La jubilación con la legislación anterior y la base reguladora transitoria

La fecha que separa a quien conserva la regulación anterior es la de la extinción de la relación laboral, y no es la de la propia Ley 27/2011, de 1 de agosto. Ni el 1 de enero de 2013 ni el de 2019 están en este apartado, que hoy no pone ningún límite a la fecha en que se cause la pensión: lo que hace perder la regulación anterior es volver a quedar incluido en un régimen de la Seguridad Social después de la fecha que fija.

Con carácter general, la reducción de jornada de esta jubilación parcial transitoria va del 25 % al 67 %, y el tope sube cuando el relevista entra a jornada completa con contrato indefinido, que es el caso. El 75 % es el máximo de la jubilación parcial del art. 215.2.c), la regulación vigente, que no es la que se aplica aquí.

Cuando el cese es involuntario y hay al menos treinta años cotizados, la reducción general no se aplica y entra una escala por tramos: cuanto más se ha cotizado, menor es el porcentaje. Con cuarenta o más años se llega al último tramo, el más bajo. El 6,5 % es el tramo de 38 y 39 años, el inmediatamente anterior, y es el error de quien cuenta mal los tramos; el 7 % y el 7,5 % corresponden a carreras todavía más cortas.

Esta vía de la jubilación parcial anterior a la Ley 27/2011 se ha ido prorrogando —en redacciones ya superadas, el límite fue 2023, 2024 y 2025—, y el texto vigente la extiende a las pensiones causadas hasta el final de 2029. Ni 2026 ni 2028 ni 2032 aparecen en el apartado. Lo que mide es la fecha en que se causa la pensión de jubilación parcial, no la del contrato de relevo.

Aunque el art. 209 está en el título II, el del Régimen General, la transitoria extiende la aplicación gradual de su nueva base reguladora a todos los regímenes del sistema, también al de autónomos y a los demás especiales. Ninguno la aplica entera antes que los otros: la escala, año a año, es la misma para todos.

Cada año la escala toma dos bases más y amplía cuatro meses el periodo del que se eligen. La de 302 bases de 304 meses es la de 2026, y la de 306 de 312, la de 2028: son los años vecinos. Si el cálculo con la redacción del art. 209.1 de 2023 le resulta más favorable, la entidad gestora aplica ese otro, por la disposición transitoria cuarta; la pregunta es por la escala de la cuadragésima.

El registro que exige la disposición es el de las entidades gestoras que reconocen la pensión, el INSS o, para los trabajadores del mar, el ISM, en el plazo que fije el reglamento. No basta con el registro laboral de convenios y acuerdos, que tiene otra función. La Tesorería recauda y no reconoce pensiones, y la aprobación por los representantes no es la condición que pone este apartado.

Quien ya tenía el derecho completo cuando cambió la ley no lo pierde por no haberlo pedido: puede acogerse a la legislación anterior y cobrar lo que le habría correspondido el día antes de la reforma. Por eso no se le aplica la ley de 1985, ni la del día de la solicitud. El apartado 4 de la misma disposición repite la regla para quien reunía los requisitos al entrar en vigor la Ley 24/1997.

Los antiguos mutualistas conservan una edad de acceso propia, anterior a la ordinaria, a cambio de que la pensión se reduzca. Los 65 años no son la edad a la que pueden jubilarse, sino la referencia con la que se mide esa reducción: se cuenta lo que le falta al trabajador para cumplirlos. Los 63 años no aparecen en esta regla; recuerdan a las anticipadas de los arts. 207 y 208, que se miden respecto a la edad ordinaria y no tienen que ver con haber sido mutualista.