La liquidación y la recaudación de las cuotas en periodo voluntario

Con la liquidación transmitida en plazo y el pago dentro del primer mes natural siguiente, la empresa está en el primer tramo del art. 30.1.a): un recargo del 10 % de la deuda, el más bajo del artículo. El 20 % y el 35 % son recargos del mismo artículo para otros supuestos, que aquí no se dan; el 5 % es el recargo ejecutivo de la Ley General Tributaria, no el de la Seguridad Social.

El último párrafo del art. 29.2 protege a quien pide en plazo que se corrija un error material, aritmético o de cálculo que es solo de la Administración: sus obligaciones no se tienen por incumplidas aunque la liquidación corregida llegue fuera de plazo. La ley no le pide adelantar ningún ingreso para conservar esa protección; el retraso que la Administración causa no se le carga a la empresa.

El art. 28 manda ingresarlos conjuntamente con las deudas sobre las que recaen: recargo e intereses viajan con el principal en un mismo pago, no en uno posterior ni en una liquidación separada de la Tesorería. Tampoco hay un orden que obligue a pagarlos primero; cómo se reparte un cobro que no llega a cubrirlo todo lo dice otro artículo, el 32, para la deuda apremiada.

Devengarse y ser exigibles son cosas distintas. El art. 31.1 hace exigibles los intereses, en todo caso, cuando la deuda sigue sin pagarse quince días después de notificada la providencia de apremio, o de comunicado el inicio del procedimiento de deducción. La reclamación de deuda y el acta de liquidación abren un plazo de pago en periodo voluntario, no la exigencia de intereses, y el primer mes natural es un tramo del recargo, no de los intereses.

Es el peor de los supuestos del art. 30.1: ni liquidación transmitida en plazo ni pago dentro del plazo que dio la reclamación de deuda. La letra b).2.º le aplica el recargo más alto, el 35 % de la deuda. Mientras ese plazo seguía abierto el recargo era menor, y por eso pagar a tiempo la reclamación sigue mereciendo la pena. El 10 % es de otro supuesto del mismo artículo, y el 5 % es el recargo ejecutivo de la Ley General Tributaria.

El requerimiento previo reconocimiento de la deuda deja el plazo a la Inspección, dentro de una horquilla: no inferior a un mes ni superior a cuatro. Si la empresa no cumple el requerimiento, la Inspección extiende acta de liquidación y de infracción por impago de cuotas. Las demás horquillas no aparecen en el artículo.

En la liquidación directa el cálculo lo hace la Tesorería, y por eso el art. 29.2 adelanta un día el límite: hasta el penúltimo día natural del plazo de ingreso. El último día natural es el tope del sistema de autoliquidación del art. 29.1, en el que el propio sujeto calcula y transmite sus cuotas; confundir los dos sistemas es el error típico. El décimo día no aparece en la ley, y ninguna transmisión cuenta como hecha en plazo si se hace una vez acabado el plazo de ingreso.

Lo que abre la compensación es cumplir en plazo las obligaciones de liquidación, no pagar en plazo: el art. 29.5 permite compensar las prestaciones abonadas por la colaboración obligatoria con las cuotas del mismo periodo «cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas». Por eso no se pierde por pagar tarde ni depende de que aún no haya reclamación. Y lo abonado en pago delegado es justo el crédito que la ley deja compensar.

La propuesta de la Inspección no puede faltar, pero no ata a quien resuelve: el art. 34.2 la califica de preceptiva y no vinculante. El órgano que eleva el acta a definitiva tiene que pedirla y puede apartarse de ella. Las otras tres combinaciones fallan en uno de los dos ejes: o la hacen prescindible, o le dan una fuerza que la ley le niega.

El art. 34.4 premia la conformidad con el pago: la sanción se reduce automáticamente al 50 % de su cuantía, es decir, a la mitad, sin que nadie tenga que acordarlo. Las otras rebajas no figuran en el artículo. La rebaja solo cabe si la liquidación supera la sanción propuesta inicialmente, como en el caso.

