La protección por cese de actividad: quién la tiene y cuándo se está en cese

El requisito de edad del art. 330.1.d) se limita al cese definitivo: quien deja para siempre la actividad habiendo cumplido la edad ordinaria tiene a su alcance la jubilación, salvo que no haya cotizado lo suficiente para ella. En el cese temporal, total o parcial, la actividad va a reanudarse, y la ley no pone esa condición.

Cuando el autónomo es a la vez empleador, el art. 330.2 le obliga a cerrar antes la relación con su plantilla como manda la legislación laboral: sus garantías, obligaciones y procedimientos. La protección no se le niega por tener trabajadores, pero el cese no puede saltarse esas obligaciones. Ni el órgano gestor autoriza el cese ni la ley exige que intervenga el FOGASA.

El cese voluntario no está protegido: la protección es para quien quiere y puede trabajar y pierde su actividad. La única salvedad que hace el art. 331.2.a) remite al art. 333.1.b): el autónomo económicamente dependiente que pone fin a la relación porque su cliente ha incumplido gravemente el contrato. La decisión es suya, pero la causa es del cliente. Cuidar de un familiar, mudarse o pasar a trabajar por cuenta ajena son ceses por voluntad propia.

El art. 331.1.c) exige dos cosas: que la licencia sea requisito para ejercer la actividad y que su pérdida no venga motivada por la comisión de infracciones penales. Esa es la única causa de pérdida que la ley excluye; las infracciones administrativas, el impago de tasas o la caducidad no aparecen en el precepto.

La fuerza mayor del cese temporal parcial exige que la interrupción afecte a un sector o centro de trabajo, que haya una declaración de emergencia de la autoridad pública competente y una fuerte caída de ingresos. La constatación por la autoridad laboral es la que el art. 47.5 del Estatuto de los Trabajadores pide a la empresa para suspender contratos por fuerza mayor, y el Mecanismo RED da lugar a otra prestación distinta, la de sostenibilidad de la actividad: ninguna de las dos es la condición de este artículo.

Para el socio de una sociedad de capital no basta con cesar involuntariamente: la sociedad ha de estar en dificultades, bien por pérdidas en los términos del art. 331.1.a).1.º, bien porque su patrimonio neto haya caído por debajo de las dos terceras partes del capital social. La mitad es el umbral de otra norma, el de la disolución obligatoria del art. 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, y es el distractor que más se cruza.

El aspirante en periodo de prueba aún no es socio, pero la ley lo protege si deja de trabajar porque el Consejo Rector, o el órgano de administración que corresponda, decide unilateralmente no admitirlo; se acredita con la comunicación de ese acuerdo de no admisión. Si es él quien se marcha, el cese es voluntario y no está protegido; y el artículo no atribuye esta decisión a la asamblea general.

Si no cesan todos los profesionales de la entidad, el art. 336.a) no exige el cierre del establecimiento, porque los demás siguen trabajando en él. La excepción es el establecimiento que lleva en exclusiva el profesional que cesa: ahí sí ha de cerrarse. Por eso no vale «nunca»: la regla tiene esa salvedad expresa.

Estar al corriente es requisito, pero no se exige el mismo día del cese: el órgano gestor le requiere el pago, y el autónomo tiene treinta días naturales, improrrogables, para ingresar lo que debe. Si regulariza en plazo, el pago produce plenos efectos para adquirir el derecho.

El art. 327.1 dice las dos cosas a la vez: la protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social y es de carácter obligatorio. El distractor tentador es «voluntario», que era la redacción original del texto refundido hasta su reforma con efectos de 2019. Las excepciones a la cobertura obligatoria las enumera la disposición adicional vigésima octava (socios de cooperativas con un sistema intercooperativo autorizado y miembros de institutos de vida consagrada), pero son eso, excepciones a una regla obligatoria.

La protección se rige por la LGSS y sus normas de desarrollo y, en lo que no prevean, por las normas del régimen especial en que esté encuadrado el autónomo: el RETA o el del Mar. El distractor tentador es el desempleo, porque las dos protecciones se parecen en la estructura; pero el art. 328 no remite al título III. Tampoco al Estatuto del trabajo autónomo ni al Régimen General.

El art. 327.2 extiende la protección solo a los socios encuadrados como trabajadores por cuenta propia, porque es una protección de los regímenes de autónomos. Los socios encuadrados en el Régimen General quedan fuera de ella.

El epígrafe 5.º está pensado para el autónomo que trabaja solo: sus deudas exigibles con acreedores han de superar el 150 % de los ingresos o ventas de los dos trimestres fiscales previos, y esos ingresos han de haber caído además respecto de los mismos periodos anteriores. Para el cálculo no cuentan las deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda.

El art. 327.1 distingue dentro del cese temporal dos formas: el total, que exige interrumpir todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen especial en que se está encuadrado, y el parcial, que es una reducción de la actividad. Por eso no basta con dejar la actividad que originó el alta si se mantienen otras que también obligarían a estar de alta; y la reducción describe el parcial, no el total. La ley no fija aquí ninguna duración mínima de la interrupción.

El art. 335 solo protege la expulsión declarada improcedente. Por eso su apartado 2.a) pide, además de la notificación del acuerdo de expulsión, el acta de conciliación judicial o la resolución definitiva que declare expresamente la improcedencia. Que la expulsión se funde en una falta muy grave o la ratifique la asamblea no la convierte en protegida.