La financiación y la gestión de las prestaciones por desempleo

Sin indemnización cobrada ni reclamada, el art. 297.2 no presume nada en ningún sentido: la entidad gestora reclama la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar que el cese fue involuntario. Denegar de plano es el distractor tentador, porque la falta de indemnización hace sospechar un acuerdo, pero el precepto manda comprobar, no denegar. Tampoco reclama ella la indemnización ni condiciona el pago a una demanda.

El art. 295.1 reparte el trabajo en dos tiempos. La entidad gestora declara la deuda y exige la devolución; si vence el plazo sin reintegro, la recaudación en vía ejecutiva pasa a la Tesorería General, con las normas de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social y con recargo e interés de demora. El distractor tentador es la propia entidad gestora, porque es quien declara el indebido, pero el precepto le quita la vía ejecutiva. A la Agencia Tributaria y al Instituto Nacional de la Seguridad Social no les da papel alguno.

Hay dos plazos de quince días que se cruzan. El del trabajador para pedir la prestación (art. 268.1) corre desde la situación legal de desempleo; el de la entidad gestora para resolver (art. 296.1) corre desde la solicitud formulada en tiempo y forma. Por eso tienta la situación legal de desempleo, que es el punto de partida del otro plazo. El precepto no espera al certificado de empresa ni a ningún acto de admisión de la gestora: basta la solicitud en regla.

El art. 295.3 fija un único límite para pedir la compensación parcial o el fraccionamiento: la solicitud ha de llegar antes de que empiece la recaudación en vía ejecutiva. No hay un plazo de días o de un mes contado desde la notificación, y abierta ya la vía ejecutiva la solicitud llega tarde.

Para la movilidad geográfica, el art. 296.4 distingue los dos niveles: a quien cobra el subsidio se le pueden abonar tres meses de su duración pendiente; a quien cobra la prestación contributiva, un mes. El mes tienta porque es la otra cifra del mismo precepto, pero corresponde al nivel contributivo, no al subsidio.

El art. 297.4 encauza la colaboración por el art. 95 de la Ley General Tributaria: la Administración tributaria cede a la entidad gestora la información tributaria necesaria para gestionar y controlar las prestaciones y los subsidios por desempleo. El precepto no le encarga compensar, recaudar ni inspeccionar a los solicitantes: su papel aquí es el de fuente de datos.