La extensión y los límites de la jurisdicción española

Con pluralidad de demandados, al art. 22 ter.3 le basta que al menos uno tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias con un nexo que aconseje acumularlas. No cuenta la mayoría, la competencia alcanza a todos y no a uno solo, y no hace falta que los de fuera se sometan.

El art. 21.2 empieza con «No obstante»: aunque la pretensión se suscite en España, los tribunales civiles no conocen de las formuladas respecto de sujetos o bienes que gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Que el acto se realizara en España no la levanta, y la inmunidad cubre también la jurisdicción, no solo la ejecución. Tampoco hay una remisión de oficio a los tribunales del otro Estado. Quién goza de inmunidad, y en qué procesos no la tiene, lo dice hoy la Ley Orgánica 16/2015, junto con el Derecho Internacional.

El primero de los requisitos del art. 23.2, con el autor español, es que el hecho sea punible donde se ejecutó, salvo que un tratado o un acto de una organización internacional lo dispense; las letras b) y c) añaden otros dos. La nacionalidad de la víctima y la residencia del autor no se exigen; los tres años de prisión son de la letra j) del 23.4, para las organizaciones criminales.

El art. 22 octies.2 toma las normas y las circunstancias del momento de presentación de la demanda, y el proceso sigue hasta el final aunque cambien después, salvo que se disponga lo contrario. La admisión, la contestación o el juicio son posteriores y no mueven la competencia ya fijada, que se aprecia de oficio o a instancia de parte.

El art. 22 ter.4 no manda archivar ni inadmitir: los tribunales suspenden el procedimiento y solo pueden conocer si los tribunales extranjeros designados declinan su competencia. El domicilio del demandado en España no prevalece sobre el pacto, porque ese fuero es justo el que el acuerdo puede excluir, salvo en las materias en que no cabe sumisión (art. 22 ter.5).

En las obligaciones extracontractuales, el fuero del art. 22 quinquies b) es el lugar del hecho dañoso, y aquí es España. El domicilio y la nacionalidad del perjudicado no fundan la competencia en esta materia, y el seguro solo tiene fuero propio en las demandas de seguros (letra e).

El art. 22 nonies no crea un cauce propio: remite a las normas generales de las leyes procesales. Los conflictos de jurisdicción de la LOPJ enfrentan a los tribunales con la Administración o con la jurisdicción militar, no con los tribunales de otros Estados, y no hay consulta a Asuntos Exteriores.

En los contratos de consumidores, el art. 22 quinquies d) deja litigar en España al consumidor que tiene aquí su residencia habitual, aunque el demandado no tenga su domicilio en España. La sede de la empresa en Canadá no lo impide, y no se pide ni sucursal ni pago desde una cuenta española; la sucursal es un fuero distinto, el de la letra c).

La letra c) del art. 22 reserva a los tribunales españoles, con carácter exclusivo y preferente, la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. Las obligaciones contractuales, los contratos de consumidores y los derechos reales sobre muebles dan competencia a los tribunales españoles por los fueros del art. 22 quinquies, que no son exclusivos; lo exclusivo en derechos reales es solo lo de los inmuebles situados en España.

El art. 25.1.º da varios fueros alternativos en el contrato de trabajo, y uno es que trabajador y empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato. Basta con él: no importa que se trabaje o se firme fuera, ni se pide que el trabajador vuelva a España.

El art. 24 mira al autor de lo impugnado: la jurisdicción española es competente en todo caso si la pretensión se refiere a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas. La nacionalidad o la residencia del recurrente, el lugar de ejecución y una oficina en España no son el criterio.

El art. 22 sexies da dos títulos: ser competentes para el asunto principal, o que las medidas se refieran a personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. El domicilio del solicitante, la petición por exhorto o que se pidan antes de la demanda no son el criterio.

Los acuerdos de los órganos de una sociedad domiciliada en España están en la letra b) del art. 22, entre las materias en que los tribunales españoles son competentes con carácter exclusivo, en todo caso y con preferencia de cualquier otro. Por eso no cabe elegir tribunal ni pesa el domicilio de los socios, y un pacto de sumisión que excluya esa competencia no surte efecto (art. 22 bis.1).

El art. 25.3.º mira a la entidad demandada: son competentes frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España. La nacionalidad o la residencia del beneficiario y el lugar de las cotizaciones no fundan aquí la competencia.

El art. 23.6 los hace perseguibles solo previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal: no basta una denuncia de cualquiera. No hace falta autorización del Gobierno ni que lo pida el Estado del lugar.

El art. 22 bis.2 equipara al escrito la transmisión por medios electrónicos que proporcione un registro duradero. El pacto verbal vale solo con confirmación escrita, de modo que dos testigos no bastan; y la ley no prevé ratificarlo ante el letrado ni un acta que firme una sola de las partes.

El art. 23.2 c) cierra la puerta si el delincuente fue absuelto, indultado o penado y cumplió la condena; si solo la cumplió en parte, puede juzgarse en España y lo cumplido se le tiene en cuenta para rebajarle proporcionalmente la pena. No depende de que lo pida el otro Estado.

El art. 22 quáter c) pide al demandante español residencia habitual en España al menos seis meses antes de interponer la demanda. Un año es lo que se exige a cualquier demandante, sea cual sea su nacionalidad; al español le basta la mitad.

El art. 23.1 da a la jurisdicción española los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles igual que los cometidos en territorio español, sea cual sea la nacionalidad del autor y dondequiera que se le detenga. Que el robo no esté en las listas del art. 23.4 no importa: esas listas son para lo cometido fuera, y esto se tiene por cometido dentro. Tampoco depende de que otro Estado reclame o no al autor.