La incapacidad temporal en el Régimen General

El silencio de la inspección del servicio público de salud no paraliza el alta: si no se pronuncia en los 11 días naturales siguientes a la fecha de la resolución, el alta adquiere plenos efectos, igual que si la confirmara. Solo si discrepa dentro de plazo tiene que volver a pronunciarse el Instituto, que puede reconsiderar el alta o confirmarla.

El art. 169.1.a) fija una duración máxima de 365 días, prorrogables cuando se presume que durante la prórroga el trabajador puede recibir el alta médica por curación. Las otras cifras son plazos del mismo capítulo que no miden la duración inicial: la prórroga se añade después, y los topes del art. 174 ya cuentan con ella.

La demora se admite si continúa la necesidad de tratamiento por la expectativa de recuperación o mejora, con vistas a la reincorporación, pero nunca más allá de 730 días naturales, sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos. El 635 resulta de sumar a los 545 días los 90 del plazo de examen, pero el tope de la demora es otro: 730 días, contando juntos la incapacidad temporal y la prolongación de sus efectos.

Mientras se tramita la disconformidad, el art. 170.3 considera prorrogada la incapacidad temporal, y durante esa prórroga se mantienen la colaboración obligatoria de la empresa en el pago y, si la tenía asumida, también la voluntaria. La entidad gestora no pasa a pagar directamente, y la colaboración no se suspende: el trabajador sigue cobrando por la misma vía que antes del alta.

El art. 169.2 hace una sola salvedad a la regla de la recaída: en las bajas por menstruación incapacitante secundaria cada proceso es nuevo y no computa para el plazo máximo ni para la prórroga. Los periodos de observación son justo lo contrario: el mismo apartado los nombra para que sí se sumen. El accidente no laboral y la enfermedad profesional siguen la regla general.

El art. 169.2 manda computar los periodos de recaída, y también los de observación, tanto para el plazo máximo de la letra a) como para su posible prórroga. Los 200 días anteriores no se pierden con el alta: la recaída continúa el mismo proceso. No hay regla distinta para la enfermedad común, ni un cómputo que valga para la prórroga y no para el plazo inicial.

El art. 174.2 obliga a examinar al trabajador, en el plazo máximo de 90 días naturales, para calificarlo en el grado de incapacidad permanente que corresponda. La calificación puede retrasarse más allá si la situación clínica aconseja esperar a una recuperación, pero con un tope total que también fija el artículo.

Si el Instituto se reafirma en el alta, aportando las pruebas complementarias que la fundamenten, la incapacidad temporal solo se prorroga hasta la fecha de esa última resolución. Si la hubiera reconsiderado, se le reconocería la prórroga a todos los efectos. Que el trabajador pueda impugnar el alta ante el juzgado no alarga la incapacidad temporal, y el plazo máximo no entra en juego: la prórroga acaba con la última resolución.

El art. 174.2 dice expresamente que en esos dos periodos, el de examen y el de demora de la calificación, no subsiste la obligación de cotizar. Es lo contrario de lo que ocurre cuando la incapacidad temporal se extingue antes del plazo máximo sin declaración de incapacidad permanente: entonces el art. 174.5 mantiene la cotización mientras siga la relación laboral.

El accidente no laboral sigue la regla de la enfermedad común: el subsidio se abona a partir del cuarto día de baja, y del cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, está a cargo del empresario. El día siguiente a la baja es la regla del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. El decimosexto es el primer día que ya no paga el empresario, no el primero que se cobra.

Rechazar o abandonar sin causa razonable el tratamiento indicado permite, según el art. 175.2, suspender el derecho al subsidio. No es causa de extinción del art. 174.1 ni de anulación: la anulación y la denegación las reserva el apartado 1 para el fraude y para el trabajo por cuenta propia o ajena. Tampoco hay una reducción de la cuantía.

La situación de incapacidad temporal la definen dos hechos que han de darse a la vez: recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social y estar impedido para el trabajo. El periodo mínimo de cotización no define la situación: es un requisito para ser beneficiaria del subsidio, que regula otro artículo. Comunicar la baja a la empresa es un trámite, no una condición de la situación.

La incomparecencia produce primero la suspensión cautelar del derecho, mientras se comprueba si estuvo o no justificada. Si resulta injustificada, entonces sí entra la causa de extinción del art. 174.1, que habla de incomparecencia injustificada; por eso la extinción inmediata es el distractor tentador: se salta la comprobación.

La regla del art. 174.5 es que la incapacidad permanente surte efectos desde la fecha de la resolución que la reconoce, y por eso esa es la opción tentadora; pero si la prestación es superior a lo que se cobraba en la prolongación, los efectos se retrotraen al día siguiente al de extinción de la incapacidad temporal, para que el trabajador no pierda la diferencia mientras se calificaba.

El art. 169.1.b) da a la observación 180 días, prorrogables por otros 180 cuando sea necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. El tentador es la pareja de cifras de la incapacidad temporal por enfermedad o accidente de la letra a), que es otra: la observación tiene su propia duración. Quien estudie con un manual antiguo encontrará «seis meses, prorrogables por otros seis»: era la redacción original de 2015, sustituida por la cuenta en días.

El subsidio se extingue al cumplirse 545 días naturales desde la baja médica, que es la duración inicial más su prórroga. El tentador es la duración inicial de la situación, que no incluye la prórroga: el subsidio dura hasta que se agota también esta. MUFACE no fija un plazo propio: su texto refundido remite a este plazo máximo del Régimen General.

El art. 174.3 abre una excepción: por una sola vez, cuando el Instituto, a través de los órganos que evalúan la incapacidad permanente, considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral. Es el propio Instituto quien acuerda la baja, a los exclusivos efectos de la prestación económica; no la da el médico de atención primaria ni la inspección del servicio público de salud, y no se repite.

Para la enfermedad común, el art. 174.3 solo computa las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapacidad permanente: lo cotizado antes ya sirvió para el proceso agotado. El tentador es contar desde que se agotó el subsidio, pero la ley toma como punto de partida la resolución, que llega después.

Con el alta con propuesta de incapacidad permanente, el art. 170.2 mantiene la colaboración obligatoria hasta el último día del mes en que el Instituto la expidió, no solo hasta el día del alta. El tentador es la notificación de la calificación, pero esa fecha es la del fin de la prolongación de efectos del art. 174.5, no la de la colaboración obligatoria. El plazo máximo de duración es el límite que cierra la colaboración en todo caso, no una fecha hasta la que se mantenga si el alta llega antes.

Entre las causas de extinción del art. 174.1 está el reconocimiento de la pensión de jubilación: no basta con cumplir la edad, hace falta que la pensión se reconozca. Agotar el plazo inicial sin alta no extingue nada, sino que abre la prórroga; y la extinción del contrato no está en la lista: el trabajador sigue percibiendo la prestación hasta que se extinga la situación (art. 283.1).