El cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

El art. 191.4 excluye a los funcionarios públicos: su caso se rige por el art. 49.e) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo. El capítulo no excluye a nadie más; trabajar a tiempo parcial, con contrato temporal o en el servicio del hogar no deja fuera por sí solo.

El art. 190.1 exige una reducción de la jornada de, al menos, un 50 por ciento, hecha conforme al párrafo tercero del art. 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Una reducción del 25 % o de un tercio no genera la prestación aunque el menor esté enfermo, y el artículo tampoco pide llegar al 75 %: la mitad de la jornada es el suelo, no la cifra exacta.

En el disfrute simultáneo, cada una cobra un subsidio del 50 % de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje en que reduzca su jornada. La proporción a la reducción es la regla de quien la disfruta sola (el 100 % de la base, en proporción a la reducción); mezclar las dos reglas da el distractor del 50 % proporcional.

El art. 190.1 exige que trabajen ambas personas progenitoras, guardadoras o acogedoras, «o cuando solo haya una persona progenitora por tratarse de familias monoparentales». Ni la familia numerosa ni la discapacidad del menor cambian esa exigencia, y que la otra persona esté en desempleo es justo lo que el artículo no admite: tienen que trabajar las dos. Hay otro caso fuera del 190.1: tras la nulidad, la separación, el divorcio o la ruptura de la pareja de hecho, o con violencia de género, el art. 191.2 reconoce el derecho a quien conviva con la persona enferma aunque la otra no trabaje.

El art. 191.1 remite a los requisitos, términos y condiciones de la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la sección 1.ª del capítulo VI. La incapacidad temporal por contingencias profesionales es la tentación: de ella se toma la base reguladora del subsidio (art. 192.1), no los requisitos de acceso.

El art. 190.2 encarga la acreditación a un informe del facultativo de atención primaria o especializada del servicio público de salud de la comunidad autónoma. Que la prestación la pague la mutua (art. 192.3) no da a sus médicos la acreditación, y ni el INSS ni el órgano de valoración de la discapacidad intervienen en este punto: la discapacidad solo cuenta para alargar la prestación pasados los 23 años.

En la nulidad, la separación, el divorcio o la extinción de la pareja de hecho, y cuando se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho se reconoce a la persona progenitora, guardadora o acogedora que conviva con la persona enferma, aunque la otra no trabaje, si cumple los demás requisitos. Lo decide la convivencia: no la patria potestad, que suelen conservar los dos, ni los ingresos, ni un reparto por mitades.

El párrafo tercero del art. 190.3 alarga la prestación hasta los 26 años si, antes de los 23, la persona causante acredita además una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El 33 % es el grado desde el que se reconoce la discapacidad en general, y aquí no basta; el 50 % es la reducción mínima de jornada del art. 190.1, no un grado de discapacidad.

Alcanzada la mayoría de edad, la prestación se mantiene hasta los 23 años si persisten la enfermedad, diagnosticada antes, y la necesidad de hospitalización o tratamiento y de cuidado. Los 26 años son el escalón siguiente y piden algo más: acreditar antes de los 23 una discapacidad igual o superior al 65 %. Los 21 y los 25 años no aparecen en el artículo.

El art. 192.3 da la gestión y el pago a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, a la entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, en coherencia con que la base sea la de la incapacidad temporal por contingencias profesionales. El INSS solo la gestiona si es esa entidad; la Tesorería es un servicio común, no una entidad gestora, y el servicio de salud acredita la enfermedad pero no paga.