La pensión no contributiva de jubilación y la gestión de las no contributivas

El art. 370 no fija una cuantía propia: remite a lo dispuesto para la pensión no contributiva de incapacidad en el art. 364. El precepto aún la llama «de invalidez», el nombre anterior a la Ley 2/2025. No se calcula como la jubilación contributiva, que parte de una base reguladora y de lo cotizado, ni como las prestaciones familiares no contributivas, ni como el ingreso mínimo vital, que tiene su propia ley.

El art. 369.2 dice que las rentas y la residencia condicionan tanto el derecho como su conservación y, en su caso, la cuantía. No son una foto fija del día en que se reconoce la pensión: lo que cambia después cuenta. Por eso no basta con que baje la cuantía ni con comunicar el cambio: unas rentas por encima de los límites afectan a la conservación misma del derecho.

La franja empieza a los dieciséis años, no a los dieciocho: tienta pensar en la mayoría de edad, pero el art. 369.1 no la toma como inicio. Y se cierra en la edad de devengo de la pensión; la fecha de la solicitud no es el final de la franja.

Los efectos se producen a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presenta la solicitud. Cuenta la solicitud, no la resolución: el tiempo que tarde la Administración en resolver no lo pierde quien pide la pensión. Y no desde el mismo día, sino desde el primero del mes siguiente.

Cuentan las rentas e ingresos propios y, además, los ajenos que se computan por convivir en una misma unidad económica. Lo que trae las rentas de otro es la convivencia, no el parentesco: el cónyuge o los hijos que viven aparte no entran por ser familia. Y las rentas propias cuentan enteras, sin que el precepto aparte las del trabajo.