El régimen especial de los autónomos: quién entra, la afiliación y la cotización

Se le reintegra el 50 % del exceso, contando tanto lo que cotiza como autónoma como las aportaciones de la empresa y las suyas por el empleo por cuenta ajena. El reintegro tiene además un tope: no puede pasar del 50 % de las cuotas por contingencias comunes ingresadas en el régimen de autónomos. Lo abona la Tesorería General en los cuatro meses siguientes a la regularización anual, salvo que haga falta algún dato del interesado. Las otras cifras no aparecen en el artículo.

Con el ingreso trimestral, las cuotas de cada trimestre se pagan en el mes siguiente a su cierre: las de enero a marzo en abril, las de abril a junio en julio, las de julio a septiembre en octubre y las del último trimestre en enero del año siguiente. Diciembre sería pagar antes de que el trimestre termine. La modalidad no es automática: la artista la pide por los procedimientos automatizados de la Tesorería General y surte efectos desde el trimestre natural siguiente al de la solicitud.

La Ley de Presupuestos fija cada año dos tablas de bases: la general y la reducida. Quien prevé rendimientos por debajo del umbral del tramo 1 de la general no se queda en su mínimo: debe elegir una base inferior, dentro de la tabla reducida (regla 2.ª). La elige ella, no la Tesorería, y no espera al final del año: la base elegida es provisional y se ajusta después en la regularización.

Sin declaración no hay rendimientos con los que regularizar, y la regla 5.ª no deja la base elegida como estaba: fija como definitiva la base mínima por contingencias comunes del grupo de cotización 7 del Régimen General. Es una referencia distinta, la del Régimen General, no la de las tablas de este régimen. Lo mismo vale para quien declara pero no consigna ingresos en estimación directa.

En estimación directa las cuotas de la Seguridad Social del titular son un gasto deducible en el IRPF; para cotizar se vuelven a sumar, de modo que la cuota no rebaje la base sobre la que se calcula ella misma. Por eso el rendimiento neto se incrementa, no se minora. El rendimiento neto previo, minorado en las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, es el de la estimación objetiva, y los ingresos íntegros sin gastos no son la medida de ninguna de las dos.

Quien ejerce desde una mutualidad alternativa no cotiza al régimen de autónomos y no tiene en él una base propia, así que la ley toma una referencia fija: la base mínima del tramo 1 de la tabla general de ese régimen. No es la de la tabla reducida, que es para quien prevé rendimientos bajos, ni la base de la mutualidad, que es ajena al sistema. Tampoco se calcula sobre la pensión. Esta cotización no computa a efectos de prestaciones.

Con funciones de dirección y gerencia basta la cuarta parte del capital para presumir el control (circunstancia 3.ª). La tercera parte es el umbral de la presunción para quien no las tiene (circunstancia 2.ª): el tentador, porque es la cifra que se recuerda sin su condición. La mitad del capital cae en otra regla del mismo artículo, y la quinta parte no aparece en él.

El art. 306.2 no los saca solo del régimen de autónomos: los deja fuera del sistema de la Seguridad Social, y lo dice «sean o no administradores». La razón es que administrar el patrimonio propio no es una actividad económica o profesional. Por eso no sirve la distinción entre socios y administradores, que es la trampa, ni el criterio del control efectivo, que decide el encuadramiento en las sociedades que sí ejercen una actividad.

En el trabajo por cuenta propia no hay empresario que dé de alta a nadie: el art. 307 pone la obligación en el propio trabajador autónomo, en los términos, plazos y condiciones de la ley y de sus normas de desarrollo. La mutua gestiona prestaciones, no el alta; la declaración censal es un trámite fiscal que no la sustituye, y el colegio profesional no tiene ese papel.

Transcurridos sesenta días de incapacidad temporal desde la baja médica, el pago de las cuotas por todas las contingencias pasa a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, al Servicio Público de Empleo Estatal. Hasta entonces sigue ingresándolas ella, y por eso tienta la primera opción, que es la regla de las primeras semanas. Ni la Tesorería General las condona ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social las asume.

Con la mitad del capital o más, la ley no presume nada: da el control por producido «en todo caso», sin prueba en contrario, y con él la consejera queda en el régimen de autónomos. Las presunciones que admiten prueba en contrario son las de la lista que sigue, pensadas para participaciones menores o para el capital repartido entre familiares que conviven. Ni las funciones de dirección y gerencia ni la convivencia se suman como requisito a quien ya tiene la mitad.

La letra e) lleva al régimen de autónomos al socio trabajador de una sociedad laboral cuando su participación, sumada a la del cónyuge y los parientes hasta el segundo grado con los que convive, alcanza el 50 %. La única salida que prevé es acreditar que ejercer el control efectivo requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares. La convivencia con esos familiares es un dato del supuesto, no una salida que pueda acreditar en contra. Las funciones de dirección y gerencia y la proporción de asalariados no aparecen en esta letra.

La letra l) los declara comprendidos en el régimen de autónomos cuando perciben los ingresos directamente de los compradores: cobran como cualquier vendedor por cuenta propia, sin que el dinero pase por la cooperativa. Fuera de ese caso, los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado siguen la regla general del art. 14. El artículo no pide nada sobre los asalariados de la cooperativa, el ámbito de la venta o el cargo del socio.

Durante el año se cotiza por una base elegida según la previsión de rendimientos; al año siguiente, la cotización se regulariza con los rendimientos anuales ya obtenidos que la Administración tributaria comunica telemáticamente a la Seguridad Social. Por eso no hay una declaración propia ante la Tesorería General. La Inspección de Trabajo entra después, si Hacienda modifica al alza esos rendimientos, no para fijarlos.

El apartado 2 alcanza al jubilado que ejerce por cuenta propia desde una mutualidad alternativa, que no cotiza al régimen de autónomos. Como no está de alta en él, la ley no le pide que ingrese nada: la cuota se le deduce mensualmente de la pensión. Tampoco la ingresa la mutualidad, que es ajena al sistema, ni se liga a la regularización anual de los autónomos. La cotización no computa a efectos de prestaciones.

Tener asalariados es indiferente: el art. 305.1 incluye a quien trabaja por cuenta propia «den o no ocupación» a trabajadores por cuenta ajena, así que el autónomo que trabaja solo está en el régimen igual que el que emplea a otros. Lo que sí se exige es que la actividad sea habitual, personal y directa, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona y a título lucrativo. La habitualidad es la condición que más se olvida, y la que deja fuera una actividad esporádica.

Aunque reúne las notas del trabajo por cuenta propia del art. 305.1, el art. 306.1 lo excluye del régimen de autónomos porque su actividad es marítimo-pesquera, y lo manda al régimen especial de los trabajadores del mar, que tiene sus propios autónomos. Por eso tienta la primera opción: es el régimen que le correspondería por la forma de trabajar, no por el sector. El sistema especial agrario es para la agricultura, la ganadería y la silvicultura, no para la pesca.

La letra j) del art. 305.2 declara comprendido en el régimen de autónomos al personal estatutario que trabaja a tiempo completo en un servicio de salud por las actividades complementarias privadas que determinen su inclusión en el sistema, sin perjuicio de lo que prevé la disposición adicional decimoctava para quien opta por una mutualidad alternativa, que no es el caso. Su alta como estatutaria no cubre la consulta: es otra actividad, por cuenta propia. Tampoco es pluriempleo, que supone dos trabajos por cuenta ajena en el mismo régimen.