La recaudación de las cuotas en vía ejecutiva

El art. 37.1 ata las medidas cautelares a un riesgo: indicios racionales de que, si no se adoptan, el cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. Son provisionales y pueden adoptarse antes del apremio, así que no exigen una providencia notificada; tampoco un incumplimiento anterior del deudor ni la autorización de un juez: las acuerda la propia Tesorería, que ha de guardar la proporcionalidad con el daño que quiere evitar y no puede causar un perjuicio de difícil o imposible reparación.

El art. 40.3 no deja que el secreto bancario ampare la negativa a informar, y para los requerimientos sobre movimientos de cuentas, depósitos, préstamos y demás operaciones bancarias exige la autorización previa del titular de la Dirección General de la Tesorería o, en las condiciones que fije el reglamento, del de la dirección provincial competente. Es una autorización interna de la propia Tesorería: no hace falta juez, ni el consentimiento del deudor, ni la intervención del supervisor bancario. El requerimiento ha de precisar las operaciones, los sujetos y el periodo que investiga.

Cuando el deudor es una administración pública, un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o cualquier entidad de derecho público, el art. 38.6 no abre el apremio, sino el procedimiento de deducción: previa audiencia, la Tesorería retiene, por principal, recargo e intereses, lo que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado deba transferirse a la entidad, y la deuda se extingue al aplicar lo retenido. El apremio sobre su patrimonio solo se abre cuando la ley prevé que pueda tener bienes embargables.

Para la tercería de mejor derecho el límite está al final: no se admite después de que el recaudador haya recibido el precio de la venta, porque lo que se discute es quién cobra con preferencia, y mientras ese precio no se ha cobrado aún se puede decidir a quién va. El otorgamiento de la escritura pública es uno de los límites de la tercería de dominio, junto con la venta consumada y la adjudicación del bien en pago a la Seguridad Social; ni el embargo ni el anuncio de la subasta cierran ninguna de las dos.

El art. 38.4 pide que lo consignado cubra todo lo que el apremio puede llegar a cobrar, y las costas aún no se conocen cuando se recurre: por eso la ley fija una cantidad a cuenta, un 3 por ciento del principal, sobre las costas que establece el reglamento. No basta con la deuda, el recargo y los intereses, y no hay que esperar a que el recaudador liquide las costas causadas: el porcentaje se consigna de antemano. El 10 % no es la cifra del artículo.

El art. 37.5 permite intervenir los ingresos de los espectáculos públicos de las empresas cuyos trabajadores no han sido afiliados ni dados de alta, o por los que no se ha cotizado. Es una medida sobre el dinero que genera la actividad, no sobre la actividad misma: la ley no da a la Tesorería el poder de precintar el recinto ni de suspender licencias, que son de otras administraciones, ni el de exigir depósitos previos a cada función.

El art. 39.3 distingue las dos tercerías por su efecto. La de dominio, en la que el tercero dice que el bien embargado es suyo, suspende el procedimiento de apremio hasta que se resuelva, una vez tomadas las medidas de aseguramiento que siguen al embargo según la naturaleza del bien; al tercero no se le exige garantía. Seguir hasta la venta y consignar el precio en depósito es lo que ocurre con la de mejor derecho, en la que no se discute de quién es el bien, sino quién cobra antes.

El art. 40.4 obliga a los funcionarios a dar a la Seguridad Social toda la información que tengan y que necesite para liquidar, controlar la cotización y recaudar, con tres salvedades cerradas: el secreto de la correspondencia, el de los datos dados a la Administración con una finalidad exclusivamente estadística y el del protocolo notarial. El sigilo general del puesto no es una de ellas, que un expediente siga abierto tampoco, y ceder datos personales a la Seguridad Social para estas funciones no requiere el consentimiento del afectado (art. 40.6).

El art. 39.1 encarga a la Tesorería General resolver las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio, y hace de su interposición ante ella un requisito previo para ejercitarlas ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria. El tercero no puede saltarse esa fase yendo directamente al juez civil; y lo que viene después es la jurisdicción ordinaria, no la social ni la contencioso-administrativa.

El art. 41 hace responder del pago al depositario de bienes embargables que, sabiendo de antemano que se había practicado el embargo, colabora o consiente en que se incumpla la orden o se levanten los bienes. Lo que cuenta es ese conocimiento previo unido a su colaboración o consentimiento: la ley no exige una sentencia que lo declare, no mira si lo retirado supera la deuda y no pide que el banco saque provecho de la retirada.