le pregunta si tiene algo que manifestar y, si contesta que sí, se le da la palabra, que puede retirarle si ofende o se aparta de lo pertinente. La conformidad con la pena se plantea al empezar el juicio, no al final. Ni la ratificación de lo declarado ni nueva prueba caben ya: la prueba terminó antes de los informes.