Las Salas de Gobierno, los presidentes de los tribunales y la inspección

La votación empieza por el juez o magistrado más moderno y sigue por orden de menor antigüedad hasta el que preside, que vota el último (art. 157.1). El orden que empieza por el ponente es el de la votación de las resoluciones judiciales en un tribunal colegiado (art. 254), no el de la Sala de Gobierno. La votación será secreta si lo pide cualquiera de los miembros.

El libro de actas, a cargo del Secretario de Gobierno, no tiene más publicidad que la que se haga a instancia de quien tenga un interés directo, legítimo y personal (art. 159.1). La publicidad suficiente es la excepción y no alcanza a cualquier acuerdo: se da solo a los acuerdos sobre normas de reparto entre Secciones y entre los jueces de una misma Sección (art. 159.2). Ningún diario oficial los publica por regla.

La regla es reunirse al menos dos veces por mes, y además cuantas veces haya asuntos urgentes, lo considere necesario el Presidente o lo pida la tercera parte de los miembros (art. 153.1). Una vez al mes se queda corta. El trimestre aparece en el mismo artículo, pero es otra cosa: el plazo con el que la Comisión de la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior informa al Pleno de lo que ha resuelto (art. 153.2).

La interpretación y la aplicación de las leyes que hacen los jueces cuando administran justicia no pueden aprobarse, censurarse ni corregirse con ocasión o a consecuencia de una inspección (art. 176.2): es la independencia judicial. Lo demás es justo lo que la inspección examina: el funcionamiento del órgano y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo sobre todo a una pronta y eficaz tramitación (art. 176.1).

El expediente de inspección se completa con los informes que pueden presentar los colegios de abogados, de procuradores y, en la jurisdicción social, de graduados sociales, en lo que les afecte; para eso se les notifica con antelación cuándo se hará la inspección (art. 175.3). La ley no abre esa vía a las asociaciones judiciales, a los sindicatos ni al Ministerio Fiscal.

La inspección ordinaria del Tribunal Supremo la dirige su Presidente, que vigila el funcionamiento de sus Salas y Secciones (art. 172.1); los Presidentes de los Tribunales Superiores tienen las mismas funciones en su territorio (art. 172.2). El Servicio de Inspección actúa cuando el Consejo o su Presidente se lo ordenan (art. 171.3), y la Sala de Gobierno puede proponer al Presidente visitas de inspección (art. 152.1.7.º), pero no dirige la inspección.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia representa al Poder Judicial en su comunidad autónoma, siempre que no concurra el del Tribunal Supremo (art. 161.1). Un Presidente de Sala solo la ostenta en un caso: el de la Sala con jurisdicción limitada a una o varias provincias (art. 78), en esas provincias y salvo que concurra el del Tribunal Superior (art. 161.2). El Fiscal no representa al Poder Judicial.

El voto particular se presenta dentro del plazo que fije la Sala, que no será superior a tres días, y se inserta en el acta si la Sala lo estima procedente por su naturaleza o por las circunstancias (art. 157.2). La Sala puede fijar uno o dos días, pero el techo que pone la ley son tres; seis días lo supera. Quien no quiera redactarlo puede limitarse a pedir que conste su voto en el acta.

Para las actuaciones no decisorias de carácter formal —recibir un juramento o una promesa, una toma de posesión y otras análogas— basta el Presidente y dos miembros (art. 153.3). Con el Presidente y un miembro no hay Sala. Para todo lo demás la exigencia sube: hace falta la mayoría de sus miembros, citados personalmente con veinticuatro horas de antelación como mínimo (art. 153.4).

Los presidentes de Sala y los jueces y magistrados dan cuenta de las anomalías o faltas que observen a los presidentes de sus respectivos Tribunales y Audiencias (art. 165.1): aquí, a quien presida la Audiencia Provincial. La ley no les hace saltar ese escalón para ir directamente al Consejo General, a su Servicio de Inspección o a la Sala de Gobierno.

La inspección se encomienda a un juez o magistrado de igual o superior categoría a la del titular del órgano inspeccionado (art. 173). Basta la misma categoría: no se exige una superior, ni un destino concreto en el Tribunal Superior, y la ley no mide la antigüedad en la carrera, sino la categoría.

Los actos de las Salas de Gobierno gozan de ejecutoriedad y son recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, con la ley de procedimiento administrativo como norma supletoria (art. 158.2). La alzada no va a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que no es superior jerárquico de las demás Salas de Gobierno, ni cabe reposición ante la misma Sala.