El auxilio por defunción y la viudedad

Sin hijos en común, el art. 221.2 pide las dos cosas: la inscripción o el documento público y una convivencia de al menos cinco años, acreditada con el certificado de empadronamiento. Inscribirse no dispensa de convivir. Los dos años son otra regla del mismo apartado: la antelación de la inscripción y, cuando hay hijos en común, la convivencia que se exige en su lugar.

El apartado 2 se aplica precisamente a quien no cumple los requisitos del apartado 1 —aquí, los diez años como máximo entre el divorcio y la muerte—, y sus dos condiciones son la edad de sesenta y cinco años o más y un matrimonio de al menos quince. Desde el Real Decreto-ley 31/2026 no exige además carecer de otra pensión pública: cobrar la jubilación no le cierra la viudedad. La prestación temporal del art. 222 es para el cónyuge o la pareja de hecho a los que les falta la antigüedad del vínculo.

Con el causante en alta o en situación asimilada, la viudedad pide 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores al hecho causante. Los 180 días en cinco años y los 1.800 en diez son carencias de otras prestaciones del Régimen General: misma familia de cifras, otra prestación.

El art. 219.2 pide una de dos cosas: que el matrimonio se celebrara al menos un año antes del fallecimiento o que haya hijos comunes. Son alternativas: exigir las dos endurecería un requisito que la ley da como disyuntivo. Los dos años no son la duración del matrimonio: es otra cifra del mismo apartado, para otra regla.

El apartado 3 deshace la suspensión hacia delante: permite pedir la rehabilitación de la pensión suspendida, acreditando que se mantienen los demás requisitos, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 31/2026 y con el límite de la concurrencia de pensiones públicas. No devuelve lo que no se cobró: la rehabilitación tiene efectos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud. Y no hace falta una pensión nueva, porque la viudedad ya estaba reconocida.

El art. 219.1 suprime todo periodo previo de cotización cuando la muerte la causa un accidente, «sea o no de trabajo», o una enfermedad profesional. El tentador es pensar que solo el accidente laboral libera: en la viudedad también lo hace el no laboral. No existe un periodo reducido a la mitad, ni una dispensa de la cotización ligada a los hijos.

El apartado 2 recoge a quien está en la situación del apartado 1 sin cumplir sus requisitos, y le pide dos cosas: tener sesenta y cinco o más años y un matrimonio de al menos quince (aquí, dieciocho). Los más de cincuenta años son la condición personal alternativa del apartado 1.b), que solo juega si se cumplen los diez años de matrimonio y los diez como máximo entre la ruptura y la muerte.

Sin hijos comunes, la condición personal que queda es la edad: más de cincuenta años en la fecha del fallecimiento del causante. Las dos condiciones de las letras a) y b) son alternativas, así que con hijos comunes la edad no importa.

La excepción mira al momento de la ruptura: víctima de violencia de género al separarse judicialmente o divorciarse. Se acredita con sentencia firme o archivo de la causa por fallecimiento, y en su defecto con orden de protección, informe del Ministerio Fiscal o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. No se exige que la violencia siguiera cuando murió el causante. El art. 221.3 hace lo mismo con la pareja de hecho, referido al momento en que se extinguió.

Bastan noventa días naturales sin noticias, y da igual que el accidente sea o no de trabajo. El precepto no espera a una declaración judicial de fallecimiento. Las otras cifras son plazos de otros capítulos de la ley; ninguno tiene que ver con la desaparición.

El último inciso del art. 219.2 dispensa de la duración mínima del matrimonio cuando, al casarse, se acreditaba una convivencia con el causante que, sumada al matrimonio, supera los dos años: aquí 18 + 7 = 25 meses. La convivencia previa sí cuenta, y la pensión que resulta es la ordinaria, sin prorrateo.

Al cónyuge superviviente —o a quien, sin serlo, convivía con el causante y es beneficiario como pareja de hecho— se le garantiza el 40 %, aunque el tiempo vivido le diera menos; el resto se reparte en proporción al tiempo. El 50 % sería un reparto a medias que la ley no hace, y ni el 25 % ni el 60 % son cifras que fije el precepto.

Al divorciado el art. 220.1 le pide ser acreedor de la compensatoria del art. 97 del Código Civil y que se extinga con la muerte, y además pone un tope: si la viudedad es mayor, se disminuye hasta la cuantía de la compensatoria. La viudedad sustituye la renta que perdió, no la mejora. No hay reducción a la mitad ni media entre las dos.

Las dos cifras son diez, pero miden cosas distintas: el matrimonio tiene que haber durado al menos diez años (un mínimo, y cuenta el vínculo, no la convivencia) y entre la ruptura y la muerte no pueden haber pasado más de diez (un máximo). Se suman a una condición personal de quien sobrevive. Para las separaciones y los divorcios desde 2008 rige el art. 220.1, sin esta dispensa.

La rehabilitación no paga hacia atrás: tiene efectos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud, que hay que presentar dentro de los doce meses improrrogables siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. No se retrotrae a la suspensión ni a esa entrada en vigor. Los tres meses anteriores a la solicitud son los efectos del reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia del art. 230, otra regla.

Con hijos en común, el último párrafo del art. 221.2 sustituye los cinco años de convivencia y la inscripción por dos años de convivencia estable y notoria, inmediata al fallecimiento, y dice cómo se prueba: con el certificado de empadronamiento. Siguen valiendo la definición de la pareja del primer párrafo del 221.2 (análoga relación de afectividad, sin impedimento para casarse ni otro vínculo) y los requisitos del art. 219. La inscripción en un registro o el documento público eran la regla anterior al Real Decreto-ley 31/2026 para las parejas con hijos en común; hoy solo se exigen a las que no los tienen. «Cualquier medio de prueba admitido en Derecho» es la fórmula de la violencia de género (arts. 220.1 y 221.3).

La convivencia cumple los cinco años del art. 221.2, pero la inscripción no tiene los dos años de antelación que exige el mismo apartado, así que no hay pensión vitalicia, ni entera ni prorrateada. Tampoco se queda sin nada: el art. 222 tiende el puente a la pareja de hecho a la que solo le falta esa antelación y le da una prestación temporal, de la misma cuantía que la pensión que le habría correspondido, durante dos años.

El art. 222 tiende un puente a quien se queda a las puertas de la pensión por la antigüedad del vínculo (en el matrimonio, lo del art. 219.2; en la pareja de hecho, la antelación de su formalización): cobra lo mismo que la pensión que le habría correspondido, durante dos años. No hay rebaja de cuantía; lo temporal es la duración.

El plazo es de doce meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, y es improrrogable; la pensión tiene efectos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. El distractor tentador es la imprescriptibilidad del art. 230, que es la regla general de las prestaciones por muerte y supervivencia: esta disposición excepcional pone su propio plazo.

Es una prestación subsidiaria: existe para los hijos que no llegan a la pensión de orfandad. Por eso el art. 216.3 no pide que la madre estuviera en alta —cubre precisamente a quien no causa pensión—, ni una condena firme, ni que el agresor sea el padre: basta que la muerte sea consecuencia de violencia contra la mujer en los términos que la definan la ley o los tratados ratificados por España.