Ley Orgánica del Poder Judicial 

Volver a empezar no tiene por qué ser empezar de cero. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la organización, el personal y la ofimática: la Constitución, la igualdad y la violencia de género, el Gobierno, la organización territorial y la Unión Europea, el Poder Judicial y su Consejo General, cada tribunal con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025, los jueces de paz y las Oficinas de Justicia en los municipios, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, con Windows, Word, Outlook e Internet. De las leyes procesales, el recurso contencioso-administrativo y sus procedimientos, el Tribunal del Jurado, las disposiciones generales, las normas comunes, los expedientes de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación de la jurisdicción voluntaria, los medios adecuados de solución de controversias y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el poder de disposición de las partes, los días hábiles y los plazos, la inmediación, la publicidad y la fe pública judicial, los actos de comunicación, el auxilio judicial, las resoluciones, la nulidad de las actuaciones, la tasación de costas, la clase de juicio, la presentación de escritos y sus copias, la prueba, los juicios ordinario y verbal, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares, las disposiciones generales de los procesos especiales, los procesos de apoyos y de filiación, los procesos matrimoniales, la sustracción internacional de menores, la división de la herencia, el monitorio y el cambiario, y de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la jurisdicción y la competencia, las partes, los actos procesales, la evitación del proceso, la demanda, el juicio, la prueba y la sentencia, el despido, las sanciones y las demás extinciones del contrato, las prestaciones de la Seguridad Social y los recursos de reposición, de revisión y de suplicación, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones, los actos de comunicación, los términos, los recursos, el sumario, la detención, la prisión provisional, las fianzas y los embargos, el sobreseimiento, la calificación, el juicio oral, el procedimiento abreviado, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ejecución de las sentencias y la justicia restaurativa. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Carta de Derechos, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley y con Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

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La Ley de Enjuiciamiento Civil de punta a punta, libro a libro. El título preliminar y el libro I, las disposiciones generales: las normas procesales y su aplicación, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación, la pluralidad de partes y la sucesión procesal, lo que las partes pueden disponer sobre el proceso y la enervación del desahucio por el arrendatario, la representación por procurador y la defensa por abogado, la jurisdicción y la competencia de los tribunales civiles, la declinatoria y el reparto, la acumulación de acciones y de procesos, la abstención y la recusación, las actuaciones judiciales —el lugar y el tiempo, los días y las horas hábiles, los plazos y su cómputo, la inmediación, la publicidad y la lengua, la fe pública y la documentación, los actos de comunicación, el auxilio judicial, la sustanciación, la vista y la decisión, las resoluciones procesales, los requisitos internos de la sentencia y la cosa juzgada, la nulidad y la reconstrucción de los autos—, la caducidad de la instancia, la tasación de costas y la buena fe procesal. El libro II, los procesos declarativos: qué juicio corresponde a cada asunto por la materia y por la cuantía, las diligencias preliminares, la presentación de documentos, dictámenes e informes y el traslado de sus copias, la prueba y cada medio de prueba —el interrogatorio de las partes, los documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial, el interrogatorio de testigos y las presunciones—, el acceso a las fuentes de prueba en los procesos por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia, las cuestiones incidentales, la condena en costas, el juicio ordinario, de la demanda y la contestación a la audiencia previa, el juicio y la sentencia, el juicio verbal, los recursos —la reposición, la revisión de los decretos del letrado de la Administración de Justicia, la apelación, la casación y la queja—, la rebeldía y la rescisión de las sentencias firmes, y la revisión de las sentencias firmes. El libro III, la ejecución forzosa y las medidas cautelares: las sentencias y los demás títulos ejecutivos, la ejecución provisional, las partes y el tribunal de la ejecución, el despacho de la ejecución, lo que puede alegar el ejecutado para oponerse y cómo se impugnan los actos de ejecución, la suspensión y el término de la ejecución, la ejecución dineraria —el requerimiento de pago, la averiguación patrimonial y el embargo de bienes, las tercerías de dominio y de mejor derecho, los bienes inembargables, la garantía y la administración de lo embargado, el procedimiento de apremio, la subasta y las demás formas de realización, y la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados—, la ejecución no dineraria —entregar cosas, hacer y no hacer, la liquidación de daños y la rendición de cuentas— y las medidas cautelares —cuáles caben, cómo se piden y se adoptan, la caución sustitutoria, su modificación y su alzamiento—. Y el libro IV, los procesos especiales: las disposiciones comunes a todos ellos, los procesos sobre la provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad y el internamiento no voluntario, los de filiación, paternidad y maternidad, los procesos matrimoniales y de menores, la restitución de menores en los casos de sustracción internacional, la impugnación de las resoluciones administrativas de protección de menores, la división judicial de la herencia y la intervención y la administración del caudal hereditario, la liquidación del régimen económico matrimonial, el proceso monitorio y el juicio cambiario, con las disposiciones finales que facilitan la aplicación en España de los reglamentos europeos —el título ejecutivo europeo, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones civiles, mercantiles y sucesorias de otros Estados miembros, el certificado sucesorio europeo, el proceso monitorio europeo, el de escasa cuantía y la orden europea de retención de cuentas—. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Donde la ley todavía dice Juzgado de Primera Instancia, las respuestas dan también el nombre de hoy: las Secciones civiles de los Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025. Donde las disposiciones finales citan todavía el Reglamento (CE) 2201/2003, en materia matrimonial y de responsabilidad parental, las respuestas advierten que lo sustituyó el Reglamento (UE) 2019/1111. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Tramitación procesal y administrativa: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

