Los procedimientos y las notificaciones electrónicas en materia de Seguridad Social

El primer párrafo del art. 129.3 fija para los procedimientos de Seguridad Social iniciados a solicitud del interesado un sentido propio del silencio: vencido el plazo sin resolución expresa, la petición se entiende desestimada. Es una regla de la ley de la Seguridad Social, que rige aquí en lugar de la general del procedimiento común, y por eso la estimación es la respuesta tentadora para quien solo recuerda la Ley 39/2015. La caducidad no es el efecto de la falta de resolución en un procedimiento que pidió el interesado, y la solicitud no queda en suspenso: el silencio produce su efecto al vencer el plazo. El mismo apartado exceptúa algunos procedimientos, pero el de una pensión no está entre ellos.

El art. 132.2 hace obligatoriamente electrónicas estas notificaciones y las declara válidas y vinculantes a todos los efectos legales para la empresa, aunque se practiquen al autorizado del Sistema RED; la única salida es que la empresa haya manifestado su preferencia por recibirlas ella directamente o un tercero. El traslado del autorizado a la empresa es el distractor tentador, porque parece de sentido común, pero la ley no hace depender de él la eficacia; tampoco exige notificar además en el domicilio ni distingue entre efectos.

El segundo párrafo del art. 132.4 lleva los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social, y sus informaciones de interés general, al Tablón de Anuncios de la Seguridad Social, que está en su sede electrónica y gestiona la Secretaría de Estado. El «Boletín Oficial del Estado» tienta porque el primer párrafo del mismo apartado lo reserva para las notificaciones que no han podido practicarse, que es justo lo que la pregunta deja fuera. Un tablón físico en cada dirección provincial o el boletín de la provincia no aparecen en el precepto, y la publicación en el tablón es complementaria cuando otra norma exige otro medio.

El art. 129.4 permite que las resoluciones de la Secretaría de Estado y del Servicio Público de Empleo Estatal establezcan métodos seguros de identificación por el canal telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, y les pone una vara de medir: la fiabilidad de la presencia física, es decir, que identifiquen tan bien como si el interesado estuviera delante. La firma electrónica cualificada y el DNI electrónico tientan porque son la referencia habitual de la identificación electrónica, pero el precepto no los toma como medida; el notario no aparece en él.

El art. 130, al amparo del art. 41.1 de la Ley 40/2015, permite la actuación automatizada en la gestión de la protección por desempleo y de las demás prestaciones de la ley, y también en la afiliación, la cotización y la recaudación; la única exclusión expresa son las pensiones no contributivas. El desempleo tienta por tener su título propio y su propia entidad gestora, pero el precepto lo nombra en primer lugar; la afiliación y la recaudación cierran la enumeración.