La abstención y la recusación de jueces y magistrados

La causa 14.ª extiende a la autoridad o al funcionario «que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho» por el que se sigue el proceso las circunstancias de las causas 1.ª a 9.ª, 12.ª, 13.ª y 15.ª (entre ellas el parentesco, la amistad y la enemistad). No alcanza a cualquier funcionario del órgano, ni al titular del departamento o al Gobierno por el solo hecho de serlo: alcanza a quien intervino en el acto o en el hecho.

Si la abstención no se estima justificada, el art. 221.3 manda que se ordene al juez continuar con el asunto, «sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusación»: rechazada la abstención, la vía de la parte sigue abierta. El asunto no pasa al sustituto, porque eso solo ocurre si la abstención se estima, y el auto que se pronuncia sobre la abstención no admite recurso (221.4). Recibida la orden, la jueza dicta providencia que pone fin a la suspensión del proceso.

La causa 5.ª del art. 219 no mira la gravedad de la falta ni cuándo se impuso la sanción, ni si está cancelada: mira de dónde salió el expediente. Es causa si se incoó «por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes» del pleito, porque eso puede hacer dudar de la imparcialidad del juez hacia ella. Los dos últimos años son el plazo de la Ley 40/2015 para los servicios profesionales prestados a un interesado, no de esta causa.

La causa 2.ª del art. 219 recoge el parentesco con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes, por consanguinidad o por afinidad, pero solo «dentro del segundo grado». Un tercer grado queda fuera. El cuarto grado es el de la causa 1.ª, que se refiere a las partes y al fiscal, no a sus profesionales. Y la afinidad cuenta igual que la consanguinidad, aunque con el mismo límite de grado.

La causa 1.ª del art. 219 llega hasta el cuarto grado, por consanguinidad o por afinidad, con las partes o con el fiscal que interviene. Con el letrado o el procurador de una parte el límite es más corto, el segundo grado (causa 2.ª), y también el segundo con el juez cuya resolución se revisa en un recurso (causa 15.ª). El parentesco con peritos o testigos no figura en la lista de causas. No hay que confundirlo con la Ley 40/2015, que en el procedimiento administrativo distingue entre el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.

Haber juzgado antes otro pleito entre las mismas partes no está en la lista cerrada del art. 219. Lo que sí está, en la causa 11.ª, es haber resuelto el mismo pleito o causa en anterior instancia, que no es lo mismo. Las otras tres son causas seguidas de la lista: ser o haber sido denunciante o acusador de una parte (7.ª), tener pleito pendiente con ella (8.ª) y la amistad íntima o la enemistad manifiesta (9.ª).

El art. 228.1 manda que el auto desestimatorio devuelva al recusado el conocimiento del asunto y condene en costas al recusante, «salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento». La regla es la condena y la excepción es no condenar, no al revés; tampoco depende de la temeridad ni de que lo pida el juez recusado. La mala fe declarada expresamente añade otra cosa distinta: una multa.

El art. 221.1 distingue: el magistrado de un órgano colegiado comunica la abstención a la Sala o Sección de la que forma parte, y el juez, «al órgano judicial al que corresponda la competencia funcional para conocer de los recursos contra las sentencias que el juez dicte». Las Secciones de un Tribunal de Instancia no son órganos colegiados que juzguen en Sala, y por eso la LO 1/2025 también lleva al órgano de recursos la instrucción y la decisión de la recusación de sus jueces (arts. 224.1.5.º y 227.8.º). Ni la Sala de Gobierno ni la Presidencia del Tribunal de Instancia deciden la abstención, y el letrado de la Administración de Justicia no interviene en la del juez. La comunicación va por escrito razonado, en cuanto se advierte la causa.

El art. 225.3 dice que, si el recusado acepta como cierta la causa, «se resolverá el incidente sin más trámites». La prueba en diez días y el informe del Ministerio Fiscal en tres días son el camino del caso contrario, cuando el recusado no admite la causa y el instructor admite a trámite la recusación. Si nadie discute la causa, no hay nada que probar.

El art. 223.2 pide un escrito que exprese la causa legal y los motivos, con un principio de prueba, firmado por el abogado, el procurador y el recusante, y añade que «en todo caso, el procurador deberá acompañar poder especial para la recusación de que se trate». No basta el poder general para pleitos, porque recusar a un juez es un acto grave que la parte tiene que querer expresamente. Lo que se exige sobre la causa es un principio de prueba, no una certificación que la acredite.

El art. 228.2 dice que el auto que estima la recusación «apartará definitivamente al recusado del conocimiento del pleito o causa», y que seguirá con él, hasta su terminación, aquel a quien corresponda sustituirle. El apartamiento no es provisional: el recusado no recupera el asunto aunque la causa desaparezca después. Ni el instructor del incidente ni el órgano que lo decidió se quedan con el pleito, porque su papel se agota en la recusación.

La causa 11.ª del art. 219 es «haber participado en la instrucción de la causa penal», sin distinguir qué resoluciones dictó el juez en ella: quien instruyó no juzga. Y como concurre una causa, el art. 217 le obliga a apartarse sin esperar a que le recusen, así que no puede seguir a la espera de lo que hagan las partes. Hoy la instrucción la llevan las Secciones de Instrucción de los Tribunales de Instancia (LO 1/2025).