El Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El art. 117 constituye el Fondo dentro de la propia Seguridad Social, en la Tesorería General, el servicio común que gestiona sus recursos financieros. No está en el INSS, que es una entidad gestora de prestaciones y no administra los fondos del sistema, ni fuera de la Seguridad Social: ni el Banco de España ni la Dirección General del Tesoro lo tienen a su cargo, aunque el Director General del Tesoro se sienta en sus órganos de gestión.

La Comisión Asesora de Inversiones, que aconseja al Comité de Gestión qué valores comprar y vender, la preside el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: es el órgano de perfil financiero. El Interventor General de la Seguridad Social es vocal suyo; los Secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Seguridad Social no forman parte de ella.

El art. 119.2 mide el excedente como la diferencia entre los ingresos y los gastos de las operaciones no financieras de las entidades gestoras y servicios comunes, por sus importes reconocidos netos, y manda corregirla con criterios de máxima prudencia, en la forma que fije el reglamento y respetando el Plan General de Contabilidad Pública. No la ajusta con el PIB, ni con el IPC, ni con previsiones de gasto: la prudencia es la que evita llevar al Fondo un sobrante que luego falte.

El Comité lo preside el Secretario de Estado de la Seguridad Social. Los Secretarios de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de Presupuestos y Gastos también lo forman, pero como vicepresidentes primero y segundo; el Director General de la Tesorería General es vocal, junto al del Tesoro y al Interventor General de la Seguridad Social.

El desembolso se mide en puntos del PIB: la Ley de Presupuestos de cada ejercicio fija el porcentaje, y el art. 121.2 le pone un límite máximo año por año. No se calcula sobre el déficit en euros ni sobre el saldo del Fondo, y tampoco consiste en gastar sus rendimientos, que el art. 120.3 integra en las dotaciones del propio Fondo.

El art. 127 bis.1 carga la mayor parte en la empresa: un punto ella y 0,2 el trabajador; y si cambia el reparto de la cotización por contingencias comunes, el del MEI se ajusta a la nueva estructura. Ese 1,2 es el tipo final: la DT 43.ª lo alcanza en 2029, tras una escala que sube una décima al año, con su reparto en cada escalón. Una cifra de un año anterior no es la del artículo.

La ley acota la cartera por quién emite el título: personas jurídicas públicas, como los Estados que emiten deuda. Las acciones, la renta fija de la banca privada o los fondos de inversión quedan fuera, por solventes o regulados que sean. Qué valores concretos, con qué liquidez y cuándo venderlos lo concreta el reglamento.

El art. 118.1 no convierte el excedente en una transferencia automática: los sobrantes de la parte contributiva, salgan de la consignación presupuestaria o de la liquidación del ejercicio, van al Fondo siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan. La ley no exige una racha de superávits ni que el Fondo haya caído bajo ningún mínimo, y la Comisión de Seguimiento no propone dotaciones: su papel es conocer cómo evoluciona el Fondo.

Lo que sale del Fondo tiene un único destino: las pensiones contributivas, para reforzar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. Las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos y los subsidios asistenciales del desempleo son gasto no contributivo, que el sistema financia por otras vías, y el Fondo no puede usarse para ellos.

El Comité propone la ordenación del Fondo, la selección de sus valores y su venta, controla su gestión y elabora el informe que se presenta a las Cortes Generales sobre cómo evoluciona. No acuerda las dotaciones: eso se decide por encima de él. Tampoco liquida el excedente contributivo, que sale de la contabilidad del sistema, ni interviene en la contratación de la Tesorería General.

Como regla, el MEI no se limita a un régimen: el art. 127 bis.1 lo aplica allí donde se cotiza por la contingencia de jubilación, en cualquier régimen, y por tanto también en el de los autónomos. No se queda en el Régimen General ni en el trabajo por cuenta ajena: lo que lo activa es cotizar para la jubilación. La propia LGSS le pone una excepción fuera del artículo: la DA 52.ª.5.a) la excluye expresamente en las prácticas formativas y académicas externas.

La Comisión de Seguimiento es el órgano del Fondo abierto a los interlocutores sociales: junto a la representación de los ministerios se sientan cuatro representantes de las organizaciones sindicales de mayor implantación y cuatro de las empresariales. No hay en ella comunidades autónomas, ni mutuas, ni parlamentarios: el Pacto de Toledo no tiene asiento en ella.

El art. 121.2, reescrito por la reforma de las pensiones de 2023, sitúa el comienzo de los desembolsos anuales del Fondo en 2033: desde ese ejercicio, habrá uno cada año. 2030 queda antes de que empiecen, y 2040 y 2045 son años en que ya corren, no su arranque.

En contingencias comunes la mutua dota una sola reserva antes de desprenderse del sobrante: la de Estabilización de ese ámbito. Lo que queda por encima va al Fondo de Reserva, como repite el art. 96.3. La Reserva Complementaria y la de Asistencia Social se nutren del excedente de las contingencias profesionales, no del de las comunes, y la ley no manda ingresar el excedente entero sin cubrir antes la reserva propia.

Contratan los directores de las entidades gestoras y servicios comunes. El ministerio de adscripción y, en su caso, el Consejo de Ministros entran para autorizar los contratos que superan el límite fijado en la Ley de Presupuestos, y el ministro, además, para que el director pueda delegar esa facultad; pero autorizar no es contratar. La Dirección General del Patrimonio del Estado no contrata por ellos.