El patrimonio, los resultados y el control de las mutuas, y la colaboración de las empresas

El resultado de una mutua se calcula por separado en tres ámbitos, y el art. 95.1.a) junta en el primero los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales con el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave y las actividades preventivas. No hay un ámbito propio para el embarazo; los otros dos son la incapacidad temporal por contingencias comunes y el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

La colaboración del art. 102.1.a) se limita a las contingencias profesionales: la empresa asume a su cargo la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, junto con la asistencia sanitaria y la recuperación profesional. La incapacidad temporal por contingencias comunes solo puede adelantarla pagándola a cargo de la entidad gestora o la mutua, que es la otra forma de colaborar, la de la letra b).

La reserva de contingencias profesionales es obligatoria desde el 20 % de la media anual de las cuotas del último trienio, y la mutua puede elevarla voluntariamente hasta el 30 %, que es su nivel máximo; el 30 % es, por tanto, el techo y no el suelo. Esta reserva sirve para corregir las desigualdades del resultado entre unos ejercicios y otros, y cada ámbito de la gestión tiene la suya, con sus propios porcentajes.

Aunque el patrimonio adscrito es de titularidad pública, el art. 92.3 lo sujeta a los resultados de la gestión singularizada de cada mutua: puede liquidarse para atender sus necesidades y obligaciones, y lo que se obtiene al venderlo, o al cambiar su adscripción a otra mutua o a una entidad pública del sistema, vuelve a la mutua de la que procede el bien. No se lo queda la Tesorería General por ser la titular, ni se reparte con ella, ni va al Fondo de Reserva.

El Libro de Reclamaciones va destinado al órgano de dirección y tutela del Ministerio, pero la ley no le encarga la respuesta: la mutua contesta directamente y después le comunica la queja junto con su respuesta, de modo que el órgano de tutela conoce todas y puede actuar. La Inspección de Trabajo no recibe copia de oficio, y ningún plazo traslada la queja al Defensor del Pueblo.

La auditoría anual de cuentas, y también la de cumplimiento, la hace la Intervención General de la Seguridad Social, conforme a la Ley General Presupuestaria: las mutuas manejan recursos públicos y no eligen a su auditor. El Tribunal de Cuentas interviene por otra vía, porque ante él rinden sus cuentas anuales, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no audita cuentas.

El apartado 1 parte de la empresa individual y de su propio personal, pero el apartado 4 permite autorizar esa misma colaboración a agrupaciones de empresas constituidas a este único efecto, si reúnen las condiciones que fije el Ministerio. No basta con pertenecer a un mismo grupo mercantil, y la mutua no es la vía: la colaboración de las empresas es una forma distinta de colaborar en la gestión.

La Reserva Complementaria cubre tres partidas: el exceso de gastos de administración, los gastos procesales de pleitos que no versen sobre prestaciones y las sanciones administrativas, siempre que no haga falta para cancelar déficits. El art. 96.2 prohíbe expresamente aplicarla a gastos indebidos o a retribuciones del personal por encima de lo permitido: esos los pagan los empresarios asociados por derrama (art. 100.4). Las ayudas a los accidentados tienen su propia reserva.

El 1 de enero de 1967 es la frontera limpia: lo incorporado antes forma parte del patrimonio histórico sin más. Entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975 también entra, pero solo lo que provenga del 20 % del exceso de excedentes; por eso el final de 1975 no vale como respuesta, porque exige esa condición. Además, cualquiera que sea la fecha, son patrimonio histórico los bienes que procedan de recursos distintos de las cuotas de la Seguridad Social.

La fusión y la absorción son causas de disolución, pero el art. 101 las saca del proceso liquidatorio: no se liquida ninguna de las mutuas integradas, y la resultante o la absorbente se subroga en todos sus derechos y obligaciones, no en una parte. Tampoco quedan operando aparte: se extinguen al integrarse.

El 10 % dota la Reserva de Asistencia Social, con la que la mutua paga prestaciones de asistencia social autorizadas a los trabajadores accidentados que protege, sobre todo a los que sufren una discapacidad sobrevenida: rehabilitación, reorientación profesional, adaptación de medios y puestos, y ayudas a sus derechohabientes, siempre ajenas y complementarias a la acción protectora. La Reserva Complementaria y el Fondo de Contingencias Profesionales reciben porciones menores; la reserva del cese de actividad se nutre de otro ámbito.

La mutua acuerda la compra, pero no la formaliza ni la titula a su nombre: el art. 92.2 encarga la formalización a la Tesorería General y manda inscribir el inmueble a nombre de ese servicio común; la adquisición lleva implícita su adscripción a la mutua, que lo usa sin ser su titular. El INSS no interviene en la titularidad de estos bienes, y los empresarios asociados no adquieren nada sobre él.

El excedente de contingencias profesionales se reparte en cuatro porciones, y la mayor, el 80 %, sale de la mutua hacia el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con ingreso antes del 31 de julio de cada ejercicio. El 5 % y el 10 % son otras porciones del mismo reparto, de destino distinto; el 25 % no es una porción del excedente, sino el tope de una de las reservas que se dotan con él.

El Fondo, que nace del excedente de las mutuas, se reserva a lo que reduce y repara las contingencias profesionales: centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las mutuas, investigación e innovación en tratamientos de patologías de origen laboral, incentivos a las empresas que reducen la siniestralidad y servicios de prevención. No sanea a una mutua concreta: su déficit lo cubren sus reservas y, en último término, sus empresarios asociados, también el que resulte de liquidarla.

La regla general del art. 101 es que los excedentes de la liquidación van a la Tesorería General para los fines del sistema, porque proceden de recursos públicos; la excepción es el patrimonio histórico, que se aplica a los fines que fijen los estatutos de la mutua, pero solo una vez extinguidas sus obligaciones. No va al Fondo de Contingencias Profesionales ni se reparte entre los asociados.

El mismo Ministerio que puede imponer la colaboración obligatoria a todas las empresas o a las de ciertas características puede suspenderla o dejarla sin efecto cuando la empresa incumple sus obligaciones, entre ellas la de comunicar a la entidad gestora los datos del parte médico de baja. La ley no la convierte en voluntaria, no la sanciona con un recargo y no la traslada a la mutua.

El art. 99.2 lleva al orden social todas las reclamaciones sobre las prestaciones y servicios de la Seguridad Social que la mutua gestiona o que se fundan en ellos, y nombra expresamente las de carácter indemnizatorio, conforme a la Ley reguladora de la jurisdicción social. Que la mutua administre recursos públicos no lleva el pleito al contencioso, ni su naturaleza de asociación privada lo lleva al civil, y el trabajador no elige el orden.