La revalorización, los límites y los complementos de las pensiones, los servicios sociales y la asistencia social

Cada hijo da un solo complemento, y entre dos madres va a la que suma menos en pensiones públicas: el complemento existe para compensar la pensión más baja, no para premiar la carrera más larga. No se reparte por mitades. Si las sumas coinciden, el art. 60.7 lo da a la que pidió antes la pensión con derecho a complemento.

La conceden las entidades gestoras, con el límite de los recursos consignados en sus presupuestos y sin comprometer recursos del ejercicio siguiente al de la concesión. La Tesorería General recauda y paga, pero no concede asistencia social.

La letra a) abre el complemento al viudo si alguno de los hijos comunes tiene derecho a pensión de orfandad: el requisito mira a los hijos y a su pensión, no a su edad ni a quién los tiene a cargo. La convivencia es un requisito de otras pensiones por muerte, no de esta vía del complemento.

La jubilación parcial no da derecho al complemento, ni entero ni en proporción. Pero no lo cierra para siempre: cuando desde la parcial se accede a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que corresponda, se reconoce el complemento que proceda.

El art. 56 reúne las tres: las que abona el Régimen General, las de los regímenes especiales y las no contributivas, remitiéndose al art. 42 de la Ley 37/1988, de presupuestos para 1989. El distractor tentador es dejar fuera las no contributivas porque no nacen de cotizaciones: para esta sección también son pensiones públicas, y por eso el mismo capítulo regula luego su actualización.

La asistencia social responde a estados y situaciones de necesidad, así que lo que se acredita es la falta de recursos indispensables para hacerles frente; en caso de urgencia, ni eso. No exige carencia de cotización ni estar en alta: pueden recibirla las personas incluidas en el campo de aplicación y los familiares o asimilados que dependan de ellas.

Para hijos nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, la carrera se considera afectada si hay más de 120 días sin cotizar en esa ventana; además, la suma de sus pensiones tiene que ser inferior a la de la mujer. Para hijos posteriores la prueba es otra, por comparación de bases.

La ley le da a todos los efectos naturaleza de pensión pública contributiva: va unido a una pensión contributiva, se cobra con ella y se revaloriza como ella. No es asistencial aunque persiga un fin de igualdad ni depende de las rentas de quien lo cobra, que es lo que distingue a las no contributivas; y no lo crea una empresa, como las mejoras voluntarias.

La excepción es la de los pensionistas de gran incapacidad que tienen reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende: necesitan a un tercero y su complemento a mínimos no se recorta con esos topes. La incapacidad permanente absoluta, sin ese complemento, queda sujeta a los límites como las demás.

Lo que se compara con el límite son los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, sumados sin la pensión que se va a complementar, sea de la clase que sea. Contarla sería absurdo: es precisamente la pensión que no llega a la mínima.

Al extinguirse una, la referencia pasa a la cuantía máxima del ejercicio en que se reconoció la última pensión que sigue en vigor, sin perjuicio de las revalorizaciones posteriores. El distractor tentador es el año de la extinción, que es cuando se recalcula la suma, pero la ley no mira esa fecha; tampoco la de la pensión que desaparece, que ya no cuenta.

La regla del art. 58.2 es la media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior, y con ella se cumple la garantía de poder adquisitivo del 58.1. No es la tasa de un solo mes ni una previsión: es una media de datos ya conocidos. El porcentaje que sale cada año es un dato que cambia y no está en la ley; lo que se aprende es el índice.

El tope de la pensión inicial es una cuantía íntegra mensual que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado: la LGSS no escribe la cifra, y por eso el importe de un año concreto no se aprende de ella. No lo decide el Gobierno por real decreto ni el ministerio por orden: el art. 57 lo reserva a la ley anual, y la Tesorería General recauda y paga, pero no fija cuantías.

El techo del complemento es la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación y de incapacidad del ejercicio (el art. 59.4 aún las llama «de invalidez»), y con cónyuge a cargo, la que correspondería a dos beneficiarios de pensión no contributiva. Tiene lógica: el complemento a mínimos no puede dar más de lo que da el sistema a quien no ha cotizado. La cuantía máxima del art. 57 limita la pensión, no su complemento.

Se calcula el incremento que tendría la pensión si España pagara el cien por cien y se aplica a ese incremento el tanto por ciento que de verdad le corresponde. Darle el incremento entero haría pagar a España una subida sobre la parte que no es suya; y la regla está en la propia LGSS, no en el convenio de cada caso.

El complemento acompaña a tres pensiones contributivas: jubilación, incapacidad permanente y viudedad. La viudedad está dentro aunque no la haya generado la carrera de la beneficiaria; la orfandad, en cambio, no da derecho. La trampa es dejar fuera la viudedad o la incapacidad permanente y pensar solo en la jubilación.

El complemento queda fuera del tope: quien cobra la pensión máxima puede cobrarlo encima. Si se sumara, se anularía justo en las pensiones topadas. Por la misma lógica, la letra e) dice que no cuenta como renta para el complemento por mínimos.

La ruptura del matrimonio no les quita la asistencia social: conservan el derecho el cónyuge o ex cónyuge y los descendientes que fueran beneficiarios por razón de matrimonio o filiación. Para la separación de hecho, en cambio, el artículo remite las condiciones a un desarrollo reglamentario.

Para hijos nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, la carrera afectada se mide comparando bases: los 24 meses siguientes tienen que quedar más de un 15 % por debajo de los 24 anteriores, y la suma de sus pensiones tiene que ser inferior a la de la mujer. Para el cálculo no cuentan los beneficios en la cotización del art. 237, que inflarían esas bases.

Las no contributivas se actualizan en la ley de presupuestos con un suelo: al menos el incremento general de las contributivas. Ese «al menos» permite subirlas más que las contributivas, nunca menos; por eso «exactamente» no es lo que dice la ley. El IPREM no interviene en esta regla.