La acción protectora de los autónomos y el sistema especial de los trabajadores por cuenta propia agrarios

El art. 318.a) suma las bases de cotización al RETA de los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante y divide entre ciento ochenta, los días de esos seis meses. Las cifras menores corresponderían a periodos de uno, dos o tres meses, que no son los que la ley toma. Si no hubiera estado de alta todo el periodo, el divisor serían los días de alta.

El accidente al ir o al volver es accidente de trabajo del autónomo, pero el lugar de la prestación ha de ser el establecimiento donde ejerce habitualmente, que no coincida con su domicilio y que sea el local, nave u oficina declarado afecto a la actividad a efectos fiscales. Los dos requisitos se suman: declarar la vivienda afecta no la convierte en lugar de la prestación, y atender allí a clientes tampoco.

La inclusión se hace con la declaración del interesado, pero su validez queda condicionada a que la Tesorería General de la Seguridad Social compruebe después que concurren de verdad los requisitos. Es la Tesorería la que gestiona el encuadramiento; el INSS reconoce prestaciones, y ni la comunidad autónoma ni la mutua deciden la inclusión.

El art. 318.c) extiende al RETA el importe mínimo de la incapacidad permanente total y el complemento de la gran incapacidad del art. 196, y precisa con qué base mínima se calculan: la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen que reconozca la pensión. Así el mínimo no depende del régimen en que se cause.

En el RETA, el art. 321.1 hace nacer la prestación por incapacidad temporal a partir del cuarto día de la baja en la actividad. Solo cuando el subsidio se origina por accidente de trabajo o enfermedad profesional nace antes, el día siguiente al de la baja, y una enfermedad común no lo es.

El art. 314 toma como acción protectora del RETA la del art. 42, con dos exclusiones: la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas. La incapacidad temporal, el riesgo durante la lactancia natural y la incapacidad permanente sí están dentro, con las reglas propias de este capítulo. Que el autónomo tenga una protección cuando cesa en su actividad no la convierte en desempleo: es otra prestación, con su propia regulación.

El art. 326, conforme a la disposición adicional tercera del Estatuto del trabajo autónomo, hace voluntarias en este sistema especial las dos coberturas: la incapacidad temporal y las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las leyes de presupuestos pueden establecer otra cosa, en particular para la incapacidad permanente y la muerte y supervivencia derivadas de contingencias profesionales.

Con trabajadores que cotizan por bases diarias, el límite del art. 324.1.c) es de quinientas cuarenta y seis jornadas reales al año, de 1 de enero a 31 de diciembre, por explotación; se reduce en proporción si el titular no ha estado de alta todo el año. Doscientas setenta y tres son las jornadas que se añaden por cada titular más de la explotación, no el límite de uno solo.

El art. 317 define con amplitud el accidente de trabajo del autónomo económicamente dependiente —con ocasión o por consecuencia de la actividad, e incluso al ir o volver—, pero añade una presunción en sentido contrario: el ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional se presume ajeno al trabajo. Es una presunción que admite prueba en contrario, así que el trabajador puede demostrar la relación.

El art. 325.c) rebaja 0,5 puntos porcentuales la cotización por la cobertura de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a quien tiene la protección por cese de actividad o la de contingencias profesionales. La rebaja no recae sobre la cotización por contingencias profesionales, y es de medio punto, no de uno.

El art. 324.3 extiende el sistema especial al cónyuge y a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, siempre que no sean trabajadores por cuenta ajena, sean mayores de dieciocho años y trabajen de forma personal y directa en la explotación familiar. Llega, por tanto, a los tíos y sobrinos del titular y a los de su cónyuge.

El art. 324.2 enumera como complementarias, entre otras, la transformación de sus productos y la venta directa de lo transformado, salvo la primera transformación, que cuenta como actividad agraria; la conservación del espacio natural y la protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo y la representación en instituciones y órganos vinculados al sector agrario. Vender productos ajenos o prestar servicios a terceros con medios de la explotación no figura en la lista.

El art. 324.1.a) pide dos proporciones de la renta total: al menos el 50 por ciento de actividades agrarias o complementarias y, además, no menos del 25 por ciento procedente directamente de la actividad agraria de la propia explotación. Y el tiempo dedicado a esas actividades ha de superar la mitad del tiempo de trabajo total.

El art. 316.1 hace obligatoria la cobertura de las contingencias profesionales en el RETA, y con ella la obligación de cotizar por ellas en los términos del art. 308. No es una opción del autónomo ni algo reservado a los económicamente dependientes. El apartado 3 deja a salvo a algunos colectivos, entre los que no está un electricista sin más.

El art. 318.d) no aplica a los autónomos la integración de lagunas del Régimen General, la letra b) del art. 209.1. El art. 322 solo la prevé en un caso: los periodos sin obligación de cotizar posteriores a la extinción de la prestación por cese de actividad, y solo los seis meses siguientes de cada uno, con la base mínima de la tabla general del propio RETA.

Para el autónomo común, el art. 316.2 exige que el accidente sea consecuencia directa e inmediata del trabajo por cuenta propia que lo encuadra en el RETA. La fórmula más amplia, «con ocasión o por consecuencia», no es la del autónomo común: el art. 316.2 le pide más. Ni el horario ni el lugar bastan por sí solos.

Para que la exención no hunda la base reguladora, el art. 320.2 asigna a cada mensualidad exenta el promedio de las bases del año natural inmediatamente anterior, incrementado en la variación media del Índice de Precios de Consumo de ese año, con un suelo que fija la propia ley. No se congela la última base ni se acude a la base máxima.