Las situaciones, las licencias y los permisos de jueces y magistrados

El art. 358.3 lo deja dos años en servicios especiales a todos los efectos, sin ejercer funciones jurisdiccionales, sin merma de derechos ni de retribución y pudiendo concursar. Solo después puede volver a su plaza de origen, a la que obtenga por concurso o a una vacante de su provincia o comunidad. No vuelve a la jurisdicción en servicio activo nada más reingresar, que es lo que la ley quiere evitar.

El art. 365.2 hace perder el destino a toda suspensión definitiva superior a seis meses, y la vacante se cubre en forma ordinaria. Con ocho meses lo pierde. El umbral es de seis meses, no de un año, y no hay reserva: al terminar la suspensión tendrá que pedir el reingreso con un mes de antelación (art. 366).

El art. 375.2 distingue: las licencias para estudios en general dan solo las retribuciones básicas y por razón de familia, y las de estudios relacionados con la función jurisdiccional se conceden sin limitación de haberes. Pasados veinte días al año, ninguna de las dos da retribución, salvo las actividades formativas obligatorias por cambio de orden o especialidad. Las básicas y por razón de familia son la regla de los estudios en general, no de estos.

El art. 371.1 da veintidós días hábiles —sin contar los sábados— y suma un día al cumplir quince años de servicio, y otro más al cumplir veinte, veinticinco y treinta, hasta veintiséis. Con dieciocho años solo ha alcanzado el primer escalón: veintitrés. Los veinticuatro llegan a los veinte años, y los veintiséis son el tope, a los treinta.

El art. 368 fija el orden: primero los suspensos, después los rehabilitados y por último los excedentes voluntarios. Tienta poner delante al rehabilitado, que recupera una condición perdida, pero la ley da preferencia a quien solo estuvo suspenso; el excedente voluntario, que salió por su voluntad, va el último.

El art. 373.3 resuelve la memoria insuficiente con una compensación: la licencia se compensa con el tiempo que se determine de las vacaciones del interesado. No hay descuento en nómina, ni expediente disciplinario, ni veto a nuevas licencias. La licencia se pidió con el informe favorable del Presidente del Tribunal, que mira las necesidades del servicio.

El art. 363 le reconoce las retribuciones básicas. Las pierde todas solo si el procedimiento disciplinario se paraliza por causa imputable a él, mientras dure la paralización, y no se le acredita haber alguno si no comparece o está en rebeldía. Si al final la suspensión no se declara definitiva ni se le separa, recupera todos los derechos económicos desde que la suspensión produjo efectos (art. 364).

El último párrafo del art. 356 obliga a abstenerse —y permite recusar— en cualesquiera asuntos en que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público. No se limita al partido por el que concurrió ni a un plazo, ni se ciñe a la materia electoral o a la Administración en la que sirvió.

El art. 358.2 escalona la reserva: durante los dos primeros años, la de la plaza en la que ejercía sus funciones; después, la de un puesto en la misma provincia y de igual categoría. No se extingue con los dos años ni se abre a cualquier provincia. Y al acercarse el máximo tiene que pedir el reingreso en el mes anterior, o se le declara de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.

El art. 353 manda declarar los servicios especiales de oficio por el Consejo General del Poder Judicial, o a instancia del interesado, una vez se verifica el supuesto que la determina, pero con efectos desde el momento en que se produjo el nombramiento: la declaración reconoce una situación que ya existe. No se espera a la toma de posesión en el nuevo cargo, ni cuenta la fecha de la solicitud, que ni siquiera es necesaria porque el Consejo puede actuar de oficio.

El art. 360 le cierra durante cinco años todo puesto de la carrera que no se provea por estricta antigüedad. La ley no lo ata a su orden jurisdiccional, a los órganos unipersonales ni a su antigua circunscripción: el límite es la forma de provisión del puesto.

El art. 348 enumera cinco situaciones para los jueces y magistrados: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria, suspensión de funciones y excedencia por razón de violencia sobre la mujer. No hay excedencia forzosa: al juez cuya plaza se suprime o se reconvierte a otro orden jurisdiccional no se le saca del servicio activo, sino que queda adscrito a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (art. 349.2). La de violencia sobre la mujer, que tienta por sonar a modalidad de otra, figura en la lista como situación propia, letra e).

El art. 356.c) pide haber prestado servicios en la carrera judicial durante los cinco años inmediatamente anteriores y no permite permanecer en la excedencia por interés particular menos de dos años. Los diez años no son requisito de acceso: es la duración de esa excedencia a partir de la cual el reingreso exige declaración de aptitud (art. 359).

El art. 356.c), además de subordinar esta excedencia a las necesidades de la Administración de Justicia, la cierra mientras se instruye un expediente disciplinario: no puede declararse. La ley no prevé declararla con efectos en suspenso, ni distingue según la gravedad de la falta, ni fija un plazo de espera tras la sanción: el impedimento dura lo que dura la instrucción.

El art. 373.4 permite hasta seis permisos de tres días en el año natural, sin pasar de uno al mes; los tres días se disfrutan juntos o separados, pero dentro del mismo mes. Los dos límites se aplican a la vez: uno al mes daría doce en el año, pero el tope anual es de seis. Se piden justificando la necesidad a los superiores, que pueden denegarlos si coinciden con señalamientos, vistas o deliberaciones, salvo causa imprevista o urgente.

El art. 373.5 da tres días hábiles por el fallecimiento de un familiar de primer grado, cinco si hay que desplazarse a otra localidad, y los reduce a dos y cuatro, respectivamente, cuando el familiar es de segundo grado. Con desplazamiento y en segundo grado, cuatro. Dos serían si no tuviera que desplazarse, y tres, por un familiar de primer grado sin desplazamiento.

El art. 359.1 condiciona ese reingreso a la previa declaración de aptitud del Consejo General del Poder Judicial, que recaba los informes y practica las actuaciones necesarias para comprobarla. No hay que repetir la Escuela Judicial ni una prueba de conocimientos. Y con la aptitud declarada tiene que concursar a todas las plazas de su categoría hasta obtener destino (art. 359.2).

El art. 357 hace perder la condición de magistrado del Tribunal Supremo a quien obtiene la excedencia voluntaria, pero exceptúa las de las letras d) y e) del art. 356 —cuidado de hijos y de familiares— y la de violencia sobre la mujer del art. 360 bis. Quedar en excedencia dentro de la categoría de Magistrado es lo que pasa en los demás casos, no en este.

El art. 355 obliga a pedir el reingreso en el plazo máximo de diez días desde el siguiente al cese y a incorporarse en los veinte siguientes; si no lo hace, se le declara en excedencia voluntaria con efectos desde el día en que cesó en el cargo, no desde la resolución que la declara. No es una suspensión de funciones, que solo nace de un procedimiento judicial o disciplinario, ni una adscripción de oficio.