La defensa del Estado en juicio y las correcciones a quienes intervienen en los pleitos

El art. 552 permite la corrección «siempre que el hecho no constituya delito»: si lo es, el cauce es el penal, no el de este título. La potestad del tribunal no depende de lo que haga el colegio, que tiene su propia potestad disciplinaria, ni de que el proceso siga vivo; y la ley no la reduce a lo que pasa en audiencia pública, porque también se corrige la falta de respeto por escrito (553.1.º).

El art. 551.2 pone a la Junta Electoral Central junto a las Cortes Generales, el Congreso, el Senado y sus órganos dependientes: a todos los representan y defienden los Letrados de las Cortes Generales, integrados en sus secretarías generales. Es tentador pensar en los Abogados del Estado por tratarse de un órgano del Estado, pero la ley la separa del régimen del 551.1. Tampoco prevé que la Junta busque fuera su defensa: ya le da sus letrados.

El art. 553.4.º corrige la renuncia injustificada a la defensa o a la representación «dentro de los siete días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas»: es el margen en que dejar al cliente sin abogado o sin procurador ya le impide buscar otro a tiempo. Cinco días es el plazo de los recursos contra la corrección (556), no el de la renuncia.

El art. 554.1 solo prevé dos correcciones: el apercibimiento y la multa. La suspensión y la inhabilitación para ejercer no están en la lista: son sanciones de la disciplina de los colegios, no correcciones que imponga el tribunal.

El art. 551.3 encomienda la defensa de las comunidades autónomas y de los entes locales a los letrados de sus servicios jurídicos, «salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda»: la elección es del propio ente y la ley no la somete a la autorización de nadie. Los Abogados del Estado pueden defender a los entes locales en los términos de la Ley 52/1997, pero es una posibilidad más, no la única salida cuando no actúan sus letrados.