La orfandad, las prestaciones en favor de familiares y las normas comunes de la muerte y supervivencia

Es la salvedad del art. 225.2: a quien fue declarado incapacitado para el trabajo antes de los dieciocho años, la orfandad le es compatible con la incapacidad permanente que cause después por lesiones distintas, o con la jubilación que gane trabajando. Elegir entre las dos es la regla cuando las pensiones nacen de la misma incapacidad, que no es este caso. La contingencia de las lesiones nuevas no cuenta para nada.

El mínimo de la pensión de orfandad por violencia contra la mujer no se carga a las cotizaciones: la diferencia entre lo que habría correspondido y lo que de verdad se abona la paga el Estado, con una transferencia al presupuesto de la Seguridad Social. Es una protección que decide el Estado y que financia él. El Fondo de Reserva tiene su propio destino, que no es este, y la asistencia social de las comunidades autónomas no entra en la pensión.

El art. 224.3 extiende la orfandad a los hijos menores de veinticinco años en la fecha de la muerte, siempre que no trabajen o que lo que ganen no llegue al salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Clases Pasivas pone el mismo límite de edad para los huérfanos de los funcionarios.

Tienen que ser mayores de cuarenta y cinco años, y solteros, divorciados o viudos. Es el supuesto de quien dedicó años a cuidar a un familiar pensionista y, al morir este, queda sin medios a una edad en que es difícil empezar a trabajar: por eso la ley se lo reconoce «en todo caso», sin dejarlo al reglamento.

Es la excepción al límite del art. 229: cuando la viudedad se calcula con un porcentaje superior al 52 %, la suma de todo puede pasar de la base reguladora, pero las orfandades juntas nunca pasan del 48 %. El 52 % es el umbral que abre la excepción, no el tope de las orfandades: los dos números suman cien y por eso se confunden.

Una absolución, aunque no sea firme, basta para levantar la suspensión mientras se resuelve el recurso. Si al final se le condena, procede la revisión y devuelve también lo cobrado mientras la suspensión estuvo alzada; si se confirma la absolución, recupera lo que dejó de percibir. Ni se paga a medias mientras tanto ni la absolución extingue nada.

Se computa la totalidad de las bases cotizadas durante el periodo que fija el reglamento, anterior al mes previo al del hecho causante: la ley no fija el periodo ni cómo se elige: lo remite al reglamento. Tampoco se toma una sola base, la del último mes: se suman todas las del periodo.

La pensión suspendida no queda congelada sin más: con cargo a ella pueden atenderse las obligaciones de alimentos en favor de quienes cobran orfandad o pensiones en favor de familiares causadas por la víctima, con el límite de lo que correspondería a la viudedad. La responsabilidad civil y las costas son cosa del proceso penal, no de la Seguridad Social.

La viudedad, las orfandades y las pensiones en favor de familiares de un mismo causante no pueden sumar más que la base reguladora que corresponde por sus cotizaciones. El tope máximo anual de las pensiones públicas es otro límite, el de lo que puede cobrar cada pensionista, y ni la jubilación hipotética ni el salario del fallecido sirven de medida.

El orden empieza por los más desprotegidos: nietos y hermanos del causante menores de dieciocho años o mayores incapacitados. Después vienen el padre y la madre, luego los abuelos, y en último lugar los hijos y hermanos de pensionistas contributivos de jubilación o incapacidad permanente. Lo que pide el instinto, poner a los padres delante, es el segundo puesto.

Se lo comunica al Ministerio Fiscal para que, conforme al art. 158 del Código Civil, inste las medidas sobre la persona o institución a la que debe abonarse la pensión del menor. Lo que busca la norma es que la orfandad no llegue a manos del presunto homicida: no es tarea de la Inspección, que vigila el cumplimiento de las normas sociales, ni de los servicios municipales.

El art. 225.1 hace la pensión de orfandad compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, con las del propio huérfano y con la pensión de viudedad del cónyuge. Ni el salario de la madre ni su viudedad tocan la orfandad de la hija: son derechos distintos, de personas distintas.

Cuando la muerte se debe a violencia contra la mujer, la ley pone un suelo a la pensión de orfandad: el doble del salario mínimo mensual, el mismo importe que tiene la prestación de orfandad de quien no reúne los requisitos de la pensión. El 75 % del salario mínimo es otra cosa: el umbral de rentas de la unidad familiar del art. 233.3.

La madre no causa pensión de orfandad: no estaba en alta ni en situación asimilada, no era pensionista y no tenía los quince años cotizados con los que el párrafo segundo del art. 224.1, por remisión al 219.1, la permite sin alta. Para eso está la prestación de orfandad: la tienen los hijos e hijas de la causante muerta por violencia contra la mujer que cumplen los requisitos de edad. El art. 224.1 vigente ya no pide que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, pero el art. 216.3, que no se ha tocado, sigue pidiéndolo; aquí se cumple, así que la clave vale con las dos lecturas. La pensión en favor de familiares es para otros parientes, no para los hijos.

La ley no distingue entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos: cada uno tiene derecho a la pensión en régimen de igualdad, cualquiera que sea su filiación, y no hay preferencia entre ellos. Convivir con el causante y estar a su cargo son condiciones de la pensión en favor de familiares del art. 226.2, no de la orfandad.

Las dos orfandades son incompatibles y la huérfana elige una: así lo dice el art. 224.2 para la que nace de la muerte de un adoptante. No pierde la primera de forma automática, porque la elección es suya. Y aunque el art. 225.1 permite, en la muerte por violencia contra la mujer, cobrar otra orfandad de cualquier régimen, lo hace sin perjuicio del art. 224.2, que para este caso manda optar.

La ley trata al separado legalmente como si su matrimonio se hubiera disuelto: tiene, respecto de sus ascendientes y descendientes, los derechos que tendría un divorciado o un viudo. Por eso puede acceder a una prestación en favor de familiares que exige no estar casado; la separación no lo deja sin derechos, ni el convenio regulador decide nada sobre una prestación pública.

El límite se mira una vez, al fijar las cuantías iniciales. Si después la revalorización periódica del art. 58 hace que la suma lo pase, no se recorta nada. Y alcanza a todas las pensiones por muerte y supervivencia del causante, la viudedad incluida, no solo a las orfandades.

El art. 224.1 solo le pide al hijo, en el momento de la muerte, ser menor de veintiún años o estar incapacitado para el trabajo: no le pregunta si trabaja ni cuánto gana. El límite de ingresos del salario mínimo es del apartado 3, el que alarga la orfandad hasta los veinticinco años a quien ya pasa de los veintiuno. Y el art. 225.1 hace la pensión compatible con las rentas del trabajo del propio huérfano, sin recortarla.

La ley no ata el pago a la patria potestad ni a una designación judicial: se abona a quien tenga a su cargo a los beneficiarios, y el reglamento concreta quién es. Por eso puede no ser el progenitor superviviente, por ejemplo si el huérfano vive a cargo de otra persona.