Los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General y otras reglas del personal público

La disposición se aplica con carácter retroactivo y permite revisar a instancia de parte los expedientes ya resueltos, pero sus efectos económicos solo corren desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud. No se remontan a la resolución inicial, aunque la regla sea retroactiva. Los tres meses son la retroactividad máxima que el art. 53.1 da a las revisiones de prestaciones ya reconocidas; aquí la desplaza la regla especial de la disposición, que solo da efectos desde el mes siguiente a la solicitud.

El convenio especial le permite seguir protegido, pero la disposición adicional quinta le quita «en todo caso» dos prestaciones: la pensión de jubilación y las de muerte y supervivencia, ligadas a los derechos de pensión que ha transferido a la Unión. La incapacidad permanente no está en esa exclusión, ni la incapacidad temporal ni la asistencia sanitaria.

Su último párrafo la excluye de tres regímenes especiales: el de los Funcionarios Civiles del Estado, el de las Fuerzas Armadas y el del personal al servicio de la Administración de Justicia, los del mutualismo administrativo. En los demás —el General, el de autónomos o el del mar— rige el cómputo, porque la disposición habla de «cualquiera de sus regímenes».

La disposición adicional vigésima primera computa esos periodos para las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, en cualquier régimen del sistema salvo los que ella misma excluye. La incapacidad temporal no figura: es un subsidio, no una pensión, y la disposición solo habla de pensiones.

El apartado 3 mantiene en Clases Pasivas a quien ya estaba en ellas a 31 de diciembre de 2010 si pasa, sin solución de continuidad, a otro cuerpo que entonces habría llevado a ese régimen, y lo mismo si reingresa. El sistema de acceso no importa —la ley dice «cualquiera que sea»—, así que la promoción interna no es la condición. No hay solicitud ni opción, ni se exige que el cuerpo sea de la misma Administración. Además de que no haya interrupción, lo que decide es que el nuevo cuerpo sea de los que en 2010 encuadraban en Clases Pasivas: una escala de organismo autónomo no lo es, y el art. 7.3 del Real Decreto Legislativo 4/2000 incluye en el Régimen General a quien accede a ella por promoción interna.

El tiempo al servicio de la Unión se le computa una vez producido el correspondiente ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, el que sigue al ejercicio del derecho del artículo 11.1. El convenio especial es la vía para seguir protegido mientras sirve a la Unión, no una condición de este cómputo. La disposición no exige años cotizados tras el retorno ni una pensión de la Unión: lo que pide es la vuelta, la nueva inclusión en el sistema, el ejercicio del derecho y el ingreso.

La disposición parte de las retribuciones reales del trabajador en esos periodos y les aplica las normas de cotización del Régimen General vigentes en cada momento, es decir, en cada periodo, no las del día de la jubilación. No se toman las bases por las que se cotizó al Montepío.

La disposición adicional cuarta deja la adecuación de la cotización a lo que se determine reglamentariamente: la ley abre la posibilidad («podrá adecuarse») y remite al reglamento. No la encarga a la ley de presupuestos, que fija bases y tipos de cada año pero no esta adaptación, ni a un acuerdo entre Administraciones, ni a la elección de quien compatibiliza.

La disposición los computa para las dos cosas: para acreditar la carencia exigida para adquirir el derecho y para fijar el porcentaje por años de cotización con que se calcula la pensión. No se queda en una de ellas. La base reguladora tiene su propia regla en la disposición, que no sustituye a las otras dos.