La responsabilidad disciplinaria de los letrados de la Administración de Justicia

El art. 468 quáter.2 reserva el cese en el puesto de trabajo a los letrados de la Administración de Justicia suplentes, por faltas graves o muy graves. A un letrado de carrera no se le cesa como sanción: según la falta, se le suspende, se le traslada forzosamente o se le separa del servicio. En los funcionarios de los cuerpos del libro VI, la misma sanción es la de los interinos.

El art. 468.3 solo permite a la comunidad autónoma poner esas conductas en conocimiento de los superiores jerárquicos del letrado; quien incoa y tramita el expediente le dará cuenta después de lo que decida. La comunidad no incoa ni sanciona: incoar corresponde al Ministerio de Justicia, al Secretario de Gobierno y a los Secretarios Coordinadores Provinciales (art. 469.1). Es la diferencia con los funcionarios de los cuerpos del libro VI, a los que la comunidad con competencias sí expedienta y sanciona en su territorio (art. 539). El Consejo General del Poder Judicial no tiene potestad disciplinaria sobre los letrados.

El art. 468.2 remite al procedimiento que establezca el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia dictado en desarrollo de la LOPJ. La remisión al Reglamento General de Régimen Disciplinario de los funcionarios es la tentación: así lo decía el artículo hasta la reforma de 2015, pero hoy los letrados tienen su propio reglamento. El procedimiento que la LOPJ regula ante el Consejo General del Poder Judicial es el de jueces y magistrados, y el Consejo no tiene potestad disciplinaria sobre los letrados ni les aprueba procedimiento alguno: el Cuerpo depende del Ministerio de Justicia.

El art. 469.1 separa la incoación de la tramitación: pueden incoar el expediente el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales, pero su tramitación corresponde siempre al Ministerio de Justicia, del que depende el Cuerpo. Que el Secretario de Gobierno pueda incoarlo no le da la tramitación, y el Consejo General del Poder Judicial no interviene en la disciplina de los letrados.

La arbitrariedad en el uso de autoridad es falta muy grave cuando causa perjuicio grave a los subordinados o al servicio (art. 468 bis.1.s); si no llega a eso, es falta grave (art. 468 bis.2.c). La reincidencia sube de escalón por otra vía (dos faltas graves firmes y sin cancelar convierten la siguiente en muy grave), pero no es lo que define esta; y ni la denuncia del personal ni la persona sobre la que se ejerce figuran en el precepto.

El art. 469 bis.3 interrumpe la prescripción en el momento de la notificación del acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, no cuando se dicta. Para los funcionarios de los cuerpos del libro VI la regla es otra: se interrumpe cuando se inicia el procedimiento (art. 540.3). El pliego de cargos y el nombramiento del instructor no tienen ese efecto en la LOPJ.

La revelación o utilización por el letrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, cuando cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona, es falta muy grave (art. 468 bis.1.e). Las otras tres son faltas graves: la indebida utilización de las claves de acceso (468 bis.2.j), las acciones para eludir los sistemas de control de horarios (468 bis.2.k) y causar daño grave en los documentos o el material de trabajo (468 bis.2.i). Que una lleve la palabra «grave» no la sube de escalón.

El art. 468 quáter.2 reserva la multa a las faltas graves. Las faltas leves se sancionan con apercibimiento, que solo cabe para ellas, y las muy graves, con suspensión, traslado forzoso o separación del servicio (y con el cese, si el letrado es suplente). Los funcionarios de los cuerpos del libro VI, en cambio, no tienen la multa entre sus sanciones (art. 538).

El art. 469 bis.4 cuenta la prescripción de la sanción desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que la impone. Ni la notificación ni el día en que se dicta bastan mientras la resolución pueda recurrirse. La fecha de comisión es el inicio del plazo de prescripción de la falta (art. 469 bis.2), no de la sanción.

El art. 468 ter exige proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la sanción y manda considerar especialmente cuatro criterios: la intencionalidad, el perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos, el grado de participación en la falta y la reiteración o reincidencia. La categoría del letrado, la carga de trabajo de su oficina o la repercusión pública del hecho pueden parecer razonables, pero no están en la lista.

El art. 468.5 manda suspender la tramitación del procedimiento disciplinario y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No se archiva: queda en suspenso, y la LOPJ permite resolverlo después, cuando haya sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal (art. 468.6). Tampoco sigue adelante como si nada, y el destinatario del aviso es el Ministerio Fiscal, que es quien promueve la acción penal, no el Ministro de Justicia.

La falta grave del art. 468 bis.2.l exige que el letrado conociera o debiera conocer el incumplimiento grave, por ese personal, de los deberes que le corresponden. Basta con que debiera conocerlo, así que no hace falta que le constara; y el incumplimiento ha de ser grave, no uno leve. La ley no pide una orden del Secretario Coordinador ni un número de incumplimientos en un periodo.

Entre las sanciones de los letrados, el art. 468 quáter.1.b fija la multa de hasta 3.000 euros, y el apartado 2 la reserva a las faltas graves. No hay que confundirla con las multas que la LOPJ prevé para jueces y magistrados, que tienen otros límites y otro régimen.

Para los letrados, el art. 469 bis.1 fija dos años para las faltas muy graves, uno para las graves y seis meses para las leves. Al año, a los seis meses y a los dos meses es la escala de las faltas de los funcionarios de los cuerpos del libro VI (art. 540.1), y la que termina en cuatro meses es la de las sanciones de esos funcionarios (art. 540.4). En los letrados, en cambio, las sanciones prescriben en los mismos plazos que las faltas (art. 469 bis.4).