La cotización en el Régimen General

Trabajar en dos o más empresas distintas dentro del Régimen General es pluriempleo, y el art. 148.2 aplica igualmente el tope máximo de la base de cotización. No desaparece ni se multiplica por el número de empleos: el límite es el mismo que tendría con uno solo.

Durante la incapacidad temporal se sigue cotizando, pero si el trabajador ha cumplido 62 años la empresa tiene derecho a una reducción del 75 % de sus cuotas empresariales por contingencias comunes mientras dure la baja. La reducción alcanza solo a la aportación de la empresa y solo a las contingencias comunes. Las otras edades no aparecen en el artículo.

El art. 147.2 enumera, como lista cerrada, lo único que no cotiza, y en ella están las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal que conceden las empresas. Todo lo demás que se cobra por el trabajo forma la base, cualquiera que sea su nombre, y también en especie (art. 147.1): la vivienda, el plus por objetivos y la antigüedad cotizan. La retribución en especie tienta porque no es dinero, pero la ley la incluye expresamente.

Durante la huelga y el cierre patronal la obligación de cotizar se suspende: no se paga por esos días, y vuelve a correr al terminar. No se extingue, porque la relación laboral sigue y no hace falta un alta nueva. Tampoco pasa entera al empresario ni se reduce a una base mínima: el artículo no prevé ninguna cotización durante la suspensión.

La cuota del empresario es suya, y ningún pacto puede trasladarla al trabajador, ni en todo ni en parte, ni individual ni colectivamente. Los otros tres son acuerdos lícitos: mejoras voluntarias y planes de pensiones de empleo (arts. 238 y siguientes) y un reciclaje que paga la empresa, sin tocar su cuota.

La base es la remuneración total mensual a la que el trabajador tiene derecho, o la que efectivamente percibe si es superior: se toma la mayor de las dos. No se promedia, y el exceso no va a una cotización separada, sino que forma parte de la propia base. Esta base, además, es la de todas las contingencias, comunes y profesionales.

Las deudas no desaparecen con la sociedad: se transmiten a los socios o partícipes en el capital. Responden de forma solidaria, pero con un límite, el valor de la cuota de liquidación que recibió cada uno; no con todo su patrimonio. El artículo no las traslada a los administradores, y no distingue entre deudas reclamadas o no.

Las horas extraordinarias figuran entre lo que no se computa, con una salvedad: sí entran en la base por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Quedan fuera, por tanto, de la base por contingencias comunes, que es justo al revés de lo que dice la última opción. Además, su remuneración paga una cotización adicional propia (art. 149), que no es la base de la que habla esta pregunta.

El tipo de cotización del Régimen General es único para todo su ámbito de protección, y tanto su cuantía como el reparto entre empresario y trabajador los fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La orden ministerial tienta porque desarrolla cada año la cotización, pero no es la que establece el tipo; y un convenio no puede tocarlo.

Las vacaciones pagadas al terminar el contrato cotizan, y lo hacen en una liquidación complementaria a la del mes de la extinción, que comprende los días que habrían durado, aunque pasen al mes siguiente o empiece entretanto otra relación laboral. No se prorratean, al contrario que las pagas extraordinarias, ni se mezclan con la base de ese mes: el tope máximo se aplica al mes o meses a los que alcanzan esos días. No son una indemnización exenta.

La regla general es que la obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, y el art. 144.1 equipara a ese hecho la mera solicitud de la afiliación o del alta ante el organismo competente: basta pedirla, sin esperar a que la Tesorería General la resuelva. La firma del contrato y su comunicación al servicio público de empleo son trámites laborales que el artículo no menciona y que no generan por sí solos la obligación.

La solicitud en regla de la baja es lo que extingue la obligación de cotizar, pero el mismo apartado pone un límite: no la extingue si el trabajo continúa. Una baja comunicada no sirve para dejar de cotizar por alguien que sigue trabajando. El artículo no hace depender la extinción de una resolución de la Tesorería ni la aplaza al final del mes.

La falta de protección no exime de cotizar: la obligación existe igual, aunque la empresa haya incumplido la ley. Y como no hay entidad con la que se concertara la cobertura, las primas debidas se devengan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Que falte el concierto con una mutua o con el INSS no suspende la cotización, y la responsabilidad que pueda tener la empresa en las prestaciones no la sustituye. El INSS tienta porque puede cubrir esas contingencias, pero es una entidad gestora de prestaciones, no la caja que recibe aquí las primas.

El art. 142.1 extiende la responsabilidad por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, que remite al art. 168, a todas las deudas de cotización generadas antes de la sucesión, sin acotarlas a un periodo ni al estado en que se encuentre su cobro. Los cuatro años son un plazo de otro capítulo de la ley: este artículo no pone ningún tope temporal.

El descuento solo cabe en el momento de pagar la retribución. Pasado ese momento ya no puede hacerse, y la empresa ingresa la totalidad de las cuotas, también la parte del trabajador, a su exclusivo cargo. No lo salva estar aún dentro del plazo de ingreso, ni repartirlo en varias nóminas, ni que el trabajador lo consienta: el artículo no prevé ninguna de esas salidas.

El tope máximo es único: el mismo para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias del Régimen General, y se fija para cada año. Las bases mínimas sí cambian por grupo de cotización, y la tarifa de primas sí distingue actividades, pero solo para el tipo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ninguna de las dos cosas parte el tope máximo, que tampoco separa las contingencias comunes de las profesionales.

Cuando una actividad da derecho a jubilarse antes por un coeficiente reductor y ese coeficiente no trae su propia cotización adicional, la empresa cotiza por esos trabajadores al tipo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos, no al de su actividad. Si el coeficiente sí lleva cotización adicional, la regla no se aplica; tampoco a los trabajadores con discapacidad del Real Decreto 1539/2003.

En el despido, la exención llega hasta la cuantía obligatoria del Estatuto de los Trabajadores, de su desarrollo o de la ejecución de sentencias, y el artículo niega expresamente ese carácter a la que fija un convenio, pacto o contrato: lo que el convenio añade cotiza. El convenio tienta porque sí marca el límite de la exención en las indemnizaciones por fallecimiento, traslados y suspensiones, pero no en el despido.

El mismo párrafo que da la reducción del 75 % por los trabajadores de 62 años o más en incapacidad temporal dice que a estas reducciones no les resulta de aplicación el art. 20.1. Así que la empresa no necesita estar al corriente para aplicarla, al contrario que en las demás reducciones y bonificaciones de cuotas. El artículo no hace ninguna distinción por la fecha de la baja ni por el estado de la deuda.

El art. 144.2 mantiene la obligación de cotizar de quienes cumplen deberes de carácter público o desempeñan cargos de representación sindical, con una condición: que el cargo no lleve a la excedencia. Aquí no lleva, así que la cotización sigue como antes. No se suspende ni se extingue, y el artículo no traslada la obligación al sindicato.