La base reguladora, la cuantía y la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación

La jubilación es una de las excepciones a la regla general del art. 53.1, que hace prescribir a los cinco años el derecho al reconocimiento de las prestaciones: la pensión de jubilación puede pedirse en cualquier momento. Un año es la caducidad del derecho al percibo de una prestación ya reconocida (art. 54), que es otra figura.

El derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible, pero eso no significa que se cobre todo lo atrasado: en la jubilación causada en situación de alta, el art. 212 limita los efectos a los tres meses anteriores a la solicitud. Es la misma retroactividad que el art. 53.1 da, con carácter general, a las prestaciones que se piden tarde. La anticipada voluntaria y la demorada no tienen una regla de efectos propia en este artículo; lo que las distingue es la cuantía (arts. 210.2 y 210.3).

La pensión con el porcentaje adicional no puede pasar del límite del art. 57; lo que no cabe se cobra como cantidad anual, y la suma de esa cantidad y las pensiones tiene su propio techo: el tope máximo de la base de cotización vigente, también en cómputo anual. El límite del art. 57 es el de la pensión, no el de la suma. Y el 100 % de la base reguladora tampoco es techo aquí: el porcentaje adicional es precisamente lo que permite superarlo (art. 210.1.b).

La demora premiada empieza cuando ya se podía haber jubilado: por eso la carencia tiene que estar reunida al cumplir la edad ordinaria. Quien la completa después no ha estado demorando nada durante ese tiempo, y tener la carencia al solicitar o en el hecho causante no basta.

El techo de esta pensión es el tope máximo reducido en un 0,50 % por cada trimestre o fracción de anticipación: se cuenta también el trimestre empezado. El mismo sistema se extiende a los supuestos del art. 208.3, y el apartado 5 lo excluye en las jubilaciones anticipadas de los arts. 206 y 206 bis.

Por años cotizados se llega como mucho al 100 % de la base reguladora. La única salvedad es la del apartado siguiente: quien demora la jubilación más allá de su edad ordinaria puede sumar un porcentaje adicional por encima de ese 100 %, siempre dentro del límite de las pensiones del art. 57.

Son 4 puntos por cada año completo cotizado entre la edad ordinaria y el hecho causante: 3 × 4 = 12 %. El 6 % saldría de aplicar el 2 %, que es el de las fracciones de más de seis meses desde el segundo año, no el de los años completos.

Es la integración de lagunas: los meses sin obligación de cotizar no entran como cero, sino con la base mínima del Régimen General de cada mes, entera en las primeras cuarenta y ocho mensualidades y al 50 % en las demás. La disposición transitoria cuadragésima primera mejora ese tramo posterior para las mujeres (y para algunos hombres con hijos) mientras la brecha de género de las pensiones supere el 5 %, sin tocar las primeras mensualidades. Ni la última base cotizada ni una media sirven para rellenar el vacío.

La cuantía del tanto alzado se fija con los años cotizados al cumplir la edad ordinaria, y luego se multiplica por los años completos de demora. Los años que se cotizan durante la demora cuentan como años de demora, no para elegir la cifra de partida; por eso ni el hecho causante ni la solicitud son la fecha que decide.

Los dos años completos dan 4 + 4 = 8 %. Desde el segundo año completo de demora, un periodo de más de seis meses e inferior a un año añade un 2 %: los siete meses suman otro 2 %, y el total es el 10 %. El 8 % olvida la fracción; el 12 % la cuenta como un año entero, y el 9 % le da un 1 % que el artículo no prevé: la fracción vale un 2 % o nada.

Es el cierre de la regla: aunque la subida venga de un convenio, si se pactó por la cercanía de la jubilación y excede del límite, no cuenta nunca. Por eso no basta con que esté en convenio colectivo: la excepción del apartado 3 para lo pactado en convenio cede ante este apartado, que se aplica «no obstante» lo anterior.

Las bases antiguas se ponen al día con el IPC, desde el mes al que corresponden: así una base de hace veinte años no pesa por su valor de entonces. La revalorización es otra cosa: sube cada año las pensiones ya reconocidas (art. 58), no las bases con las que se calcula una nueva. El incremento medio del convenio aparece en el art. 209.2, pero como límite de las subidas salariales de los dos últimos años, no como índice de actualización.

Se elige una vez, en la solicitud con la que se adquiere el derecho al complemento, y la elección queda fija. Por eso conviene saber antes las tres formas: el porcentaje adicional, la cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas.

Los primeros quince años, que son el periodo mínimo de cotización de la jubilación contributiva (art. 205.1.b), dan la mitad de la base reguladora. A partir del año decimosexto, el porcentaje crece por cada mes adicional cotizado (letra b) hasta el 100 %.

El porcentaje que no cabe en la pensión no se pierde: da derecho a una cantidad anual, que resulta de aplicarlo al importe del límite vigente en cada momento, se devenga por meses vencidos y se paga en catorce pagas. La cantidad a tanto alzado es la otra forma de cobrar el complemento (letra b), que se elige en lugar de esta, no una consecuencia del límite.

El apartado 3 exceptúa del límite del apartado 2 las subidas que resultan de aplicar estrictamente las normas legales o del convenio sobre antigüedad y ascensos reglamentarios de categoría: no son una subida de última hora, sino la carrera prevista. La decisión unilateral de la empresa es justo lo contrario: con ella vuelve a aplicarse el límite, aunque la subida sea de las exceptuadas.

El artículo da 0,19 % por cada uno de los meses 1 a 248 y 0,18 % por los que pasen del 248. Hasta el 31 de diciembre de 2026 la disposición transitoria novena sustituye estos porcentajes por otros; desde 2027 coinciden con los del artículo. El 0,18 % es el del tramo siguiente, no el de este, y el 0,50 % es el coeficiente del art. 210.4, que reduce el tope de la pensión anticipada por trimestre: otra cosa.

Las bases más recientes entran tal cual, por su valor nominal; solo las restantes se actualizan con el IPC (letra d). Es la estructura del cálculo, y no cambia con la escala de la disposición transitoria cuadragésima, que hasta 2037 gradúa cuántas bases se toman y entre qué cifra se divide su suma. La base mínima del Régimen General sirve para otra cosa: integrar los meses en que no hubo obligación de cotizar (letra b).

La regla impide inflar la pensión con subidas de sueldo de última hora: lo que suba la base en los dos últimos años por encima de lo que subió el convenio (o, sin convenio, el sector) no cuenta. Los apartados 3 y 4 matizan qué subidas quedan fuera de la regla y cuáles no cuentan nunca.

La entidad gestora elige de oficio las bases de mayor importe: el interesado no tiene que pedirlo ni señalarlas. Para los hechos causantes de 2026 a 2040, la gestora aplica también de oficio la redacción del art. 209.1 vigente el 1 de enero de 2023 (todas las bases del periodo, sin descarte) si resulta más favorable (disposición transitoria cuarta, apartado 7). Cuántas bases se eligen y de qué periodo no se pregunta aquí: la disposición transitoria cuadragésima lo gradúa año a año hasta 2037, y el artículo da la cifra final.