La audiencia pública, la formación de las Salas y las sustituciones

El art. 193.1 multa a los testigos, a los peritos y a cualquier otro que, como parte o representándola, falte al respeto debido en las vistas y actos judiciales, cuando sus actos no son delito: el representante legal de una sociedad que es parte entra ahí. Pero el 193.2 deja fuera a los abogados y procuradores de las partes, a los que corrige el propio tribunal por su régimen específico, el del título V del libro VII (arts. 552 a 557): allí pueden recibir apercibimiento o multa, con su propio cauce, la audiencia en justicia en cinco días (art. 556) y no en los tres del art. 194.

Las prórrogas de jurisdicción se comunican, por conducto de la Sala de Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación (art. 212.2); la Sala de Gobierno es el cauce, no quien aprueba. La jueza puede empezar a desempeñarla antes de esa aprobación si el Presidente lo acuerda motivadamente, y tiene derecho a la retribución que fije el reglamento (art. 212.1).

El art. 202 manda comunicar la designación inmediatamente al magistrado y a las partes «a efectos de su posible abstención o recusación»: el magistrado que entra de fuera puede tener una causa para apartarse, y las partes, para pedirlo. La ley no abre contra la designación un recurso de alzada ni una oposición por idoneidad, ni la liga a la suspensión de la vista.

Tres, como regla general (art. 196): es la composición mínima cuando la ley no pide otra, y con dos no hay Sala. Eso no impide llamar a todos los magistrados que componen la Sala cuando el Presidente o la mayoría de ellos lo estiman necesario para la administración de justicia (art. 197). Las cifras mayores no son la regla general, sino lo que piden leyes y casos concretos.

El art. 208.1 separa dos cosas. Para sustituir al Presidente del Tribunal Superior se llama al Presidente de Sala de la misma sede más antiguo en el cargo, y de ahí la tentación; pero la Sala de Gobierno la convoca y la preside el Presidente de Sala más antiguo en el cargo, aunque sea de distinta sede. El mejor puesto en el escalafón es el criterio para sustituir a los Presidentes de Sala y de Sección (art. 209.1).

El art. 190.3 extiende esas obligaciones al letrado solo en las actuaciones que se celebran únicamente ante él en las dependencias de la Oficina judicial. La ley dice todavía «Secretario», que la disposición adicional 1.ª de la LO 7/2015 manda leer como letrado de la Administración de Justicia. Asistir a una vista para dar fe de ella no le da la policía de la sala: en la vista la tiene quien la preside (art. 190.1).

El art. 194.2 da tres días para la audiencia en justicia ante quien impuso la sanción, que la resuelve al día siguiente. Los cinco días tientan por dos lados: son los de la alzada ante la Sala de Gobierno que cabe después, en este mismo artículo, y los de la audiencia en justicia contra las correcciones a abogados y procuradores (art. 556).

Uno: el art. 200.2 manda respetar la disponibilidad presupuestaria y la prioridad del artículo anterior, «sin que nunca pueda concurrir a formar Sala más de un Magistrado suplente». Completar la Sala con todos los que falten es justo lo que la ley impide: el resto ha de salir de la carrera judicial.

Entre las funciones del art. 205 está presidir la práctica de las pruebas declaradas pertinentes cuando no deban practicarse ante el Tribunal (205.3). Los recursos contra las decisiones de la Sala o Sección el ponente los informa, no los resuelve (205.4); y quién le sustituye en la ponencia no lo elige él: sale del turno fijado al principio del año judicial (art. 203.2).

Seis meses como máximo, contados desde que los designados se incorporan al órgano reforzado (art. 216 bis 4). Si en ese tiempo no se logra ponerlo al día, puede proponerse otra vez la medida por un plazo igual o inferior, con las mismas exigencias que la primera: los doce meses no se otorgan de una vez.

El art. 201.3 excluye «en ningún caso» a quienes ejercen la abogacía o la procura. Los demás no solo pueden ser nombrados: tienen preferencia quienes han desempeñado funciones judiciales, de letrado de la Administración de Justicia o de sustitución en la Carrera Fiscal, o han ejercido profesiones jurídicas o docentes. Y la incompatibilidad por docencia o investigación jurídica no se les aplica nunca (art. 201.4.b).

El orden del art. 199.1 va de lo más cercano a lo más excepcional: los magistrados del mismo órgano que figuran en la relación de suplentes profesionales, los jueces ajenos al órgano de esa relación, los jueces de adscripción territorial, los de menor carga de trabajo del territorio y los del mismo órgano por turno. Solo cuando nada de eso permite formar Sala con un miembro de la carrera judicial, y si hay disponibilidad presupuestaria, se llama a un magistrado suplente no profesional. El juez sustituto no completa Salas: es la figura de los órganos unipersonales (art. 213).

El art. 210.1.e) permite «en todo caso y sin sujeción al orden» prorrogar la jurisdicción de un juez o magistrado a distinta Sección o Tribunal de Instancia. Lo demás tiene su sitio en la cola: el sustituto natural va en la letra b), y en la c) van, por este orden, los jueces de adscripción territorial, los que están en expectativa de destino y los que están en prácticas; el sustituto no profesional cierra la lista (letra f).

El art. 216 bis.5 exige la aprobación previa del Ministerio, que «únicamente» puede oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, dentro del protocolo que firma cada año con el Consejo. La idoneidad del juez la valora la Sala de Gobierno al proponer (art. 216 bis 3), y la planta es otra cosa: si el retraso es estructural, el Consejo hace propuestas al Ministerio o a la comunidad autónoma (art. 216 bis.6), no al revés.

El art. 211.6.ª los hace sustituir por los destinados en la Sección de Instrucción o en la Sección Única, según el orden que fije la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia; la misma regla vale para quienes tienen competencia en violencia contra la infancia y la adolescencia. Lo Penal tienta porque la materia es penal, pero la sustitución la ley la encarga a la instrucción.

El art. 216.3 veda las comisiones para los cargos de Presidente y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, y para el Presidente de Audiencia Provincial: son cargos de gobierno. Para los demás destinos caben, por tiempo determinado, con especial necesidad y con la conformidad del interesado, y las otorga el Consejo General del Poder Judicial oídas las Salas de Gobierno (art. 216.1 y 2).

Quien perturba la vista con señales ostensibles de aprobación o desaprobación es amonestado en el acto por quien preside y expulsado si no obedece a la primera advertencia (art. 191). La expulsión no es inmediata: primero va la advertencia. La multa llega después, para quien se resiste a cumplir la orden de expulsión (art. 192), y la detención solo cuando los hechos llegan a constituir delito (art. 195).