Las obligaciones, las infracciones y las sanciones en la protección por desempleo

Desde la Ley 3/2023, el art. 301 ya no define nada: remite a la definición de colocación adecuada del art. 3 de la Ley de Empleo. El radio de 30 kilómetros es memoria de la redacción anterior del art. 301, sustituida en 2023; el art. 299 obliga a aceptar la colocación adecuada, pero no dice qué es.

Lo que el art. 299.1.g) exige devolver a los servicios públicos de empleo es el justificante de haber comparecido en el lugar y la fecha indicados para cubrir las ofertas facilitadas. Prueba que se presentó, no el resultado: la ley no le pide acreditar que le contrataron ni que superó una selección.

El art. 304 hace de los títulos I (normas generales del sistema) y II (Régimen General) el derecho supletorio de la protección por desempleo: lo que el título III no regula expresamente se resuelve con los dos, no con el primero a secas. No hay que confundirlo con su gemelo del Régimen General, el art. 261, que fija el derecho supletorio de ese título con una remisión propia. Ni la Ley de Empleo ni el Estatuto de los Trabajadores son el derecho supletorio que nombra este artículo.

El art. 303.2.a) lleva al orden social la exigencia de devolver lo indebidamente percibido y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago responde directamente el empresario, con una sola salvedad: las actuaciones en materia de gestión recaudatoria, conforme al art. 3.f) de la Ley reguladora de la jurisdicción social. El artículo no distingue entre el nivel contributivo y el asistencial —el apartado 1 habla de cualquiera de las prestaciones por desempleo— ni aparta los casos de fraude.

El pago delegado es una obligación del empresario (art. 298.f): cuando así procede, es la empresa la que paga la prestación por delegación. Comparecer cuando se le requiera, solicitar la baja ante una incompatibilidad y reintegrar lo cobrado indebidamente son obligaciones del trabajador beneficiario, que enumera el art. 299.1.

El art. 299.2 da la consideración de beneficiario, a efectos de estas obligaciones, a quien tiene la prestación o el subsidio suspendidos de forma cautelar o definitiva por un procedimiento sancionador, y también al desempleado mientras corre el plazo para solicitar las prórrogas del subsidio. La suspensión no le libera de ellas, sea cautelar o definitiva.

El art. 299.1.i) obliga a comunicar la interrupción de la actividad fija discontinua y la suspensión o extinción de la relación laboral que originó el complemento de apoyo al empleo: los hechos que afectan a que ese trabajo siga existiendo. Los cambios de salario, de categoría, de centro o de convenio no figuran en esa letra; las variaciones de horario aparecen en la ley, pero como obligación del empresario en las medidas del art. 47 del Estatuto de los Trabajadores.

El art. 299.1.f) obliga a aceptar la colocación adecuada que ofrezcan los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con ellos. El precepto no nombra a las mutuas ni a la Inspección de Trabajo como oferentes, ni basta una oferta publicada por cualquier empresa.

El art. 298.h) exige comunicar las variaciones del calendario o del horario inicialmente previsto para cada trabajador afectado por una suspensión de contratos o una reducción de jornada del art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, y exige hacerlo con carácter previo a que se produzcan. Una comunicación a posteriori, por pronta que sea, no cumple el precepto.