El nombramiento de jueces y magistrados y la provisión de destinos

El art. 347 bis.2 da la designación al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que depende el juez de adscripción territorial. La Sala de Gobierno no designa: recibe la cuenta posterior del Presidente e informa al Consejo y al Ministerio de Justicia de la situación y los destinos de estos jueces. En las comunidades pluriprovinciales, el Presidente puede llamarlos a órganos de otra provincia (347 bis.3).

El art. 340 da a los Presidentes de las Audiencias Provinciales y a los de Sala de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores que cesan tras agotar el primer periodo una preferencia de dos años. Los tres años son los del art. 339, reservados al Presidente de la Audiencia Nacional y a los de los Tribunales Superiores de Justicia. Mientras tanto, queda adscrita a su elección a la Audiencia en que cesa o a la de su último destino.

El art. 329.9, que introdujo la Ley Orgánica 1/2025 con la planta de Tribunales de Instancia, impide pedir en concurso o por cualquier otra forma de provisión una plaza de la misma Sección en la que ya se está destinado. Nada le impide en cambio pedir la de otra Sección de su Tribunal, la misma Sección en otro Tribunal o una plaza de la Audiencia Provincial.

Desde la Ley Orgánica 3/2024, el art. 343 exige en cualquier caso haber prestado servicio efectivo en un órgano colegiado del orden jurisdiccional de la plaza, o en uno que conozca de materias propias de ese orden. Las pruebas de especialización no son un requisito general: abren uno de los turnos del art. 344, el de dos de cada cuatro plazas de la carrera. Presidir una Sala o haber sido letrado del Gabinete Técnico no se exige.

El art. 331.1 la ata al Tribunal Superior al que accedió: no puede optar ni ser nombrada para otro destino, con una sola salida, la promoción al Tribunal Supremo por el turno de abogados y otros juristas de reconocida competencia del art. 343. No le abre otro Tribunal Superior por concurso, ni una plaza del mismo turno en la Audiencia Nacional, ni, con los años, cualquier plaza de magistrado. Para todo lo demás es miembro de la Carrera Judicial (331.2).

El art. 322.1 equipara la falta de posesión sin justa causa —y la negativa a jurar o prometer— a una renuncia doble: al cargo y a la Carrera Judicial. No hay vuelta al destino anterior ni paso a una situación administrativa como la excedencia o la suspensión. Solo si hubo un justo impedimento cabe pedir al Consejo General la rehabilitación (323).

El art. 326.3 lo permite con dos condiciones a la vez: que la vacante esté bien atendida por magistrados suplentes o jueces sustitutos y que las necesidades de la Justicia aconsejen dar preferencia a otras de más dificultad o carga. Una plaza que queda desierta por falta de solicitantes no se congela, sino que se cubre con quienes asciendan o sean promovidos (334); y la ley no da esa llave ni al Ministerio ni a la Sala de Gobierno.

El art. 319.1 da veinte días naturales desde el siguiente a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Los ocho días son solo para quien se queda en la misma población en la que ya servía, y quien tiene que jurar o prometer el cargo toma posesión dentro de los tres días siguientes al juramento. El Consejo General del Poder Judicial puede prorrogar estos plazos si media justa causa (319.2).

El art. 336.1 pide diez años de servicios en la categoría de magistrado y al menos quince en la Carrera Judicial, además de la solicitud; el nombramiento es por cinco años, renovable una sola vez. Diez en la categoría y veinte en la Carrera es lo que el art. 343 exige para el Tribunal Supremo, y quince años en la categoría, lo que pide la Presidencia de la Audiencia Nacional (335.2).

El art. 317.3 obliga a quien cesa por nombramiento para otro cargo a elaborar un alarde: la relación de los asuntos que quedan pendientes, con su fecha de inicio y el estado en que se hallan. Es una lista asunto por asunto, no una memoria de actividad, un inventario de efectos ni un informe sobre el personal, y su copia va al Presidente del Tribunal o de la Audiencia, no a la Sala de Gobierno ni al Consejo. El nuevo titular la examina al tomar posesión y la suscribe si está conforme (317.4).

El art. 324 reserva la excelencia al Presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo y a los Presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. En la Audiencia Nacional y en los Tribunales Superiores solo la tiene el Presidente: un Presidente de Sala o un magistrado de esos tribunales recibe, como los Presidentes de las Audiencias Provinciales y los demás magistrados, el de señoría ilustrísima. Los jueces tienen el de señoría.

El art. 329.8 asigna a quien tiene la formación especializada de la Escuela Judicial el puesto del escalafón que le correspondería con tres años más de antigüedad, y solo para ese concurso. La misma ventaja rige para las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y para las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales (330.5, letras f y g).

El art. 333.2 cierra esas Presidencias a quien está sancionado por falta grave o muy grave mientras la anotación siga en su expediente. Basta la falta grave, no hace falta que sea muy grave, y la cancelación de la anotación levanta el impedimento.

El art. 316 distingue por categorías: a los jueces los nombra el propio Consejo General del Poder Judicial, mediante Orden. El Real Decreto a propuesta del Consejo es la forma reservada a los magistrados y a los presidentes, y en ella el Ministro de Justicia presenta el nombramiento y lo refrenda, pero no nombra a nadie por Orden propia. La Sala de Gobierno no interviene en el nombramiento.

El art. 325 ata el tratamiento en los actos de oficio al empleo efectivo en la Carrera Judicial: ni un tratamiento superior ganado en otra carrera ni el que se tenga por otros títulos permiten recibir más, se obtuvieran antes o después del ingreso. La Sala de Gobierno no fija tratamientos; los da la ley según el cargo y la categoría (324).

El art. 321.2 encarga la posesión de los jueces a quien está ejerciendo la jurisdicción en el órgano al que llegan, en audiencia pública y con asistencia de su personal. El letrado de la Administración de Justicia forma parte de ese personal, no preside el acto, y la ley no acude ni a la antigüedad en el partido judicial ni a un vocal del Consejo. Los magistrados de los tribunales y audiencias, en cambio, toman posesión ante la Sala de Gobierno (art. 320.1), y quien tenga que jurar o prometer lo hace antes ante la Sala de Gobierno (321.1).

El art. 346 fija un orden: la plaza de más va primero al grupo b) del art. 344 —magistrados que reúnen las condiciones generales de acceso al Supremo del art. 343—, después al grupo a) —los que accedieron a la categoría por pruebas de selección o son especialistas— y en último lugar al de juristas de prestigio. No se atiende a cuántas plazas tenga cubiertas cada grupo.