La calificación y la revisión de la incapacidad permanente y las lesiones permanentes no incapacitantes

La LGSS no enumera las lesiones ni fija importes: se indemnizan las que aparecen en el baremo anejo a sus disposiciones de desarrollo, con las cantidades que ese baremo determina. Ni la ley ni sus anexos lo contienen, y no es el baremo de los accidentes de circulación, que es de otra ley; la resolución que califica la lesión aplica el baremo, no lo crea.

El plazo que toda resolución inicial o de revisión ha de hacer constar es vinculante para todos los que puedan promover la revisión: el beneficiario, pero también el INSS. No es orientativo; sus salvedades son otras (el pensionista que trabaja y el error de diagnóstico), no que una de las partes quede libre de él.

La lesión ha de ser definitiva, suponer una disminución o alteración de la integridad física y no llegar a ser incapacidad permanente; por eso no puede alcanzar el 33 % de disminución del rendimiento para la profesión habitual, umbral de la parcial (DT 26.ª). El lugar no se exige: basta con que la cause un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y el accidente de trabajo incluye el que se sufre al ir o volver del trabajo (in itinere, art. 156.2.a).

La paga la misma entidad que estaría obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente de ese trabajador: el INSS o la mutua que cubra las contingencias profesionales, según el caso. No es una carga propia del empresario ni de la Tesorería, y el servicio de salud solo presta la asistencia.

La regla es la incompatibilidad entre estas indemnizaciones y las prestaciones de incapacidad permanente, pero tiene una excepción: que las lesiones sean totalmente independientes de las que se tomaron en consideración para declarar la incapacidad y su grado. La cicatriz del rostro nada tiene que ver con la enfermedad respiratoria que fijó su grado, así que cobra la indemnización entera y conserva la pensión, sin descuento ni renuncia.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico pueden hacerse en cualquier momento, sin atender al plazo de la resolución, aunque con el mismo tope: que el interesado no haya cumplido la edad mínima de jubilación del art. 205.1.a). La agravación y la mejoría, las pida quien las pida, esperan al plazo fijado, salvo que el pensionista esté trabajando, que es otra salvedad distinta.

Se pagan por una sola vez, con las cantidades alzadas que fija el baremo para cada lesión. No hay pensión, porque la lesión no llega a incapacitar; la pensión vitalicia es la de la incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, y el subsidio diario es el de la incapacidad temporal.

La revisión por agravación o mejoría solo cabe en tanto el beneficiario no haya cumplido la edad mínima del art. 205.1.a) para la jubilación ordinaria (67 años, o 65 con 38 años y 6 meses cotizados; la DT 7.ª la gradúa hasta 2027). Pasada esa edad el grado ya no se revisa, aunque la pensión siga cobrándose. No hay un plazo fijo de cinco años: el plazo lo fija cada resolución.

El art. 200.3 admite el reintegro, parcial o total, de la parte no consumida del capital coste cuando la revisión es por mejoría, pero dice que su ingreso no tiene la consideración de ingreso indebido a los efectos del art. 26 (apartados 1, 2, 3 y 5). Por eso no se le aplica el régimen de devolución de ingresos indebidos, ni con intereses ni sin ellos; lo mismo vale para las empresas declaradas responsables de ese ingreso.

La declaración de la incapacidad permanente es del INSS, en todas las fases del procedimiento, también cuando la contingencia profesional la cubre una mutua: la mutua podrá pagar, pero no califica. El servicio público de salud lleva la asistencia y las bajas, y la TGSS lleva la caja y la recaudación; ninguno declara el grado.