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Dos reglamentos del personal al servicio de la Administración de Justicia, cada uno en sus bloques. El de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, de punta a punta: la oferta de empleo público, los requisitos y los órganos de selección, los procesos selectivos, el nombramiento y los interinos, la promoción interna, el concurso, la libre designación y las demás formas de provisión, y la rehabilitación. Y el de régimen disciplinario: las faltas, quiénes responden, las sanciones, la extinción de la responsabilidad y el procedimiento disciplinario. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como la de Tramitación procesal y administrativa: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

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Dos normas, cada una con sus bloques. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales —a quién se aplica y qué actividades públicas deja fuera, la política de prevención y quién la lleva a cabo, el derecho a la protección y los principios de la acción preventiva, el plan de prevención y la evaluación de los riesgos, el riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, la documentación, la protección de la maternidad y de los menores, las obligaciones de los trabajadores, los servicios de prevención, los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud, y las responsabilidades, con la paralización de los trabajos y el cierre del centro—, y el Real Decreto 67/2010, que la adapta a la Administración General del Estado: el plan de prevención, la representación, los servicios de prevención y los instrumentos de control. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta.

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De los derechos humanos a la topografía, pasando por el Código Penal y la historia del Cuerpo: cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la prueba de conocimientos. Lo que lleva: los derechos humanos, los tratados que los protegen y la Corte Penal Internacional, la igualdad de mujeres y hombres, la prevención de riesgos laborales, la Constitución, el Defensor del Pueblo y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; los Tratados de la Unión Europea y las instituciones internacionales, de las Naciones Unidas a Europol; el Código Civil en su título preliminar y su libro primero, de las personas; el Código Penal en la infracción penal, las personas responsables, las clases de penas, las medidas de seguridad, la responsabilidad civil y la extinción de la responsabilidad criminal, y en el homicidio, las lesiones, los delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad sexual, la trata de seres humanos y los delitos contra la Administración pública, la Constitución y la Comunidad Internacional; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la denuncia y la querella a la detención y la entrada y registro, el habeas corpus, los tribunales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y el Estatuto de la víctima; el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, la protección de datos, la extranjería y la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, la seguridad ciudadana y la seguridad privada; los Ministerios del Interior y de Defensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Guardia Civil por dentro —su personal, sus derechos y deberes, su código de conducta, su estructura y su historia—; la protección civil, el patrimonio natural y la eficiencia energética, las telecomunicaciones y el secreto de las comunicaciones, los servicios electrónicos de confianza, la Administración digital del Estado, la interoperabilidad y la ciberseguridad; la topografía; los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, la responsabilidad penal de los menores, la violencia de género, las armas y los explosivos, y el contrabando y las aduanas. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las que no tienen norma, como la topografía, las instituciones internacionales o la historia del Cuerpo, con su explicación y la fuente de la que sale. La Constitución entera y el título preliminar y el libro primero del Código Civil van con los bloques de sus propias colecciones, y por eso aquí pesan más que en la prueba, que reparte sus cien preguntas entre todos los temas: más de una de cada cinco preguntas de esta colección sale de esos dos textos, también en el simulacro. Comparte bloques con las colecciones de sus leyes, como la de la Constitución o la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

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Cuatro normas, cada una con sus bloques, y de tres de ellas, solo una parte. De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, el título I —su objeto, las telecomunicaciones como servicios de interés general, sus objetivos y los servicios para la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil— y el capítulo III del título III: los derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y su interceptación por los servicios técnicos, los datos personales, su conservación y cesión, el cifrado y la seguridad de las redes. Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, su objeto, los órganos —la Comisión de Estrategia TIC, la Agencia Estatal de Administración Digital, las Comisiones Ministeriales, el Comité de Dirección y las Unidades TIC— y el modelo de gobernanza: la estrategia, los medios y servicios digitales comunes y transversales y los proyectos de interés prioritario. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III —los efectos de los documentos electrónicos, la vigencia, la revocación y la suspensión de los certificados, cómo se comprueba la identidad de su titular, y las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores— y lo que dice del DNI y sus certificados. Y del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, los principios, las dimensiones de la interoperabilidad, la reutilización, la firma, la conservación y la digitalización de documentos, la conformidad y qué normas técnicas lo desarrollan. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Si la estudias para un tema de administración digital o de sistemas de información, no te lo completa: te faltarán el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad y las partes de estas normas que no lleva.

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