Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: qué son y cómo se gobiernan

El art. 80.3 cierra la colaboración a todo lo que huela a negocio: no puede fundar operaciones de lucro mercantil ni comprender la captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Lo demás la ley lo permite: el art. 82.2 admite conciertos con medios privados para la asistencia sanitaria profesional, el 82.4.e los convenios con los servicios públicos de salud y el 82.3 la investigación dirigida a reducir las contingencias profesionales.

El máximo es de doce miembros, designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con una representación de las asociaciones profesionales de autónomos. Es un tope, no una cifra fija; el ministerio regula su composición y su funcionamiento.

Son dos llaves y las dos están fuera de la mutua: la autorización del médico del servicio público de salud, que es quien lleva el proceso, y el consentimiento informado del paciente. El INSS no autoriza estas pruebas y la empresa no tiene nada que consentir sobre la salud de su trabajador; los resultados, además, van al facultativo público para la historia clínica.

La incompatibilidad es entre mutuas: quien forma parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento o de la Comisión de Prestaciones Especiales de una no puede formar parte de ninguno de esos órganos de otra. El art. 91.1 mira los cargos en los órganos de otra mutua o las funciones ejecutivas en otra entidad, no el hecho de estar asociado a otra: el art. 83.1.a) permite asociarse por provincias a mutuas distintas. Tampoco alcanza al cargo en una organización empresarial, y formar parte de la Junta General no impide nada, porque la integran todos los asociados (art. 86.1).

La presidencia va unida a la de la Junta Directiva: quien la ocupe en cada momento preside también la Comisión. Es la única excepción a la regla de que ningún miembro de la Junta Directiva ni nadie que trabaje para la entidad puede formar parte de ella, y por eso el Director Gerente queda fuera. Que la elija la propia comisión entre sus miembros es la regla de otro órgano, no de esta.

La primera palabra la tiene la mutua: le corresponde la determinación inicial del carácter profesional. No es la última, porque la entidad gestora competente puede revisarla o calificarla de acuerdo con las normas de aplicación; por eso el INSS es el distractor tentador, pero interviene después, no al principio. El servicio de salud asiste y la Inspección de Trabajo vigila, pero ninguno de los dos hace esa determinación inicial.

El empresario no deja de ser asociado ni de integrar la Junta General, de la que forman parte todos los asociados; lo que pierde, mientras no esté al corriente, es el derecho a voto. La misma regla se aplica a los representantes de los autónomos adheridos. No hay exclusión, ni voto reducido, ni una autorización de la Junta Directiva que lo salve.

El mínimo es de cincuenta empresarios, y la ley añade dos umbrales que han de cumplir entre todos: treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a veinte millones de euros. Diez o veinte se quedan cortos y cien no es la cifra de la ley; además, el número de empresarios no basta por sí solo si no se alcanzan los otros dos umbrales.

El art. 79 distingue dos niveles: la colaboración por mutuas y empresas, regulada en el resto del capítulo VI, y la de asociaciones, fundaciones y otras entidades, a las que el apartado 2 solo exige inscribirse antes en un registro público. No pide un convenio anual ni una autorización del Consejo de Ministros, y el ámbito estatal es un rasgo que la ley predica de las mutuas, no un requisito de estas otras entidades.

El art. 85 ordena los órganos en tres grupos: los de gobierno (Junta General, Junta Directiva y Director Gerente), el de participación institucional, que es la Comisión de Control y Seguimiento, y la Comisión de Prestaciones Especiales, que tiene una función propia y distinta. Las dos juntas gobiernan; ninguna de ellas es el cauce de participación de los agentes sociales.

Los asociados asumen responsabilidad mancomunada: cada uno responde de su parte, y únicamente en los supuestos y con el alcance que la ley establece (su régimen está en el art. 100.4). No es solidaria, que permitiría exigir a un solo empresario la deuda entera; tampoco es nula, ni recae solo en quienes dirigen la mutua.

La personalidad jurídica nace con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la orden de autorización, que consigna también su número de registro. Firmar los estatutos no basta, porque el ministerio tiene que aprobarlos y autorizar la constitución; el registro que cuenta es el de Mutuas Colaboradoras, no el Mercantil, y la entrega de cuotas es consecuencia de existir, no su origen.

La Junta Directiva tiene entre diez y veinte empresarios asociados, el treinta por ciento de ellos de las empresas con más trabajadores, más un trabajador por cuenta propia adherido.

Durante los dos meses siguientes a la liquidación y pago, los pagos son provisionales y la mutua puede regularizarlos; pasado ese plazo, adquieren carácter definitivo. Las otras cifras no aparecen en la regla: ni un mes ni tres ni seis.

La regla es provincial: quien opta por una mutua para los riesgos profesionales debe proteger en ella a todos los trabajadores de sus centros situados en la misma provincia. No se elige trabajador a trabajador, ni la ley extiende la obligación a la comunidad autónoma o a toda la plantilla: los centros de Málaga pueden ir a otra entidad.

La Junta General, órgano de gobierno superior, se reserva las decisiones de fondo sobre la entidad: la reforma de los estatutos, la fusión, la absorción y la disolución, entre otras. Convocarla, incluso con carácter extraordinario, y formular las cuentas anuales son tareas de la Junta Directiva, que también fija las retribuciones del Director Gerente; la Junta General aprueba las cuentas, pero no las formula.

El convenio de asociación, que es el instrumento que formaliza la asociación a la mutua, dura un año y se prorroga por periodos de igual duración; el reglamento regula su procedimiento, su contenido y sus efectos. Las demás duraciones no son las de la ley.

El Director Gerente está vinculado por un contrato de alta dirección, la relación laboral especial del Real Decreto 1382/1985; lo nombra la Junta Directiva y su eficacia depende de la confirmación del ministerio. La relación laboral ordinaria del Estatuto es la del personal no directivo de la mutua (art. 88.5), que es el distractor tentador. Al ser la mutua una entidad privada, no hay nombramiento funcionarial.

De las contingencias comunes, la mutua gestiona la prestación económica por incapacidad temporal: el subsidio, no la asistencia sanitaria, que sigue en manos del servicio público de salud (el art. 82.4.d dice que sus pruebas y tratamientos nunca suponen asumirla). La pensión de incapacidad permanente y el nacimiento y cuidado de menor no figuran entre las actividades del art. 80.2.

Ante el silencio de la Inspección Médica, la mutua puede solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene cinco días hábiles para resolver. La mutua no puede dar el alta por sí misma, porque el control sanitario de altas y bajas no es suyo; la ley no convierte el silencio en estimación, y tampoco le permite suspender el subsidio por ese motivo.