El patrimonio y los recursos de la Seguridad Social

El art. 106.1 manda vender estos inmuebles en subasta pública. La enajenación directa es la excepción y necesita una autorización expresa, que el mismo apartado regula. El concurso público no es la regla de la venta, y el procedimiento negociado no aparece en el precepto.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria compra lo que necesita con la autorización de su propio director general, pero el art. 105.2 exige antes el informe de la Tesorería General de la Seguridad Social. A partir de la cuantía que fije la Ley de Presupuestos hace falta, además, la autorización del ministro del ramo sanitario. La Tesorería informa, no autoriza, y el precepto no pide informe de la Intervención.

El art. 109.3.b) pone los complementos por mínimos de las pensiones entre las prestaciones de naturaleza no contributiva, aunque la pensión que completan sea contributiva: el complemento no responde a lo cotizado, sino a garantizar una cuantía mínima. Por eso se financia con aportaciones del Estado, como lo demás no contributivo, y no con las cuotas. No es asistencia social ajena a la acción protectora, y no cambia según la clase de pensión.

Salvo que el acuerdo de adscripción o de traspaso prevea otra cosa, el art. 104.3.d) encarga a la administración o entidad que tiene adscrito el inmueble asumir, por subrogación, el pago de las obligaciones tributarias que lo afectan, igual que le encarga las reparaciones de conservación, las obras de mejora y las acciones posesorias. No las paga la Tesorería General, ni el ministerio que acordó la adscripción, ni se reparten a medias.

La modalidad no contributiva y universal se financia, como regla, con aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, y esa es la respuesta tentadora. Pero el art. 109.2 exceptúa la asistencia sanitaria y los servicios sociales cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas: entonces la financiación sigue el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento. Las cuotas no financian la asistencia sanitaria no contributiva, y el Fondo de Compensación Interterritorial es el del art. 158.2 de la Constitución, no una pieza de la LGSS.

El art. 103.2 ordena las fuentes: primero la LGSS y sus normas de aplicación y desarrollo y, en lo no previsto, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyas referencias a los órganos de Hacienda se entienden hechas a los de la Seguridad Social. Las Leyes 40/2015 y 39/2015 regulan la organización del sector público y el procedimiento, no los bienes; la Ley 7/1985 regula los bienes de las entidades locales, no los de la Seguridad Social.

La adscripción pone el inmueble al servicio de otra administración o entidad pública, que lo usa, pero el art. 104.2 dice expresamente que no altera la titularidad: el bien sigue en el patrimonio único de la Seguridad Social. Ni la aceptación ni la duración de la adscripción la trasladan, y tampoco nace una cotitularidad con la comunidad.

El art. 110.2 constituye en la Tesorería General un fondo de estabilización único para todo el sistema, con una finalidad: atender las necesidades que originan las desviaciones entre ingresos y gastos, un colchón frente a los desequilibrios de cada ejercicio. Los capitales coste y la compensación de resultados de las mutuas son piezas del apartado 3 del mismo artículo, y lo no contributivo se paga con aportaciones del Estado.

Por regla, el no uso o el cambio de destino hace revertir el inmueble al patrimonio de la Seguridad Social (art. 104.4). La salvedad que admite el precepto es una: que la persona titular del ministerio competente en Seguridad Social, hoy el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, autorice el cambio de uso o de destino. Haber pagado mejoras, que el nuevo fin sea también público o el tiempo que lleve adscrito no impiden la reversión.

El art. 103.1 junta las cuotas, los bienes, los derechos, las acciones y los demás recursos de la Seguridad Social en un patrimonio único, afecto a sus fines y distinto del patrimonio del Estado. No hay un patrimonio por entidad gestora: aunque cada una use bienes, todos forman una sola masa. Y no es una parte del patrimonio estatal, aunque el Estado aporte recursos a la Seguridad Social.

El art. 106.1 reparte la autorización por el valor del inmueble según tasación pericial: hasta el umbral legal la da el ministerio competente en Seguridad Social (el precepto aún lo llama de Empleo y Seguridad Social); por encima, el Gobierno. Por eso el ministro es el distractor tentador: autoriza las ventas de menor valor, no esta. La Tesorería General no autoriza la venta y las Cortes no intervienen.

El segundo párrafo del art. 109.2 junta en un mismo grupo las prestaciones contributivas, los gastos de su gestión y los de funcionamiento de los servicios de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial: todo eso se financia básicamente con las cuotas, los recargos y sanciones, los rendimientos del patrimonio y los demás ingresos del art. 109.1, más las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas. No van con lo no contributivo ni con la asistencia transferida, ni forman un grupo aparte.

La cesión gratuita de uso del art. 107.4 la acuerda la persona titular del ministerio competente en Seguridad Social, a propuesta de la Tesorería General y previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado, para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social. Es una comunicación, no una autorización: ni el Consejo de Ministros ni las Cortes intervienen, y el Consejo de Estado no informa.

El art. 105.1 encarga estas compras a la Tesorería General y les fija el concurso público como regla. La adquisición directa es la excepción: cabe cuando el ministerio la autoriza por las peculiaridades de la necesidad que hay que cubrir o por la urgencia de la compra. La subasta no es el procedimiento que el precepto prevé para comprar, y el procedimiento negociado no aparece en él.