Los jueces en provisión temporal, la formación continua y el Centro de Estudios Jurídicos

La provisión temporal es el último recurso: la Sala de Gobierno pondera primero si el órgano vacante puede servirse adecuadamente por sustitución, prórroga de jurisdicción o comisión de servicio, y solo si esos medios son insuficientes para asegurar su regular funcionamiento eleva la relación con un informe razonado. Por eso no basta con que la plaza lleve tiempo vacante si puede servirse por sustitución, y la ley no hace depender el paso ni de la petición de la Presidencia del órgano ni de un certificado del Ministerio.

La provisión temporal es un remedio para una vacante, no una forma de ocuparla: el art. 428.2 manda incluir en las oposiciones «todas las plazas vacantes», también las que sirve un juez temporal, y además anunciarlas en los concursos de traslado al menos una vez al año. Excluirlas mientras dure el nombramiento es lo contrario de lo que dice la ley, y ni la prórroga del nombramiento ni la petición de la Sala de Gobierno condicionan nada.

El art. 434.1 reúne los dos rasgos: tiene personalidad jurídica propia y depende del Ministerio de Justicia. El órgano técnico del Consejo es la Escuela Judicial, que forma a jueces; y aunque el Centro forma a fiscales, no depende de la Fiscalía General del Estado.

El art. 431.1 fija el tope en los setenta y dos años, y a esa misma edad el juez temporal cesa (art. 433.1.c). Los setenta tientan por dos razones: es la edad de jubilación forzosa de los jueces de carrera, que pueden prolongar hasta los setenta y dos (art. 386.1), y es la edad a la que ya no puede ser propuesto un magistrado suplente (art. 201.2). Por eso al juez temporal no se le exigen los requisitos de ingreso «derivados de la jubilación por edad».

El Consejo valora el informe y los antecedentes que tenga o recabe y decide si procede o no el régimen extraordinario, y comunica su decisión a la Sala de Gobierno (art. 430). No nombra ni convoca: si lo autoriza, es la Sala de Gobierno la que anuncia el concurso de las vacantes de la comunidad autónoma (art. 431.1), y al Consejo solo se le da cuenta de los nombramientos. El Ministerio de Justicia no interviene en esta decisión.

El art. 434.2 obliga al Centro a impartir anualmente cursos sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación transversal, y sobre la detección precoz y el tratamiento de la violencia de género, a quienes integran la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; también cada año, cursos sobre la tutela judicial de los derechos de la infancia y la adolescencia. Los jueces no están en esa lista: su formación es de la Escuela Judicial (art. 433 bis). Los cinco años son otra cosa: el periodo en que se programa el plan individual de formación de cada juez (art. 433 bis.3).