La jubilación anticipada

La voluntaria pide 35 años de cotización efectiva, dos más que la anticipada por causa no imputable (33, art. 207.1.c), porque aquí el adelanto lo elige el trabajador. Los 38 años y 6 meses son los que la regla final del art. 205.1.a) exige para jubilarse a los 65, no un requisito de ninguna anticipada.

El art. 207.1.b) exige al menos seis meses de inscripción en las oficinas de empleo como demandante, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, no a la del cese. Los tres meses son los del subsidio por desempleo que el art. 208.3 tiene en cuenta en la anticipada voluntaria. La anticipada voluntaria no exige inscripción alguna.

El art. 206.1 dice que la edad del art. 205.1.a) «podrá ser rebajada por real decreto», a propuesta del ministro competente en Seguridad Social: es una decisión del Gobierno, no de un ministro solo por orden. Tampoco cabe pactarla en un convenio colectivo, aunque la iniciativa del procedimiento sí corresponda a las organizaciones empresariales y sindicales (art. 206.2).

La anticipada por causa no imputable exige 33 años de cotización efectiva, y efectiva quiere decir que la parte proporcional de las pagas extraordinarias no cuenta para llegar a ellos. Los 35 son los de la anticipada voluntaria (art. 208.1.b), que pide más porque el adelanto lo decide el trabajador.; y los 38 años y 6 meses son los que la regla final del art. 205.1.a) exige para jubilarse a los 65, no un requisito de ninguna anticipada. La jubilación parcial con relevo coincide en los 33 años (art. 215.2.a).

Los coeficientes salen de cruzar dos datos: cuánto ha cotizado el trabajador y cuántos meses se adelanta, de modo que a más cotización y menos adelanto, menos reducción. La base reguladora sirve para calcular la pensión antes de reducirla, no para elegir el coeficiente; la situación familiar es la referencia de la pensión mínima del art. 208.1.c); y la causa del cese no importa en la voluntaria.

Una vez reunidos los demás requisitos, la pensión de la anticipada voluntaria ha de superar la pensión mínima que le correspondería al interesado por su situación familiar al cumplir los 65 años. Es un requisito para acceder: si no se cumple, no se puede anticipar, y la salida de completar la pensión con el complemento a mínimos queda cerrada. Tampoco es un tope: la pensión máxima limita la cuantía de todas las pensiones, pero no decide si se puede anticipar. El salario mínimo es el umbral de los trabajos por cuenta propia compatibles con la pensión (art. 213.4), y el 50 % es el porcentaje de la base reguladora por los primeros quince años cotizados (art. 210.1.a).

El art. 206 bis.1 abre dos vías. La general exige un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. La del 45 % existe, pero solo para las discapacidades reglamentariamente determinadas que reducen de forma significativa la esperanza de vida: no vale para cualquier tipo de discapacidad. El 33 % es el grado que rebaja el periodo cotizado de la jubilación parcial con relevo (art. 215.2.a), no el de esta anticipada.

Los coeficientes de cada actividad se revisan cada diez años (art. 206.5), y la revisión no es retroactiva: no afecta a quien ya había desarrollado la actividad, por los periodos en que la ejerció. Lo trabajado antes conserva el coeficiente con el que se trabajó, sin depender de que ya se hubiera pedido la pensión ni de que se siga en la actividad al revisarse.

Con trabajadores por cuenta ajena, el procedimiento lo instan conjuntamente las organizaciones empresariales y sindicales más representativas: hacen falta las dos partes. La combinación de sindicatos y Administración es la del personal de las administraciones públicas, y las asociaciones de autónomos intervienen cuando se trata de trabajadores por cuenta propia. Nadie lo inicia de oficio.

La causa 6.ª del art. 207.1.d) admite la extinción por voluntad del trabajador cuando se basa en los arts. 40.1, 41.3 y 50 del Estatuto de los Trabajadores: el traslado, la modificación sustancial de condiciones y el incumplimiento grave del empresario. En esos casos la decisión es del trabajador, pero la causa la pone la empresa. Fuera de ellos, irse por voluntad propia no abre esta vía: la dimisión del art. 49.1.d) del ET no está en la lista, por mucho tiempo que se esté inscrito; la intervención de la autoridad laboral (que constata la fuerza mayor) es cosa de la causa 5.ª.

