El procedimiento ante el Defensor del Pueblo: las quejas y su investigación

• La de Letrado, pero no la de Procurador
• Ni la de Letrado ni la de Procurador
• La de Procurador, pero no la de Letrado
• La de uno y otro, Letrado y Procurador

Ninguna de las dos: no es preceptiva la asistencia de Letrado ni la de Procurador (art. 15.2). El interesado puede presentar la queja por sí mismo, sin abogado que la firme ni procurador que le represente.

• Sí, pero previa reclamación por escrito ante la Administración
• Sí, pero no frente a las autoridades y funcionarios locales
• Sí, y sin tener que presentar antes una reclamación por escrito
• Sí, y también contra jueces y magistrados en su función

Sí, y sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito (art. 26). La acción alcanza a todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, «incluso local», pero no a los jueces y magistrados en su función jurisdiccional, que no son de ese orden.

• No entra en el examen individual de la queja
• La examina, sin dirigirse al órgano judicial
• La archiva con las que planteen lo mismo
• La examina y remite sus conclusiones al juez

No entra en su examen individual, y si ya lo había empezado lo suspende cuando el interesado acude a los Tribunales (art. 17.2). No lo archiva todo: puede seguir investigando los problemas generales que plantean las quejas, y vela por que la Administración resuelva en tiempo y forma lo que se le haya pedido.

• A un extranjero, en asuntos que no afecten a su residencia
• A un funcionario, en asuntos de su propio servicio
• A un Diputado o Senador, en asuntos de su Cámara
• A una autoridad administrativa, en asuntos de su competencia

A la autoridad administrativa, en asuntos de su competencia (art. 10.3). Los demás no tienen ese veto: la nacionalidad no es impedimento, ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración, como la del funcionario (art. 10.1); y los Diputados y Senadores pueden incluso pedir individualmente su intervención (art. 10.2).

• Al juez de instrucción competente
• Al Fiscal General del Estado
• Al Consejo General del Poder Judicial
• Al Presidente del Congreso

Al Fiscal General del Estado, de inmediato (art. 25.1), que además le informa del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia (art. 25.2). No se dirige al juez de instrucción ni al Presidente del Congreso. El Consejo General del Poder Judicial aparece en el art. 13, como destino del traslado que hace el Fiscal de algunas quejas sobre la Justicia, no para los delitos.

• Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo
• Solo la persona natural o jurídica titular de un derecho subjetivo
• Solo las personas naturales que invoquen un interés legítimo
• Solo las personas naturales titulares de un derecho subjetivo

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna (art. 10.1). No se exige ser titular de un derecho subjetivo, que es un requisito más estrecho que el interés legítimo, y las personas jurídicas pueden dirigirse a él igual que las naturales.

• Diez días
• Quince días
• Veinte días
• Un mes

Quince días como máximo, ampliables cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor (art. 18.1). Los diez días son el mínimo que se da al funcionario afectado por la queja para responder por escrito (art. 20.2), y el mes, el plazo de la Administración para responder a las recomendaciones (art. 30.1).

• Al Ministerio Fiscal
• Al Tribunal Constitucional
• Al Tribunal Supremo
• Al Presidente del Congreso

Al Ministerio Fiscal, que investiga su realidad y adopta las medidas oportunas con arreglo a la ley o da traslado al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación (art. 13). El Defensor no las lleva a ningún tribunal: el Constitucional aparece en su ley por los recursos que puede interponer (art. 29) y el Supremo por el fuero del propio Defensor (art. 6.3). Tampoco las encauza por las Cortes, aunque pueda referirse al tema en su informe general.

• En los de la Administración General del Estado, no en los autonómicos
• En cualquier centro de la Administración o afecto a un servicio público
• En los que el interesado haya señalado en su queja, y en ningún otro
• En los que autorice su Jefe, tras pedírselo por escrito

En cualquier centro de la Administración pública, dependiente de ella o afecto a un servicio público (art. 19.2), para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes; y puede hacerlo él, su Adjunto o la persona en quien delegue. La ley no lo limita a la Administración del Estado —supervisa también la de las Comunidades Autónomas (art. 12.1)—, ni a los centros que nombre la queja, ni lo somete a la autorización del Jefe del centro.