Los requisitos y la situación legal de desempleo

La resolución en periodo de prueba a instancia del empresario es situación legal de desempleo si la extinción anterior también lo fue, o, si no lo fue, cuando han pasado tres meses desde ella. El plazo evita encadenar un cese no protegido con un contrato breve que no supera la prueba para abrir la prestación.

El apartado 1.a).8.º, añadido en 2022, incluye la extinción del contrato por las causas justificadas del art. 11.2 del Real Decreto 1620/2011 (disminución de ingresos o aumento de gastos de la unidad familiar, cambio sustancial de sus necesidades o pérdida razonable de confianza), que sustituyeron al antiguo desistimiento. Las demás relaciones especiales no aparecen nombradas en el artículo; su extinción entra, en su caso, por las causas generales.

Cuando en la situación legal de desempleo se mantiene algún contrato a tiempo parcial, el art. 266.b) manda contar, para acceder a la prestación, las cotizaciones de los trabajos en que se ha perdido el empleo, y nada más. La lógica es que la prestación protege lo perdido; el empleo que sigue vivo no se suma, ni se elige el de más jornada.

El art. 267.2.d) excluye a quienes no solicitan el reingreso al puesto en los casos y plazos que fija la legislación: dejar pasar el plazo equivale a no querer volver. La falta de vacante solo podría importar a quien sí pidió el reingreso, y la ley no abre la protección por el mero paso del tiempo.

Las vacaciones no disfrutadas se retribuyen como tiempo de trabajo, así que mientras duran no hay desempleo que proteger: el art. 268.3 aplaza la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho hasta que transcurre ese periodo, que ha de constar en el certificado de empresa. No se adelanta al día siguiente al cese, ni se compensa descontándolo de la prestación, ni depende del día en que se pague el finiquito.

La inscripción como demandante de empleo no basta al pedir la prestación: ha de mantenerse todo el tiempo que dure, porque es requisito para conservar su percepción. Si se incumple, el art. 268.1 manda suspender el abono, con el régimen que regula el art. 271. No se extingue el derecho, no se rebaja la cuantía ni se devuelve lo ya cobrado.

El derecho nace a partir de la situación legal de desempleo siempre que se pida dentro de los quince días siguientes. Pedirla después tiene sus propias consecuencias, que regula el apartado 2 del mismo artículo. Las demás cifras son plazos de otros procedimientos.

El art. 267.1.d) protege al fijo-discontinuo en los periodos de inactividad productiva, entre una campaña o un llamamiento y el siguiente, sin que el contrato termine. No pone ninguna duración mínima a esa inactividad ni la compara con lo trabajado en el año.

El art. 266.b) mira seis años hacia atrás desde la situación legal de desempleo, o desde el momento en que cesó la obligación de cotizar si fue antes: lo cotizado fuera de esa ventana no abre el derecho. Cuántos días hay que reunir dentro de ella no lo dice este artículo, sino el 269.1, al que remite. Las demás cifras son plazos de otros capítulos de la ley.

El art. 267.1.a).5.º incluye la resolución voluntaria del trabajador en los supuestos de los arts. 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto: en ellos la decisión es suya, pero la provoca la empresa o una situación que no ha buscado. Por eso no rige la regla general que excluye el cese voluntario, y la ley no exige que un juez califique antes el traslado ni pone condiciones sobre la indemnización.

El desempleo protege a quien pierde el trabajo sin quererlo, y el art. 267.2.a) excluye a quienes cesan voluntariamente: la dimisión deja fuera la protección, con la única salvedad de los supuestos que el propio artículo enumera en su apartado 1.a).5.º. Los otros tres sí están en el apartado 1.a): el despido colectivo y la resolución judicial en un procedimiento concursal, en el 1.º, y la muerte del empresario individual que extingue el contrato, en el 2.º.

El art. 266.d) cierra el desempleo a quien ya tiene la edad ordinaria de jubilación, porque lo que le corresponde es la pensión. Por eso la excepción es lógica: si no reúne el periodo de cotización que la pensión contributiva exige, no hay pensión que lo sustituya y conserva el acceso al desempleo. La otra salvedad del artículo, la suspensión del contrato o la reducción de jornada, no vale aquí porque el contrato se ha extinguido. Ni la causa del despido, ni las cargas familiares, ni el tiempo inscrito cambian nada.

Si la sentencia le abre la puerta a volver y el trabajador no la cruza ni pide la ejecución por la vía del art. 279 de la LRJS, el desempleo pasa a ser decisión suya: el art. 267.2.c) lo excluye de la situación legal de desempleo. Que haya salarios pendientes no cambia la calificación.

Con la opción por la indemnización la relación queda rota desde el despido, así que la prestación surte efectos desde el cese efectivo en el trabajo. La fecha del acta de conciliación, de la providencia de opción o de la resolución judicial también importa, pero para otra cosa: desde ella se cuenta el plazo para solicitar.

Para los cargos electos y sindicales protegidos, el art. 267.1.f) no exige dejar el cargo: es situación legal de desempleo tanto el cese involuntario y definitivo como, aun manteniendo el cargo, la pérdida involuntaria y definitiva de la dedicación exclusiva o parcial. La ley no exige que pase un plazo desde la pérdida ni la condiciona a cuánto cobre después.

El fin de un contrato formativo, por circunstancias de la producción o de sustitución protege porque el trabajador pierde el empleo sin decidirlo. Si es él quien denuncia el contrato para que termine, la extinción pasa a ser suya y deja de serlo. La duración del contrato, sus prórrogas o el preaviso de la empresa no cambian la calificación.

El art. 268.4 dice que la decisión del empresario de extinguir la relación es, por sí misma y sin necesidad de impugnarla, causa de situación legal de desempleo; y el art. 267.1.a).3.º incluye el despido sin distinguir su clase. El disciplinario no se excluye, ni hace falta conciliación ni sentencia: demandar es una opción del trabajador, no un requisito de la prestación.

Desde la Ley 3/2023, de Empleo, la disponibilidad se acredita firmando el acuerdo de actividad que define su art. 3: no basta con declararla. El certificado de empresa sirve para otra cosa, acreditar la causa y la fecha del cese; y una agencia de colocación privada no sustituye al compromiso que se suscribe con el servicio público.

El art. 267.3.a).1.º ata la fecha de efectos a la comunicación del empresario a la autoridad laboral: ha de coincidir con ella o ser posterior, nunca anterior, para que no haya desempleo protegido antes de que la decisión conste ante la Administración. La firma de un acuerdo o el informe de la Inspección no son la referencia que fija la ley.