La responsabilidad penal y disciplinaria de jueces y magistrados

El art. 425.9 hace ejecutiva la resolución sancionadora en cuanto agota la vía administrativa, aunque se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo; solo la para que el tribunal acuerde suspenderla. No hay que esperar a la sentencia firme, y la regla no distingue entre sanciones.

La absoluta y manifiesta falta de motivación es falta muy grave (art. 417.15) siempre que la haya apreciado una resolución judicial firme; y, si la resolución inmotivada no es recurrible, la ley exige como requisito para proceder la denuncia de quien fue parte en el procedimiento. No pide reiteración ni queja del Fiscal, y la declaración de la Sala de Gobierno es la que se exige para la abstención injustificada, que es falta grave (art. 418.15).

El art. 425.6 dice que la duración del procedimiento sancionador no excederá de un año. Seis meses es otro plazo del mismo capítulo: el máximo de la suspensión provisional que puede acordar la Comisión Disciplinaria durante el expediente (art. 424.1).

El art. 418.6 pone una condición de procedibilidad: el Consejo solo procede previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conoce de la resolución en vía de recurso. Así es un órgano jurisdiccional, y no la parte molesta ni un órgano de gobierno, quien aprecia primero que las expresiones exceden del razonamiento jurídico.

El art. 409 manda a cualquier órgano o autoridad del Estado o de una comunidad autónoma —también al propio Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno— poner el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que decide si ejercita la acción penal. Comunicarlo directamente al tribunal competente es lo que hacen los tribunales que tienen noticia del hecho por las causas de que conocen (arts. 407 y 408), no una autoridad administrativa.

El art. 415.3 solo admite la doble sanción si falta la identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido; es la garantía de no castigar dos veces lo mismo. La gravedad de la falta o de la pena no cuenta, y la sanción disciplinaria no puede adelantarse a la causa penal: el art. 415.2 impide dictar resolución en el expediente hasta que haya sentencia o auto de sobreseimiento firmes.

El art. 419.3 califica de leve el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legales para dictar resolución. Las otras tres conductas son faltas graves del art. 418: el retraso injustificado en la iniciación o tramitación, si no es muy grave (418.11), el incumplimiento reiterado del horario de audiencia pública (418.10) y el ejercicio de una actividad compatibilizable sin la autorización prevista (418.14). La desatención y el retraso reiterados en resolver suben hasta falta muy grave (art. 417.9).

El art. 425 bis.4 no admite recurso alguno contra los acuerdos sobre abstención y recusación del instructor delegado y del secretario, pero no deja al juez sin defensa: puede alegar la recusación en el escrito de interposición del recurso contra el acuerdo que ponga fin al procedimiento disciplinario. Por eso ni la alzada ni la reposición contra el rechazo son el cauce.

El art. 406 abre el juicio de responsabilidad penal contra jueces y magistrados por cuatro vías: la providencia del tribunal competente, la querella del Ministerio Fiscal, la del perjudicado u ofendido y el ejercicio de la acción popular. Quien no es perjudicado puede, por tanto, querellarse como acusador popular, sin que la ley le pida la adhesión del Fiscal. Lo tentador es pensar que la condición de juez cierra la puerta a la acción popular: la LOPJ la nombra expresamente.

El art. 424.1 reserva la suspensión provisional, cautelar y de seis meses como máximo, a los casos en que aparecen indicios racionales de una falta muy grave; la falta grave no basta. No hace falta esperar al pliego de cargos: la Comisión puede acordarla por propia iniciativa o a propuesta del instructor, oídos el juez y el Ministerio Fiscal. Contra el acuerdo cabe alzada ante el Pleno (art. 424.2).

El art. 416.2 fija la escala de los jueces y magistrados: dos años para las muy graves, uno para las graves y seis meses para las leves, contados desde que se cometió la falta. Dos meses es el plazo de las faltas leves de los funcionarios de los cuerpos de Justicia, no el de la carrera judicial, y el año es el de las graves.

El art. 407 obliga al Tribunal Supremo a comunicarlo al tribunal competente, a los efectos de incoar la causa, y la audiencia previa que exige es la del Ministerio Fiscal, no la del magistrado afectado. Lo mismo hacen los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias. Trasladarlo al Fiscal para que decida si ejercita la acción penal es lo que hacen el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y las demás autoridades no judiciales (art. 409), no los tribunales.

El art. 427.2 exige para cancelar las anotaciones distintas de la advertencia que lo pida el interesado y se oiga al Ministerio Fiscal, pasados al menos uno, dos o cuatro años desde la imposición firme según la falta sea leve, grave o muy grave, sin nueva sanción entretanto. La cancelación automática, por el solo paso del tiempo, es solo para la advertencia, a los seis meses (art. 427.1). La anotación de la separación no se cancela.

El art. 420.2 permite castigar las faltas leves con advertencia, con multa de hasta 500 euros o con las dos a la vez. Los 6.000 euros son el techo de la multa, que se reserva a las faltas graves (de 501 a 6.000 euros); las muy graves se sancionan con suspensión, traslado forzoso o separación.

El art. 420.1.c) define el traslado forzoso como el destino a un juzgado o tribunal con sede separada, al menos, cien kilómetros de aquella en que el juez estaba destinado. Además, la resolución que lo impone fija entre uno y tres años durante los que no puede concursar.

El art. 421.2 evita el ir y venir del expediente: el órgano al que estaba atribuido puede imponer una sanción de menor gravedad que las que tiene ordinariamente atribuidas si los hechos merecen un reproche inferior. No hace falta remitirlo a otro órgano ni archivarlo. Lo que sí se eleva es el caso contrario: si procede una sanción de mayor gravedad que las de su competencia, el procedimiento sube, con su propuesta, al órgano competente (art. 425.4).

El art. 415.2 ata los hechos y deja libre la calificación: los hechos probados de la resolución que pone término al procedimiento penal vinculan al expediente disciplinario, «sin perjuicio de distinta calificación jurídica» en una y otra vía. Por eso no se traslada la calificación penal, y la ley no distingue entre resoluciones condenatorias y absolutorias: vincula la declaración de hechos de la que pone fin al procedimiento.