Los sistemas especiales de empleados de hogar y de trabajadores agrarios, y la gestión y la financiación del Régimen General

La inclusión en el sistema especial no es un trámite aparte: se produce como consecuencia del alta en el Régimen General y de forma simultánea a ella. Las jornadas reales mínimas y la solicitud expresa son requisitos de otra cosa, la inclusión durante los periodos de inactividad (art. 253.2), y por eso tientan. Ningún censo de explotaciones interviene.

El umbral es el 76,67 % de los días naturales del mes en que el trabajador figura incluido en el sistema especial: por debajo, hay periodos de inactividad, por los que también se cotiza. El mismo apartado añade una salvedad: no hay inactividad si el trabajador hace para un mismo empresario un mínimo de cinco jornadas reales semanales en cumplimiento de su convenio colectivo.

El art. 253.3 asimila a jornadas reales los días de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales —no la de enfermedad común, que es la tentadora—, los de nacimiento y cuidado de menor y los de riesgo durante el embarazo o la lactancia, siempre procedentes de un periodo de actividad en el sistema especial. Del desempleo cuenta la prestación contributiva, no el subsidio asistencial. También cuentan los días de alta por programas de fomento del empleo agrario.

Durante la inactividad, la protección se reduce a las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, y a la jubilación. La incapacidad temporal no está: sin trabajo no hay salario que sustituir. La ley todavía dice «maternidad» y «paternidad», nombres anteriores de la prestación por nacimiento y cuidado de menor.

El art. 253.2 pide un mínimo de 30 jornadas reales en un periodo continuado de 365 días, y además que el trabajador solicite expresamente la inclusión: sin esa petición, las jornadas no bastan. La misma cifra reaparece en la ley como causa de exclusión de oficio y como requisito de la reincorporación.

En el Régimen General lo habitual es que la empresa adelante el subsidio en pago delegado y lo compense en sus cuotas; el art. 251.b) lo descarta para los empleados de hogar: el pago lo hace directamente la entidad gestora o colaboradora que gestione la prestación. La Tesorería General recauda y paga, pero no gestiona esta prestación.

El art. 252.1 llama labores agrarias a las agrícolas, forestales y pecuarias, y a las complementarias o auxiliares de ellas, hechas en explotaciones agrarias: la tala, el ganado y la reparación de aperos entran. Pero excluye expresamente el manipulado, el empaquetado, el envasado y la comercialización del plátano, aunque el mismo empresario tenga a otros trabajadores en la obtención del producto; esas operaciones tienen su propia mención en el art. 136.2.g).

La ley prohíbe pagar a la entidad concertada con un porcentaje de las cuotas del Régimen General: ligaría su retribución a la recaudación del sistema. Una cantidad fija, un precio por servicio o unas tarifas no están vedados por el art. 258. Los conciertos los aprueban los departamentos ministeriales competentes.

Cuando la Tesorería General excluye de oficio por no alcanzar el mínimo de jornadas reales en el periodo de 365 días, el art. 253.4.b).1.º fija los efectos el día primero del mes siguiente al de la notificación de la resolución. No cuenta el final del periodo de 365 días ni la fecha en que se dicta la resolución: hasta que se notifica, el trabajador sigue incluido y cotizando por la inactividad.

Para los eventuales y los fijos discontinuos contratados el mismo día en que empiezan, el art. 254 permite presentar el alta hasta las doce horas de ese día cuando no haya sido posible antes del inicio de la jornada. Si la jornada terminara antes de las doce, el alta tendría que presentarse antes de que acabe. Esperar al fin de una jornada que termina a las 15 horas no está permitido.

Durante la incapacidad temporal, el riesgo durante el embarazo o la lactancia y el nacimiento y cuidado de menor causados en actividad, el empresario ingresa únicamente las aportaciones a su cargo; las del trabajador las ingresa la entidad que le paga directamente la prestación. La cotización no se interrumpe, y el empresario no adelanta la parte del trabajador como haría con su salario.

El derecho supletorio del Régimen General está dentro de la misma ley: el título I, que contiene las normas generales del sistema, y las disposiciones dictadas para aplicarlo y desarrollarlo. El Código Civil es el supletorio general del ordenamiento, pero el art. 261 no remite a él, ni al Estatuto de los Trabajadores ni a la Ley 39/2015.

Para el mínimo de jornadas reales se computan todas las que el trabajador haya hecho en el periodo, y la ley añade expresamente las prestadas en un mismo día para distintos empresarios. Contar el día una sola vez, o repartirlo, sería quitarle jornadas que la norma le suma.

En la inactividad no hay salario sobre el que cotizar, y la ley toma una base de referencia: la mínima vigente en cada momento por contingencias comunes del grupo 7 de la escala del Régimen General. La cuantía de esa base cambia cada año; la regla de qué grupo se toma, no.

El art. 256.7 aparta, para los periodos cotizados en el sistema especial, la integración de lagunas que el Régimen General prevé en la jubilación (art. 209.1.b) y en la incapacidad permanente por contingencias comunes (art. 197.4). Por eso la base mínima, entera o en parte, es el distractor tentador: es la regla común, que aquí no rige.

Aunque no haya beneficiarios, la muerte por contingencia profesional no sale gratis a quien la cubre: la mutua o la empresa responsable ingresa en la Tesorería General el capital de una renta cierta temporal de veinticinco años, del 30 % del salario del trabajador. Vale igual si la muerte es consecuencia mediata o inmediata del accidente o de la enfermedad profesional.

La solicitud se presenta dentro de los tres meses naturales siguientes al de la última de las jornadas que cumplen el requisito. Cumplido todo, la inclusión y la cotización por la inactividad surten efecto desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud, no desde la última jornada.

Los agrarios por cuenta ajena se rigen por el título II, el del Régimen General, y por sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que estas establezcan. El sistema especial de los agrarios por cuenta propia es otro: está en el título IV, dentro del régimen de autónomos (arts. 323 y siguientes), y es la confusión que hay que evitar. El viejo régimen especial agrario ya no existe como tal.

El Régimen General se financia con el sistema común del art. 110, y el art. 259 solo prevé particularidades para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que desarrolla el art. 260: el capital coste de ciertas pensiones y el reaseguro de las mutuas. El desempleo tiene su propio régimen financiero, en el título III.

El mínimo de jornadas reales es el requisito general de la reincorporación, pero el art. 253.5.a) lo dispensa cuando el trabajador se excluyó voluntariamente por desempeñar otra actividad que le dio de alta en cualquier régimen, o por una situación asimilada al alta, y pide volver dentro del plazo que fija la norma desde la baja. No se le cuentan los días de la fábrica como jornadas reales: simplemente no se le piden, y la ley no exige ninguna duración a ese otro empleo.