La causa 7.ª del art. 207.1.d) es la extinción por voluntad de la trabajadora por ser víctima de violencia de género o violencia sexual (art. 49.1.m ET). Aunque formalmente la decide ella, la ley no se la imputa, y por eso no queda limitada a la anticipada voluntaria del art. 208. El art. 207 no exige además sentencia ni un despido posterior.

El despido por causas objetivas es la causa 2.ª de la lista cerrada del art. 207.1.d). El despido disciplinario responde a un incumplimiento del trabajador y la dimisión es su libre voluntad: ninguna de las dos es una causa ajena a él. La extinción por fin del contrato temporal tampoco está en la lista, aunque dé derecho a la prestación por desempleo.

El art. 207.2 no toma la edad legal que le daría lo cotizado al jubilarse, sino la que le habría correspondido de haber seguido cotizando hasta cumplirla. Si sigue cotizando de los 63 a los 65 años, llega a los 65 con 39 años cotizados, más de los 38 años y 6 meses con los que la regla del art. 205.1.a), plenamente aplicable en 2028, permite jubilarse a esa edad. Su edad legal es, pues, 65 años, y se anticipa 24 meses, no 48. Los 67 son el tentador: salen de contar solo los 37 años cotizados en el hecho causante, sin proyectar.

La anticipada voluntaria adelanta como máximo dos años la edad del art. 205.1.a), y para ese cálculo no se aplican los coeficientes reductores de los arts. 206 y 206 bis. Su edad de referencia son, pues, 67 años, y la mínima de la voluntaria, 65. Los 61 son el tentador: restar los dos años a la edad ya rebajada por los coeficientes, que es justo la acumulación que la ley excluye. Los 63 son la edad a la que puede jubilarse por su actividad, que es otra vía, no la voluntaria.

Para mantener el equilibrio financiero del sistema, adelantar la edad se paga con más cotización: un tipo adicional sobre la base por contingencias comunes, que soportan tanto la empresa como el trabajador. No recae solo en la empresa ni sobre la base de contingencias profesionales. Y el art. 206 no reduce la pensión a cambio: la reducción por cada mes de adelanto es la de las anticipadas de los arts. 207 y 208.

El requisito de la indemnización solo se aplica a las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª del art. 207.1.d): el despido colectivo, el despido objetivo y la extinción por voluntad del trabajador de los arts. 40.1, 41.3 y 50 ET. La muerte o incapacidad del empresario (4.ª), la fuerza mayor (5.ª) y la violencia de género o sexual (7.ª) son causas de la lista, pero no llevan esa exigencia.

El art. 208.3 suaviza la voluntaria para quien llega a ella desde el paro: si al acogerse está percibiendo el subsidio por desempleo del art. 274 y lo ha hecho durante al menos tres meses, se le aplican los coeficientes de la anticipada por causa no imputable en lugar de los suyos. Sigue siendo una anticipada voluntaria, así que tiene que cumplir sus requisitos del apartado 1 (dos años de anticipo, 35 cotizados y pensión superior a la mínima), y la pensión sí se reduce.

Los coeficientes por discapacidad adelantan la jubilación plena, pero el art. 206 bis.2 los excluye en todo caso para acreditar la edad de la jubilación parcial, igual que para los beneficios de la demorada (art. 210.2) y para cualquier otra anticipada. No importa el grado de discapacidad ni que la parcial vaya con relevo; y la discapacidad que sí juega en la parcial es otra regla: rebaja el periodo cotizado exigido (art. 215.2.a), no la edad.

Con un grado igual o superior al 45 % e inferior al 65 %, la edad solo se reduce si se trata de una de las discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que hay evidencias contrastadas de que reducen de forma significativa la esperanza de vida. No es cierto que haga falta siempre el 65 %: esa es la vía general. El origen profesional de la discapacidad no cuenta, y los 33 años de cotización son de la anticipada por causa no imputable (art. 207), no de esta.

Para el cómputo de los periodos de cotización se toman periodos completos, y la fracción no se equipara a un periodo: no se redondea al alza ni al más próximo. Ojo con la asimetría: los meses de anticipación sí cuentan la fracción como mes entero («por cada mes o fracción de mes»), pero los periodos cotizados no.