La responsabilidad en orden a las prestaciones

El art. 167.2 nombra tres: afiliación, altas y bajas, y cotización. Son las obligaciones que hacen que la Seguridad Social conozca al trabajador y reciba sus cuotas, y por eso su incumplimiento traslada al empresario el pago de la prestación. Faltar a las medidas de prevención tiene otra consecuencia, el recargo de las prestaciones del art. 164, que pesa sobre el empresario infractor pero no le traspasa la prestación. El registro de jornada y la información a los representantes no aparecen en el artículo.

El derecho a resarcirse del coste de las prestaciones sanitarias es de quien las presta: el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o la comunidad autónoma correspondiente y, en su caso, las mutuas, y lo tiene con independencia de las acciones del trabajador. Para ejercerlo pueden personarse en el proceso penal o civil, o promoverlo, como terceros perjudicados. Ni el INSS ni la Tesorería General aparecen en este apartado: el derecho es de quien presta la asistencia.

El art. 168.1 hace al propietario de la obra o industria responsable subsidiario: responde de las obligaciones del empresario cuando este es declarado insolvente. No responde a la vez que él, que es lo que pasa en la sucesión de empresa. Las contratas de la propia actividad tienen su régimen en el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, que el 168.1 deja a salvo. El artículo no condiciona esta responsabilidad a haber pedido ningún certificado a la contratista.

La declara la entidad gestora competente, sea cual sea la prestación, y en esa misma declaración dice qué entidad debe anticiparla o constituir el capital coste. La Tesorería General recauda, pero no declara responsabilidades en materia de prestaciones; la Inspección no aparece en el reparto del art. 167.4, y la mutua puede ser la que anticipa, no la que declara.

El art. 168.3 deja abierta la vía de la indemnización: el trabajador o sus derechohabientes pueden exigir las indemnizaciones procedentes a los presuntos responsables criminal o civilmente, y no tienen que renunciar por ello a la prestación.

El cálculo incluye el interés de capitalización y el recargo por falta de aseguramiento, y excluye expresamente el recargo por falta de medidas de seguridad y salud del art. 164. Ese recargo tiene su propio régimen: recae directamente sobre el empresario infractor, no puede asegurarse (art. 164.2) y no forma parte del capital coste que se anticipa. El de falta de aseguramiento sí entra, porque castiga precisamente no haber cubierto la contingencia.

En la sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el adquirente responde solidariamente con el anterior titular, o con sus herederos, de las prestaciones causadas antes de la sucesión: se le puede reclamar a él sin esperar a nada. La responsabilidad subsidiaria tras la insolvencia es la del propietario de una obra contratada (art. 168.1), no la del que sucede en el negocio. El artículo no limita la deuda al valor de lo adquirido; para protegerse, el adquirente puede pedir el certificado de no responsabilidad que prevé el mismo apartado.

El art. 167.1 parte de un derecho ya causado: se han cumplido las condiciones del art. 165 (afiliación y alta, o situación asimilada, y la carencia que pida la prestación). Desde ahí la responsabilidad se reparte según las competencias de cada cual: entidades gestoras, mutuas, empresas colaboradoras o servicios comunes. No exige una comprobación de la Inspección ni un certificado de la Tesorería, y los tres meses son el plazo de retroactividad del art. 53.1, no una condición de imputación. Lo que pasa si la empresa no cumplió sus obligaciones es otra cosa, la del art. 167.2.

Al pagar en lugar del empresario, la entidad gestora ocupa la posición del beneficiario frente a él: se subroga en sus derechos y acciones y es ella quien le reclama. Por eso la deuda del empresario no se extingue, solo cambia de acreedor. El beneficiario no tiene que devolver nada: cobra la prestación que le corresponde y queda fuera de la reclamación. Y la prestación sigue siendo la contributiva que causó; el pago anticipado no cambia su modalidad.

El art. 167.3 nombra dos clases de empresas: las desaparecidas y las que, por su especial naturaleza, no pueden ser objeto de procedimiento de apremio. Son justo aquellas a las que no se podría cobrar, y por eso la ley aclara que el pago al beneficiario procede igual: el trabajador no se queda sin prestación porque no haya a quién reclamar. El artículo no menciona el concurso ni la liquidación, el aplazamiento de cuotas ni el recurso contra la declaración de responsabilidad.