Las prestaciones familiares no contributivas

La LGSS no escribe la cuantía: remite a la ley de presupuestos generales del Estado de cada año, que la fija en su importe anual (y que fija también la cuantía específica de los casos más graves). No la ata al IPREM ni al salario mínimo, ni la deja a un real decreto del Gobierno.

El art. 357.1 cubre el nacimiento en una familia numerosa y también en la que, con tal motivo, adquiere esa condición: el hijo que la convierte en numerosa ya da derecho. No hace falta serlo antes, ni sumar la monoparentalidad, que es un supuesto distinto; y qué es familia numerosa lo dice su propia ley, no un número de hijos fijado aquí.

El art. 359 remite solo a las letras a) y c) del art. 352.1: residencia legal en España y no tener derecho, ni el padre ni la madre, a una prestación de la misma naturaleza en otro régimen público. No hay límite de ingresos, al contrario que en la prestación por nacimiento en familias numerosas o monoparentales, que sí lo pide. Que el parto o la adopción sea en España lo exige el propio artículo.

La extinción surte efecto desde el último día del trimestre natural dentro del cual se produjo la variación: el 10 de mayo cae en el segundo trimestre, que acaba el 30 de junio. La ley no corta en la fecha de la variación ni a fin de mes; el 30 de septiembre cierra el trimestre siguiente, no el de la variación.

Antes de los dieciocho años basta un grado igual o superior al 33 %: es el umbral general de la discapacidad. El 25 % no llega a él, y el 50 % no es un umbral de este artículo. Un grado más alto que el 33 % no se pide al menor: la ley lo reserva para cuando el hijo ya ha cumplido los dieciocho.

La asignación es incompatible con que el propio hijo sea pensionista no contributivo, de invalidez o de jubilación: las dos protegen la misma falta de rentas con fondos no contributivos. El art. 361.3 conserva el nombre de invalidez, pero la Ley 2/2025 (disposición adicional única) la rebautizó incapacidad no contributiva. La pensión contributiva de incapacidad permanente es el gemelo tentador, y el artículo no la nombra.

No la causa, porque a partir de los dieciocho años el grado mínimo sube al 65 %, y un 50 % no llega. Pero cumplir los dieciocho no cierra la asignación: el hijo mayor de edad sigue causándola si alcanza ese grado. Que trabaje o no es otra cuestión: aquí lo que falla es el grado.

Trabajar no le quita la condición de hijo a cargo mientras siga viviendo con el beneficiario y sus rendimientos del trabajo no pasen del 100 % del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual. El 50 % y el 75 % recortan un margen que la ley da entero; el 150 % lo estira más allá de lo que permite.

Es un pago único, no una prestación periódica como la asignación por hijo a cargo, y su cuantía la escribe la propia ley: 1.000 euros. No va en veces el salario mínimo; en esa unidad se mide la prestación por parto o adopción múltiples, que es otra.

Se devengan por mensualidades: las que, dentro de cada ejercicio económico, correspondan al beneficiario. El trimestre es otra regla, la de los efectos; y cuándo se abonan lo dejan las normas de desarrollo, sin cambiar que el devengo es mensual.

La letra a) pide solo que el beneficiario resida legalmente en territorio español, sin un tiempo mínimo de residencia anterior; el hijo o menor también tiene que residir en España. El plazo de residencia previa es requisito de otras prestaciones, no de esta; y vivir en otro Estado de la Unión no basta, porque la ley habla de territorio español.

Cuando faltan los dos padres, la asignación no se pierde: el propio huérfano pasa a ser beneficiario de la que, en razón de él, les habría correspondido, siempre que tenga el grado que se pide a su edad. El tutor y la entidad pública pueden representarlo o cuidarlo, pero la ley no los hace beneficiarios.

La asignación del art. 351.a) se causa hoy solo por hijos o menores con discapacidad. La que se pagaba por hijos sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 % no admite solicitudes nuevas desde el 1 de junio de 2020, cuando el Real Decreto-ley 20/2020 creó el ingreso mínimo vital; hoy lo recoge la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2021, y queda a extinguir para quienes ya la cobraban. El pago único por nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre o padre con discapacidad y el del parto o adopción múltiples siguen en las letras b) y c).

La prestación por nacimiento cubre a las madres o padres con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. El 33 % no basta aquí; el 50 % no es un umbral de este artículo, y el 75 % pide más de lo que la ley exige al progenitor.

La LGSS da su propia definición, con dos condiciones a la vez: un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado, y que sea el sustentador único de la familia. La custodia tras una separación no basta si hay otro sustento, y el título autonómico no sustituye a la definición de la ley.

La cuantía específica se reserva al hijo mayor de dieciocho años con un grado igual o superior al 75 % que, además, necesita el concurso de otra persona para los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer. El 65 % no abre la cuantía específica del 353.2, y tampoco el 33 % ni el 50 %.

La ley evita el salto brusco: si los ingresos superan el límite, pero quedan por debajo del límite más el importe de la prestación, se cobra la diferencia entre esa suma y los ingresos. No se pierde todo por pasarse un poco, ni se cobra entera o por mitad; y si la diferencia fuera inferior al mínimo de la ley de presupuestos, entonces sí, no se reconocería.

El límite que fija cada año la ley de presupuestos sube un 15 % por cada hijo a cargo desde el segundo, incluido el segundo. Las familias numerosas tienen además otro límite propio, con su incremento por hijo desde el cuarto; las demás cifras no aparecen en el artículo.

Cuando los progenitores conviven cuentan los ingresos de los dos juntos: si la suma pasa del límite, ninguno es beneficiario. Mirar solo al que menos gana permitiría saltarse el límite repartiendo los ingresos, que es lo que la regla impide; y la ley no da preferencia a la madre ni reparte la prestación por mitades.