El art. 28 libra de recargo y de intereses un solo caso: que el ingreso tardío sea imputable a un error de la Administración, y siempre que esta no actúe como empresaria; si es ella la que emplea y paga tarde, responde como cualquier empresa. Transmitir la liquidación en plazo no exime de nada: decide en qué tramo del art. 30 cae el recargo, no si lo hay. Y la ley no concede ningún margen de días ni premia pagar antes de la reclamación con la exención.

Para los recursos distintos de las cuotas, el art. 30.2 fija un recargo único del 20 % si no se pagan en su plazo reglamentario. Es la redacción vigente desde el 1 de enero de 2018 (Ley 6/2017); antes remitía al recargo de las cuotas. No se gradúa por el tiempo de retraso ni por haber liquidado o no, y el 35 % no es el de estos recursos.

El art. 35.2 toma la remuneración total a la que el trabajador tiene derecho, o la que efectivamente percibe si es superior: entre las dos, la mayor. Pagarle por debajo de lo debido no rebaja la cotización, y por eso la remuneración real no basta si es menor. Tampoco sirve la base que la empresa venía declarando, que es justo lo que el acta corrige, ni una base mínima de grupo.

Aunque no se puedan exigir hasta más tarde, los intereses del principal corren desde el principio: el art. 31.2 los cuenta desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso. Lo que se cuenta desde que son exigibles es otra cosa, los intereses que devenga el recargo. Ninguna notificación posterior ni el fin del primer mes natural marcan el inicio del cómputo del principal.

Las dos letras del art. 30.1 se separan por una sola pregunta: si el sujeto responsable cumplió dentro de plazo las obligaciones de liquidación de los apartados 1 y 2 del art. 29. Lo demás decide el tramo dentro de cada letra, no la letra: el primer mes natural divide la a), y el plazo de la reclamación de deuda o del acta divide la b). El importe de la deuda no cuenta en ninguna.

El art. 32 fija el orden por fuera —primero la deuda objeto del embargo o garantía ejecutados, luego el resto; dentro, las costas y los títulos más antiguos— y, ya dentro de cada título, no prioriza ningún concepto: el importe se distribuye proporcionalmente entre principal, recargo e intereses. Ninguna de las tres partes se salda antes que las otras.

El art. 30 cuenta por meses naturales siguientes al del vencimiento, no por días: si el plazo vence en abril, el primer mes natural siguiente es mayo y junio es ya el segundo. Pagar en junio lleva al tramo del 20 %, aunque solo hayan pasado cuarenta y un días desde el vencimiento; el tramo inferior se acabó el 31 de mayo. El 35 % es de otro supuesto del mismo artículo, y el 5 % es el recargo ejecutivo de la Ley General Tributaria.

En la liquidación simplificada la Tesorería calcula y cobra por domiciliación, así que las diferencias que salen de su comprobación las exige ella misma con una liquidación de cuotas complementaria, sin recargos, que se cobra también por domiciliación en el plazo reglamentario. La reclamación de deuda y el acta de liquidación son el camino de las diferencias en la autoliquidación y la liquidación directa. Solo si no se paga se sigue con el procedimiento de recaudación.

El art. 31.3 toma el interés legal del dinero de cada momento del devengo y lo incrementa en un 25 %, salvo que la ley de presupuestos fije otro tipo. No lo dobla ni le suma la mitad: el castigo por pagar tarde está sobre todo en el recargo del art. 30, y el interés solo compensa el tiempo.

El acta de liquidación la extiende la Inspección en los supuestos que enumera el art. 34.1, y el primero de su lista es la falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquier régimen del sistema. Las otras tres no están en esa lista: el impago de cuotas bien liquidadas en plazo no necesita ningún acta, y las deudas por recursos distintos de las cuotas se exigen por reclamación de deuda (art. 33.4).